Gobierno plantea fórmula para poner orden a las consultas populares

Gobierno plantea fórmula para poner orden a las consultas populares

Recolección de firmas o convocatoria por órganos locales no sería el único requisito para hacerlas.

Consulta en Cajamarca, Tolima

En Cajamarca, Tolima, ante una disyuntiva planteada en términos de escoger entre el oro o el agua, el No se impuso con 6.165 votos, contra 76.

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Juan Carlos Escobar / EL TIEMPO

21 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Con la obligación de complementarlo con otro mecanismo de participación ciudadana –los cabildos abiertos, en los que tanto promotores como eventuales afectados podrán exponer sus argumentos–, el Gobierno pretende ponerles orden a las consultas populares que frenaron o tienen en riesgo proyectos estratégicos de desarrollo en todo el país.

La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Cesivi), integrada por representantes del Ejecutivo y las Farc, ya recibió un borrador del proyecto de ley estatutaria que debe garantizar la participación ciudadana, en cumplimiento de lo pactado en La Habana.

Lo que se está planteando ahora es que se garantice el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados antes de acudir a las urnas en escenarios de participación como las consultas populares y las revocatorias de mandato.

La sola recolección de firmas o la convocatoria por los órganos legislativos locales, en el caso de las consultas, no sería el único requisito para realizar las votaciones. En el momento de la inscripción de la iniciativa se activaría la convocatoria a un cabildo amplio, en el cual el convocante deberá explicar sus argumentos y razones para acudir al mecanismo. De la misma manera, los eventuales afectados por este podrían ejercer su defensa ante los ciudadanos de la jurisdicción.

Además, en defensa del derecho del ciudadano a decidir con plena información, el convocante tendría la obligación de exponer información verificable sobre sus razones. Así se trataría de evitar que, como ha sucedido, la ciudadanía decida más por discursos que por hechos verificados.

El incumplimiento de esa obligación –entregar en cabildo abierto información verificable– podría constituir una razón para demandar la consulta ante la jurisdicción administrativa respectiva.

No se intenta ponerles cortapisas a consultas y las revocatorias

“No se intenta ponerles cortapisas a consultas y las revocatorias, sino garantizar, también a través de mecanismos de participación democrática, que los ciudadanos van a tener información real y completa sobre los asuntos puestos a su consideración”, le dijo a EL TIEMPO una alta fuente.

La propuesta, según la misma fuente, ha encontrado oposición en las Farc, pero el Gobierno insistirá en ella bajo el entendido de que la defensa de los mecanismos de participación pasa por evitar su manipulación con fines políticos.

En este momento, el país está pendiente de 44 consultas populares, casi todas convocadas contra proyectos minero-energéticos. Ya hay nueve de ellas en las que se impuso el No a esas actividades económicas y, en consecuencia, se frenaron proyectos de alto impacto económico y social.

El caso más conocido es el de Cajamarca. En marzo pasado se llevó a cabo allí una consulta popular para decidir si se permitía o no la explotación de oro en ese municipio del Tolima. Ante una disyuntiva planteada en términos de escoger entre el oro o el agua, el No se impuso con 6.165 votos, contra 76 que estaban a favor de que siguieran los proyectos.

Casi cinco meses después de la votación, el alcalde de ese municipio, Pedro Pablo Marín, aseguró que aún están en los trámites jurídicos para darle cumplimiento a la consulta.

Por el resultado, la multinacional Anglogold Ashanti, que llevaba 14 años haciendo exploraciones para el proyecto minero La Colosa, tuvo que detenerse. Ahora muchos habitantes de Cajamarca están en situación de desempleo y se detuvieron también las inversiones sociales que la firma hacía para compensar costos ambientales.

El alcalde dice que este “es un tema que debe asumir el Gobierno, pues la prohibición de la minería terminaría por afectar a los pequeños mineros artesanales y cientos de familias de areneros”.

Marín dice que la salida de Anglogold ha golpeado los proyectos de apoyo a las asociaciones campesinas de productores de arracacha y frijol; los aportes para la unidad de urgencias del hospital y para la plaza de mercado y el estadio. “Nos toca gestionar todo tipo de recursos en el alto Gobierno para atender la inversión social”, afirma.

En el caso de Cajamarca, la consulta fue una iniciativa ciudadana; en otros municipios han sido los mismos alcaldes los que han propuesto que se realice la votación.

La posibilidad de superar esta vez el obstáculo que en muchos casos ha impuesto la consulta previa a proyectos de desarrollo es alta porque forma parte del ‘fast track’, que implica un procedimiento más simple.

‘El ‘No’ a la minería afecta la inversión social’

La ola de consultas populares contra la explotación minera tiene preocupados no solo a las empresas que ya tenían concesiones para explorar o explotar, sino también a los expertos jurídicos que sustentan la inviabilidad de estas convocatorias.

Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, sostiene que estas consultas no tienen sustento jurídico y que por lo tanto no son aplicables.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado

Foto:

Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Lo que sucede es que estas decisiones terminan afectando las finanzas de la región

“Hay que aclarar la diferencia entre el suelo y el subsuelo. El suelo corresponde a la jurisdicción de la entidad territorial, o sea lo que se puede hacer en la superficie; entonces, un municipio puede determinar en términos generales cómo se organiza: comercio, agricultura, vías, etc. En el caso del subsuelo, este le pertenece a la nación, o sea, a todos los colombianos; quiere decir que no puede estar dispuesto únicamente por lo que deciden los que están encima de este”.

Vélez afirma que este tipo de decisiones tienen motivaciones políticas en la mayoría de casos y que además terminan por afectar seriamente las finanzas de la Nación.

“Un grupo de personas acaba disponiendo, por una decisión motivada muchas veces políticamente, sobre los recursos de todos. Entonces no es que se esté en contra de la voluntad popular, lo que sucede es que estas decisiones terminan afectando las finanzas de la región. Se afecta por ejemplo la capacidad de financiar programas sociales de salud o educación, que mucho benefician”.

Sobre el caso de Cajamarca, Vélez afirmó que “la irresponsabilidad con la que el alcalde ha permitido esta iniciativa afecta a la comunidad, y no es el Gobierno Nacional el que debe asumir las consecuencias de esas decisiones ligeras”.

JUSTICIA

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