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Pensionados de hoy valen más del doble del presupuesto del 2013

Demandantes de las pensiones millonarias y defensores mostraron argumentos en la Corte.

La esperada audiencia de la Corte Constitucional sobre las pensiones millonarias que reciben excongresistas y exmagistrados, que se realizó este jueves en el Palacio de Justicia, sirvió para poner en evidencia la magnitud de la llamada 'bomba' pensional: en las próximas décadas, según el Ministerio de Hacienda, el país tendrá que destinar 467,2 billones de pesos -dos veces y media el presupuesto de la Nación para el 2013- para atender el pago de todas las mesadas a cargo del Estado.
Es una situación grave porque, en promedio, los aportes realizados por las personas afiliadas al régimen de prima media -los que están en el ISS y las cajas oficiales- no cubren ni siquiera el 40 por ciento de lo que costarán sus jubilaciones.
La Corte retomará el próximo miércoles el debate para definir si acaba o no con algunas de las gabelas pensionales que reciben los altos exfuncionarios del Estado, que llegan a los 20 millones de pesos mensuales y que, tan solo en lo que se refiere al Fondo Pensional del Congreso, le aportan a la 'bomba' pensional 3,8 billones, la mayoría de los cuales se destinará al pago de menos de 800 personas.
Ese tribunal debe decidir si declara la vigencia de un acto legislativo del 2005 que les puso a las megapensiones un techo de 25 salarios mínimos (unos 15 millones de pesos de hoy) y que, sin embargo, ha sido desconocido en decenas de decisiones judiciales posteriores.
En la audiencia, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, señaló que los regímenes especiales van en contravía de los principios de equidad social y destacó que de 22 millones de trabajadores que hay en el país, con las actuales condiciones solo se alcanzaría a jubilar el 6 por ciento de ellos, menos de 1,5 millones de personas.
Hoy hay 1,8 millones de jubilados, y de ellos, 8 de cada diez reciben menos de dos salarios mínimos como mesada.
Pardo ratificó el compromiso del actual gobierno en presentar una reforma pensional con soluciones de fondo para los tres grandes problemas del sistema: cobertura, equidad y sostenibilidad. (Lea: Contraloría pide no poner en entredicho a la Corte Constitucional).
La vocería de los que consideran que la Corte no debe tocar las pensiones millonarias -posición que han defendido los magistrados del Consejo de Estado y la Judicatura- corrió por cuenta del procurador Alejandro Ordóñez, quien reiteró su posición de que los regímenes especiales están justificados.
En los diferentes informes enviados por Gobierno, Contraloría y otras autoridades a la Corte sobre la situación pensional, hay datos reveladores. Por ejemplo, para garantizar el pago de una pensión de un salario mínimo (casi 600.000 pesos de hoy) se requieren reservas de entre 150 y 180 millones de pesos. (Lea: Gobierno y altas cortes chocan por pensiones millonarias).
En promedio, la vida de una pensión en Colombia es de 25 años: el pensionado (usualmente son hombres) recibe la mesada por 10 o 15 años. Al morir, el beneficio pasa a su pareja, en promedio cinco años más joven. Los 25 años se completan con la mayor expectativa de vida que tienen las mujeres.
Pero garantizar el pago de una de las megapensiones vale entre 3.000 y 4.000 millones. La situación es más grave porque muchos de los beneficiarios de estas últimas, como pasó en el escándalo del 'carrusel' en la Judicatura, apenas cotizaron por meses sobre los altísimos salarios con los que terminaron jubilados.
Y las pensiones millonarias, como se conceden a edades menores, llegan a durar 40 años o más.
Los efectos de los fallos del Consejo de Estado
En los diferentes informes enviados a la Corte Constitucional se reseñan los efectos millonarios sobre las pensiones, especialmente las de excongresistas, que han tenido diferentes sentencias del Consejo de Estado.
Como lo reveló EL TIEMPO esta semana, los cálculos del Gobierno indican que por diferentes fallos judiciales el costo de las pensiones a cargo de la Nación ha aumentado entre 11 y 20 billones de pesos. Esto, solo en referencia a funcionarios de la Rama Judicial y organismos como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
En la actual discusión, dignatarios del Consejo de Estado han señalado que si sus colegas de la Constitucional deciden afectar las pensiones ya concedidas, el país podría incluso exponerse a demandas internacionales.
Un documento del Ministerio de Hacienda llama la atención sobre una tendencia que se empezó a marcar en el Consejo de Estado en el 2006, por ponencia del hoy procurador Alejandro Ordóñez.
Cambio de línea
Al decidir una demanda sobre una pensión, el Consejo decidió no atenerse a lo ordenado por la Corte Constitucional en 1999, cuando condicionó la exequibilidad del régimen especial de los congresistas. En esa sentencia, la Corte avaló las pensiones con el 75 por ciento del salario del último año, pero establecía claramente que si el excongresista no había estado el año entero en el cargo, su mesada debía promediarse con sus otros ingresos del periodo. Así mismo, ordenaba liquidar las pensiones sobre el salario real del último año laborado.
"Por el contrario -dice el informe del Gobierno-, el honorable Consejo de Estado ha considerado que el ingreso base de liquidación pensional de un congresista debe ser el del salario de un congresista en actividad al momento del reconocimiento pensional. Por ello, si un excongresista termina su periodo en el 2005 pero adquiere la edad para pensión en el 2012, entonces el salario base de liquidación, según el Consejo de Estado, debe ser el de un congresista activo".
En la práctica, esa línea jurisprudencial constituye un beneficio más para los excongresistas, cuyo régimen, por vía de tutelas, se ha extendido a exmagistrados, exprocuradores y exfiscales.
Esto, porque a los exparlamentarios les liquidan la mesada con los salarios actuales de los congresistas, mientras que el resto de colombianos se queda con el 60 o 70 por ciento del promedio de los últimos diez años cotizados, a pesar de que su jubilación se conceda años después.
Cuatro tensas horas en la Corte
Una carga de aplausos al procurador Alejandro Ordóñez fue el único episodio que rompió la formalidad en la que transcurrió la audiencia de este jueves.
Ordóñez fue uno de los 13 funcionarios a los que la Corte convocó para debatir la situación de las pensiones en Colombia y el impacto de los regímenes especiales.
Durante cuatro horas y media se escucharon voces a favor y en contra, y se ahondaron más las posiciones encontradas. De hecho, los aplausos a Ordóñez aparecieron en el momento en que concluía su intervención con un llamado bien concreto: "El régimen de prima media no puede acabarse, es una forma de proteger a los indefensos (...). Si a eso se llega, impulsados por ciertos grupos económicos, estaremos transitando caminos muy riesgosos".
Lo que estudia la Corte es uno de los capítulos más polémicos del régimen de prima media: el que lleva a que altos exfuncionarios terminen con pensiones de 20 millones o más que se pagan con la plata de todos los colombianos, pues los aportes realizados están muy por debajo.
Uno de los autores de la demanda, el abogado Germán Calderón, cuestionó que mientras el país rebusca recursos para atender a las víctimas del conflicto, algunos reciban pensiones millonarias.
La contralora Sandra Morelli le pidió a la Corte no solo establecer topes para estas pensiones, sino definir claramente cuál es ingreso base de su liquidación. Esto, para evitar que viáticos y pasajes terminen engordando las mesadas.
REDACCIÓN JUSTICIA
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