Seis de cada diez que acuden a la justicia se declaran insatisfechos

Seis de cada diez que acuden a la justicia se declaran insatisfechos

Dane y DNP realizaron la mayor encuesta en el mundo sobre necesidades jurídicas.

Encuesta sobre la justicia

Al menos 2 millones de colombianos siguen esperando que la justicia actúe de manera eficaz frente a sus reclamos.

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Martín García - Archivo / EL TIEMPO

14 de mayo 2017 , 12:53 a.m.

Uno de cada cuatro colombianos que en los últimos dos años tuvieron que acudir al sistema judicial o a otro mecanismo para reclamar por alguna afectación a sus derechos lo hizo por un problema con el sistema de salud. Fueron casi 800.000 personas, y apenas cuatro de cada diez de ellas lograron resolver satisfactoriamente su problema.

Esas son algunas de las revelaciones más preocupantes de la más grande encuesta realizada en el mundo sobre Necesidades Jurídicas Insatisfechas, una suerte de ‘mapa’ de las vías que los colombianos usan para resolver sus disputas y las barreras más frecuentes que encuentran para lograr una salida justa.

Entre septiembre y noviembre del 2016, a instancias del Departamento de Planeación Nacional (DNP), se incluyó un capítulo inédito en la gran Encuesta Nacional de Calidad de Vida que realiza cada año el Departamento Nacional de Estadística (Dane). Se les preguntó a 52.000 personas mayores de edad si en los últimos dos años habían tenido algún problema (‘necesidad jurídica’) y, de ser esto así, a qué instancias habían acudido para solucionarlo.

Un 10 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente. La Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP analizó la proyección de la encuesta –que se hizo a través de entrevistas personales en más de 22.000 hogares de todo el país– y encontró que al menos 3,4 millones de colombianos enfrentaron esta situación en los últimos 24 meses.

El 60 por ciento de ellos afirmó que su problema no se resolvió. Esto significa, según la proyección del DNP, que al menos 2 millones de colombianos siguen esperando que la justicia actúe de manera eficaz frente a sus reclamos.

La encuesta del Dane y los análisis de Planeación le permitirán por primera vez al país tener un diagnóstico aterrizado de las necesidades de justicia en las regiones, de cara a cumplir una de las exigencias más importantes para que Colombia pueda entrar en el exclusivo club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde): cerrar las brechas sociales y regionales y garantizar justicia eficiente para todos.

“Hemos convocado a un diálogo abierto con todas las entidades del sector justicia, con la academia y con la sociedad civil, para entender cuál es la percepción del ciudadano frente a la justicia y así implementar reformas que acerquen la justicia al ciudadano de a pie”, señaló el ahora exdirector de Planeación Nacional Simón Gaviria.

La encuesta muestra que hay grupos poblacionales que obtienen menos justicia. Así, si quien reclama es una mujer con pocos recursos económicos y, además, habitante de una zona rural o miembro de un grupo étnico, la posibilidad de que logre una respuesta positiva a su reclamo puede ser cinco veces menor al promedio nacional.

De la misma manera, las mujeres que se declaran inconformes con el resultado de una demanda por problemas familiares pueden llegar al 66 por ciento, frente a un 50 por ciento de hombres que dicen no estar satisfechos en el mismo tipo de casos.

Otro dato que arroja la encuesta es que frente a un 55 por ciento de los habitantes de cascos urbanos que reportaron que su problema judicial no se resolvió, hubo un 65 por ciento de habitantes de zona rural que dio la misma respuesta. En el mismo sentido, la insatisfacción con la justicia es más alta en regiones como Amazonia y Orinoquia, donde hay menos oferta judicial y la gente tiene que recorrer mayores distancias para poder tener acceso a una instancia de reclamación. La brecha en el acceso a la justicia se refleja también en el hecho de que frente a un 13 por ciento de personas que en Bogotá dijeron haber reclamado por sus derechos, apenas un cinco por ciento lo hicieron en las zonas rurales.

‘Deje así’

La mala atención en salud –especialmente la negación del servicio– es la causa de la mayoría de reclamos. Le siguen, en su orden, los problemas familiares –19,4 por ciento de los casos, por incumplimiento de cuotas alimentarias, custodia de menores, divorcios, herencias y violencia en el hogar–; y las denuncias por delitos, especialmente hurtos. Uno de cada diez dijo haber tenido problemas con vecinos.

La encuesta del Dane revela que para reclamar sus derechos, el 48 por ciento de los colombianos acudieron a “una entidad o persona reconocida y permitida por el Estado para solucionar su problema”. Un 25,8 por ciento decidió buscar un acuerdo pacífico con la contraparte; mientras que casi uno de cada cuatro (23,6 por ciento) terminó optando por “no hacer nada”.

Esto muestra que en los últimos dos años al menos 800.000 personas prefirieron no reclamar sus derechos por razones como la excesiva tramitomanía, el simple desconocimiento de los mecanismos para hacerlo: por desconfianza ante la autoridad o por temor a las consecuencias. Esas cuatro razones explican el 65 por ciento de los casos en los que el ciudadano prefirió plegarse a la cultura del ‘deje así’.

La encuesta de Calidad de Vida, que incluirá el capítulo de necesidades jurídicas cada dos años, da por primera vez una idea de hasta dónde los colombianos siguen optando por caminos extralegales para resolver sus disputas.

Así, un 1,7 por ciento de los entrevistados que tuvieron una necesidad jurídica acudió a la violencia física o verbal o a actores armados ilegales. Ese porcentaje representa a 57.800 personas.

Sorprende el dato de que la zona del país donde más entrevistados reconocieron haber acudido a un actor ilegal para resolver su disputa fue Bogotá (1,64 por ciento, probablemente a pandillas), a pesar de que se supondría que en la capital del país es donde hay mayor oferta de servicios judiciales y mayor control de la autoridad.

La ciudad fue la quinta región con más casos de uso de violencia: 1,15 por ciento.
La zona más afectada por esta problemática fue, según la encuesta, la costa Pacífica, con un 2,26 por ciento.

Qué se va a hacer

Los resultados de la encuesta fueron presentados esta semana por Planeación Nacional a las cabezas de la justicia en el país.

El ministro Enrique Gil Botero reconoció que el acceso efectivo a la justicia será uno de los retos más importantes para el Estado en el posconflicto. Aseguró que ya se avanza en una estrategia para garantizar que en las zonas en las que las Farc ejercieron su influencia, y donde “las relaciones políticas, familiares y comunitarias habían sido reguladas y regladas por los grupos armados”, la ciudadanía recupere su confianza en las instituciones. “Este panorama inicial es la base para priorizar reformas o rediseños institucionales que fortalezcan la justicia”, dijo el ministro Gil Botero sobre la encuesta.

Gabriel Cifuentes, director de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, señaló que los datos de la encuesta del Dane, que aún no están totalmente procesados, serán el insumo para construir un índice de acceso a la justicia y formular políticas “que permitan a los ciudadanos resolver sus problemas de manera pacífica”.

Exceso de ‘vueltas’ y desconocimiento, barreras para la gente

Mientras en otros países el 40 por ciento de ciudadanos han declarado algún problema que se debe resolver por una vía judicial, en Colombia esa cifra llega apenas al 10 por ciento.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que este indicador no se explica por la falta de conflictividad en el país sino porque “puede existir un conjunto de barreras que están impidiendo que la población identifique los problemas que la afecta o no conozca sus derechos”.

Incluso, entre los 3,4 millones de colombianos que declararon en la encuesta del Dane tener una necesidad judicial, más del 51 por ciento no se presentó ante una institución o un particular reconocido por el Estado para solucionar su litigio, sino que buscó solución por otros medios.

Los excesivos trámites (interponer una denuncia por robo, por ejemplo, puede suponer un día entero esperando turno en una Unidad de Reacción Inmediata) son otra causa fundamental.

Un informe de diciembre pasado de la Corporación Excelencia en la Justicia analizó cuáles pueden ser las razones para que los colombianos no acudan ante las autoridades competentes.

Uno de los motivos identificados es que el modelo de justicia, diseñado desde Bogotá, no atiende las diferencias culturales de las regiones, lo que puede llevar a un distanciamiento entre las verdaderas necesidades de la gente y la forma en la que se da la respuesta de la justicia.

Esto se suma, dice la Corporación, a que persiste un déficit de orientación legal gratuita, así como a las fallas en las defensorías públicas y los consultorios jurídicos.

El director de la ONG Dejusticia, César Rodríguez Garavito, coincide con ese análisis. “La baja declaración tiene que ver con el poco conocimiento y conciencia de los derechos y caminos para tramitar ese tipo de inconformidades por una vía institucional. En Colombia la gente tiene la necesidad, la inquietud, pero no piensa en el aparato institucional para resolverla”, dijo.

Matoneo, queja en educación

Al menos 30.600 colombianos reportaron haber realizado un reclamo relacionado con la educación. Aunque es una de las quejas jurídicas menos frecuentes entre los encuestados (0,9 por ciento), el estudio revela que la mayoría de casos (el 65 por ciento) está relacionado con matoneo y acoso escolar.

Este fenómeno se reporta principalmente en Bogotá, Antioquia, la zona Pacífica y el Valle, en donde las quejas por educación, el 80 por ciento, tienen que ver con el ‘bullying’ que sufren los niños en los colegios.

El segundo problema para la educación en el país tiene que ver con barreras o dificultades para inscribir a los niños en las escuelas o conseguir un cupo (18,2 por ciento), seguidas por la negación del servicio de educación (14 por ciento), hecho que afecta principalmente a la región oriental.

En la Orinoquia y Amazonia la principal dificultad es la exigencia de útiles escolares.

Aunque la mayoría de padres acudieron a una institución o particular para resolver su dificultad educativa, la encuesta revela que la ruta más efectiva es un acuerdo pacífico.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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