La nación tiene $ 63 billones en deudas que no le pagan

La nación tiene $ 63 billones en deudas que no le pagan

El sistema judicial encabeza la lista de entidades que menos logran recaudo. 

Billetes

La formalización de pequeños negocios es posible si se ofrecen alternativas justas.

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Archivo / EL TIEMPO

06 de febrero 2018 , 10:31 p.m.

De los 63 billones de pesos que personas naturales y empresas le deben al Estado, la tercera parte –20,9 billones, el equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto– corresponde a la cartera pendiente reportada por el Consejo Superior de la Judicatura.

La Rama Judicial aparece encabezando el listado de 10 sectores públicas con más acreencias en el país, que concentran el 75,6 por ciento del valor total de deudores morosos, según el informe semestral que entregó esta semana la Contaduría General de la Nación.

De acuerdo con el boletín, que incluye datos hasta noviembre del 2017, a la Judicatura le siguen en orden por valor de deudas por cobrar la Dian, la Unidad de Reparación de Víctimas, el Ministerio de Justicia y el Banco Agrario. En número de deudores morosos, el Banco Agrario es la primera entidad, con 137.610 personas.

En el boletín se incluyen todas las personas naturales o jurídicas que deben más de cinco salarios mínimos (3,6 millones de pesos para el 2017) y que además tienen morosidad mayor a seis meses.

En esa situación se encuentran cerca de un millón de deudores: más de 777.000 personas naturales y 142.000 personas jurídicas.

A mediados del año pasado, la Judicatura señaló que el incremento de las deudas que le aparecían por cobrar se debía a la inclusión de cuentas que heredó desde el 15 de febrero del 2017 correspondientes a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. Esa era una tarea que le tocaba al Ministerio de Justicia y que le pasó a la Judicatura en aplicación del decreto 0272 del 2015. Las cifras demuestran, en todo caso, la poca capacidad de recaudo que tiene la Judicatura de las multas y sanciones que se imponen en el marco de procesos judiciales.

De hecho, el último informe de gestión que le presentó esa entidad al Congreso, correspondiente a la vigencia del 2016, dice que de los 180.329 millones de pesos que ingresaron al fondo para la modernización y descongestión de la justicia –que es a donde va a parar la plata de las multas–, solo 5.108 millones de pesos se recaudaron por concepto de sanciones.

El año pasado, la Contraloría General rajó al Ministerio de Justicia por las deudas que reportaba en sus registros contables. En el informe, el órgano de control señaló que pese a que esas deudas ya eran de la Judicatura seguían apareciendo en manos de la cartera de Justicia; pero aún más grave, que ninguna de las dos entidades estaba realmente actuando para lograr el recaudo de las millonarias cifras.

La Contraloría precisó que de las deudas totales ya habían prescrito 6 billones de pesos, 4,4 de los cuales correspondían a dinero que se libraron de pagar ‘narcos’ o personas condenadas por infracciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes.

El órgano de control llamó la atención sobre la necesidad de depurar los expedientes que ya prescribieron y abrir procesos de cobro coactivo a tiempo para evitar que más delincuentes pasen por encima de las decisiones de los jueces y que hacen parte de las condenas.

En el informe que fue entregado al Congreso, la Judicatura reconoce que se tiene que adecuar un plan de recibo de los expedientes judiciales por parte de la oficina de cobro de ese tribunal y que no terminen engavetados hasta que ya haya pasado la fecha de posible recaudo.

En el mismo documento se dice que el 40 por ciento de la deuda corresponde a intereses que se han ido sumando por años.

Bogotá y Medellín aparecen como las ciudades con más deudas para la justicia, cada una con alrededor de 4,5 billones de pesos de cartera.

Sin plata para reparaciones

En el tercer lugar de la lista con mayores deudas pendientes por cobrar se encuentra la Unidad para las Víctimas, con una cartera de 5,1 billones de pesos, que deben 4.265 personas. Tanto en el Consejo Superior de la Judicatura como en la Unidad de Víctimas, la mayor dificultad para el recaudo es que las personas sancionadas se declaran insolventes y esconden sus bienes para evitar embargos. En el caso de la Unidad, muchas de las multas se han dictado contra ‘parapolíticos’. Por ejemplo, al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar le fue impuesta una multa de 6.000 millones de pesos. Aguilar insistió en que no tenía cómo responder, pero el año pasado se conoció que su vehículo era un Porsche, un carro que podría costar más de 300 millones de pesos. Cuando estuvo a punto de perder la libertad a causa del incumplimiento, llegó a un acuerdo de pago con cuotas de 1 millón de pesos. Otro de los casos emblemáticos de deudores que se declararon insolventes fue el de Mario Uribe Escobar. El exsenador, condenado por ‘parapolítica’, le hizo ‘conejo’ a la Rama y logró que el año pasado la Judicatura terminara el proceso de cobro coactivo de la multa de 7.000 millones de pesos por prescripción.

A diciembre del 2016, la Unidad de Víctimas reportaba que 37 ‘parapolíticos’ le debían 115.000 millones de pesos.

JUSTICIA
JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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