Razones y riesgos de una polémica excarcelación masiva

Razones y riesgos de una polémica excarcelación masiva

Analistas coinciden en que se trata de una ley justa, pero con problemas en su formulación.

Cárcel Modelo de Bucaramanga

De 10.884 personas que estaban hace un año en riesgo de recuperar la libertad, solo se resolvió la situación de 1.250 procesados.

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Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

02 de julio 2017 , 01:26 a.m.

Desde este sábado quedaron abiertas las puertas para que al menos 9.634 presos –entre ellos los investigados por graves delitos que afectan la seguridad ciudadana como homicidio, hurto, y violencia sexual– puedan quedar libres por cuenta de la lentitud de la justicia para determinar si son culpables o inocentes. 

La norma fue expedida en el 2015, cuando Yesid Reyes era Ministro de Justicia, cumpliendo órdenes de la Corte Constitucional para respetar el derecho a la libertad de los detenidos que llevan entre uno y dos años, o más, esperando un fallo. Aunque entraba en vigencia el año pasado, se postergaron sus efectos por un año más para darles tiempo a los fiscales y jueces de obtener sentencias.

Pero el plazo se cumplió este sábado y de 10.884 personas que estaban hace un año en riesgo de recuperar la libertad, solo se resolvió la situación de 1.250 procesados.

Esta ley ha sido duramente criticada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien ha dicho que “es una vía equivocada porque podría liberar a peligrosos delincuentes y a investigados por corrupción”. La Fiscalía ha dicho, por ejemplo, que solo en Bogotá podrían volver a las calles 402 presos por delitos sexuales.

El director de Dejusticia, César Rodríguez, aseguró que estas libertades son un problema complejo “porque hay que ponderar tanto el riesgo que implican las salidas, como el hecho de que existe una crisis carcelaria que la Corte Constitucional ha puesto de relieve de forma sistemática”.

Rodríguez señala que a pesar de las órdenes del alto tribunal, el Estado no logró generar una política que determine qué tipo de delitos se deben priorizar a la hora de enviar a la gente a prisión, ni se mejoraron las condiciones de las cárceles donde hoy faltan servicios básicos como agua, salud, entre otros.

“En esta ocasión hablamos del aplazamiento de una norma, y lo que se hizo fue posponer los mismos problemas sin avanzar en las soluciones”, señaló.

El exprocurador general Jaime Bernal afirma que lo positivo de esta ley es que respeta derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia, pero señala que lo negativo es que cuando se formuló no discriminó a las personas “según sus antecedentes y la gravedad de sus delitos”.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) asegura que aunque esta es una ley justa, podría tener efectos negativos en la seguridad. “Un mal diseño de una ley justa puede llegar a generar un aumento en la inseguridad. Muy probablemente se genere ese riesgo”. Para evitar este riesgo, asegura, la Fiscalía debe concentrar todo su aparato “para identificar a los procesados que representan un mayor peligro, y buscar que esos procesos se muevan”.

El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago asegura que la ley está vigente y hay que cumplirla. Sin embargo, coincide en criticar que cuando fue expedida, hace dos años, no se pensó en que “el sistema penal acusatorio está realmente tan congestionado que es prácticamente imposible que todas esas audiencias terminen en dos o tres años”.

De hecho, a pesar de que la ley estableció la posibilidad de que la Fiscalía pidiera prórrogas para los casos más graves –el ente acusador ya pidió prorrogar las medidas de aseguramiento para 4.000 personas– son tantos los casos que no existe una forma de que los jueces de control de garantías los puedan resolver con prontitud.

Para evitar que de ahora en adelante los investigados sigan quedando en libertad, Mendoza asegura que una de las salidas podría ser aumentar los funcionarios judiciales (jueces y fiscales de descongestión) con el fin de bajar la represa de procesos sin condena.

Pero, a su juicio, lo que se necesita con más urgencia es una reforma al Sistema Penal Acusatorio del 2004, “porque tiene una serie de principios que lo hacen bastante lento: hay audiencias que pueden durar hasta meses, y permite que se apelen muchas decisiones contrarias, lo que alarga los tiempos”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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