Justicia restaurativa: una apuesta por el futuro

Justicia restaurativa: una apuesta por el futuro

Se apuesta a una hoja de ruta para aplicar el principio de oportunidad en menores de edad.

Justicia restaurativa

Los jóvenes que forman parte del programa distrital comparten sus historias y participan en diferentes actividades lúdicas.

Foto:

123rf

19 de enero 2018 , 08:52 p.m.

En otras circunstancias, el de Juan sería un caso más de un joven que tras cometer un crimen entra en una especie de túnel sin salida. Pero el que habla es un adolescente lleno de esperanza y determinación: “Aquí pude encontrar la respuesta para descubrir cómo no volver a cometer los mismos errores”, dice. Por su parte, Claudia, una de sus compañeras, señala: “Me ayudaron a entender a mi mamá. Saber su historia cambió mi relación con ella, antes no alcazaba a entrever su propio drama personal”. Juliana es más escueta. Cuando le pregunto qué le ha traído su experiencia de estos meses se limita a decir: “Ojalá todos tuviéramos una segunda oportunidad. Este programa es una chimba”.

El beneficio de la duda

Los tres se refieren a un experimento que empieza a mostrar resultados tangibles en un tiempo relativamente corto. Comenzó en el primer semestre del 2016, cuando se creó la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en la Alcaldía de Bogotá. En ese marco, en mayo de este año, se dio lugar al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR). La intención: hacer realidad el principio de oportunidad, que, si bien está en la Ley 906 desde el 2004, no contaba con una hoja de ruta que hiciera posible su aplicación.

Con el objetivo de alinear nuestra política judicial con los tratados internacionales de protección a la infancia y la adolescencia, en el 2006, el SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes) aumentó la edad de detenciones de menores de 12 a 14 años y cambió las conductas policiales frente a niños y adolescentes. Tal como lo muestra un estudio del Cede, de la Universidad de los Andes, esa modificación impactó los incentivos a la Policía, su comportamiento y sus acciones en la calle.

Según el informe, por temor a afrontar sanciones, así como por un vacío en la implementación de la norma, hubo un incremento de criminalidad en adolescentes a partir del 2004. Para entonces, el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa no existía. Su implementación es el resultado de un aprendizaje.

Involucrar a los castigadores

Para la fiscal de familia Gloria Sáenz no ha sido fácil generar un cambio de mentalidad en el sistema penal: “El juez es ante todo un castigador. Sin embargo, en este trabajo conjunto que estamos adelantando con fiscales, jueces y defensores de familia, hemos entendido que la justicia pasa por restaurar tanto a la víctima como al victimario”, y agrega: “Hacer justicia es devolverle a la sociedad personas en pleno uso de sus capacidades”.

Quienes son menores de 18 años y cometen delitos, más allá de su grado o índole, son susceptibles de entrar en el PDJJR, siempre y cuando la víctima forme parte del proceso. Dado que una gran parte de los delitos atendidos son por violencia doméstica, al restaurar ambas partes del conflicto se pretende intervenir el núcleo familiar.

Cuando los dos lados se comprometen a un cese de violencia firman un acuerdo, y se inicia una terapia psicosocial reparativa. Al final del proceso, el juez determina si se reanuda la acción penal o si el ofensor ha cumplido los acuerdos pactados y puede dársele un cese definitivo a su proceso judicial.

Todos son aptos, pero no elegibles

La fiscal de familia explica que si bien todos los delitos cometidos por menores son susceptibles de recibir principio de oportunidad, no todos los candidatos son aptos. Los adictos a drogas no son elegibles, así como tampoco quienes no cuenten con una víctima dispuesta a formar parte del proceso, o quienes tienen antecedentes penales: “Se hace un estudio de cada caso para conocer la viabilidad de la recuperación del menor, así como los motivos que lo llevaron a la acción delincuencial”. En el caso de quienes llegan a tener un cese definitivo de la acción penal, el PDJJR les busca opciones de estudio a través del Sena, así como alternativas para la integración laboral.

Para la directora del programa, Ilvia Cárdenas, “este es también un escenario para construir un diálogo con los distintos actores que trabajamos con menores. Es posible descongestionar el sistema judicial, al tiempo que pensamos la justicia de forma integral”.

Historias de vida

Estoy en un taller con víctimas de maltrato doméstico. En total hay seis mujeres en el recinto. Les han dicho que escriban sus recuerdos de infancia. La instrucción es concentrarse en momentos felices. Una de ellas mira fijamente a la pared. “No tengo ninguno”, concluye con el lápiz suspendido entre los dedos.

Estoy sentada en una sala de La Casita, nombre que afectuosamente le pusieron a la sede del programa. “La pareja de mi mamá me golpeó y me dejó discapacitada de por vida”; “mi hija fue violada y asfixiada cuando tenía 5 años”; “mi mamá dice que mi hermana se murió por mi culpa”. Hay tanto dolor en sus relatos. Historias que ocurrieron hace 10, 20 y 30 años siguen latiendo en el día a día.

Las mujeres que están aquí han llegado después de soportar vejámenes de sus hijos e hijas por más tiempo del que pudieron tolerarlo, hasta que ellas mismas o alguien cercano denunció a los ofensores ante la Policía. No sobra aclarar que si bien hay ofensores y víctimas de ambos sexos, la balanza se inclina claramente hacia el maltrato a las mujeres y el abuso por parte de los hombres.

Además de la violencia machista, cuatro días escuchando a víctimas, ofensores y profesionales de familia me hacen pensar que los abusos a menores se enmarcan en una sociedad que a menudo ha considerado a los niños y jóvenes como propiedad privada de sus padres o cuidadores. Y es justamente este legado de abusos el que clama por una reparación. Ese que se instala a sus anchas en las familias colombianas, dándole origen y continuidad a una violencia que a menudo termina en las calles, pero que suele nacer en la intimidad del hogar.

La familia, viéndola más allá de premisas usadas por la extrema derecha con fines electorales, no está siendo vista como ese grupo de personas que comparten una intimidad y un primer acercamiento a la comprensión del mundo, desde donde se define, en gran medida, el devenir del ser humano, del ciudadano. Sin dogmatismos de por medio, pero sí con fines de garantizar los derechos a los menores y el bienestar social, la familia, entendida como el semillero de muchos de los trastornos afectivos y mentales de los colombianos, debería ser una prioridad de Estado.

Reparación en directo

Una mujer cuenta su relato, la interrumpe su propio llanto. Aunque hayan pasado 25 años, la herida no ha sanado. Entre ellas hay empatía, consuelo, reflexión. Se imaginan en el espejo de vivencias semejantes a la propia. En ese reflejo pueden mirarse, y a menudo llegan a ver el punto exacto donde necesitan dar una vuelta de tuerca para cambiar el orden de las cosas.

Una de las asistentes recuerda haber hecho un paseo, el único de su vida, siendo aún una niña: “Fuimos a piscina”. Otra más piensa en el pastel de cumpleaños que le dieron a los 15 años. Pero en medio de esa efímera felicidad hay un mundo inestable. Precariedad afectiva y económica: “El día que no vendíamos empanadas no comíamos”, dice otra.

Todas fueron madres antes de los veinte años. Solo una de las seis continuó con su pareja después del embarazo. Y, sin embargo, aquí están hoy, intentando aprender lo que tienen que hacer para no reproducir su historia. Hablan de sus hijos. Cuando una de ellas cuenta que el suyo ha pasado tres exámenes de toxicología, las demás aplauden. Entonces puedo sumarme a la empatía que vibra en el ambiente y, antes de irnos, me despido deseándoles lo mejor de corazón.

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa aparece como una alternativa para aproximarse a la violencia endémica que vive nuestro país desde la prevención y el tratamiento, sin dejar de lado a la Rama Judicial. Ahora que tanto se discute si bajar la edad a 12 años para encarcelamiento de menores delincuentes puede ser una opción contra la criminalidad, vale la pena devolver la pregunta y mirar qué ha hecho la sociedad por esos jóvenes o, más bien, qué no ha hecho.

Mandarlos al hacinamiento en centros de atención especializada (CAE), donde lo mismo envían a un ladrón o a un asesino, es continuar negándoles la posibilidad de vivir en sociedad.

Lo dice Jeimy, víctima de acceso carnal violento durante el noviazgo con un menor de 14 años y madre de un bebé de nueve meses: “Aquí me escuchan, aquí he aprendido a llevar mejor los problemas con mi familia, a solucionar el conflicto con el papá de mi bebé, aquí he aprendido a llevar la maternidad, que es muy dura siendo tan joven. Creo que tanto el ofensor como la víctima merecemos reparación. Tanto para nosotros como para mi bebé. Al fin y al cabo es él quien más se está beneficiando de esta oportunidad”.

La ruta restaurativa

Cuando un menor comete un delito en Bogotá, un fiscal evalúa si es apto para el programa de Justicia Juvenil Restaurativa. De admitirlo, la Defensoría de Familia hace un estudio del caso. Si también lo consideran apto, la siguiente instancia es que el juez determine si le concede el principio de oportunidad; de ser así, para que el acuerdo quede saldado, la víctima aprueba formar parte del proceso. Sin participación de la víctima, el ofensor no puede entrar al programa. Uno de los puntos que lo hacen único es su concepción integral de la restauración: no hay segunda oportunidad sin redención.

Una vez establecido el acuerdo por escrito, se diseña un plan que incluye terapias individuales y grupales tanto para las víctimas como para los ofensores. Cada proceso toma entre tres y seis meses.

Una vez se cumple el término pactado, el juez de familia, con base en su observación, así como en los informes recibidos por el grupo interdisciplinario que conforma el PJJR, determina si se elimina o se reanuda la acción penal. A la fecha, en 7 meses de actividad, 21 menores han culminado el proceso con éxito y 2 no pasaron el programa por haber reincidido en la criminalidad.

Actualmente hay 116 más vinculados al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que en mayo próximo cumplirá un año de fundado.

MELBA ESCOBAR
Especial para  EL TIEMPO
​Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los menores de edad.

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