Con ‘tutelatón’ intentan frenar bloqueos contra extorsión carcelaria

Con ‘tutelatón’ intentan frenar bloqueos contra extorsión carcelaria

Alerta por cascada de demandas contra inhibidores de celulares instalados en 16 cárceles.

Cárceles

Este año, en una sola operación, la Policía decomisó más de 200 teléfonos celulares en 10 cárceles.

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VANEXA ROMERO / Archivo EL TIEMPO

08 de junio 2017 , 09:48 a.m.

El bloqueo de señales de teléfonos celulares –una de las pocas herramientas que han funcionado para frenar la extorsión desde las cárceles, que es uno de los delitos que más golpean la seguridad ciudadana– está en jaque jurídico. 

A punta de tutelas y acciones populares, presuntos afectados por los inhibidores de señal de telefonía celular están intentando el desmonte o, al menos, la mitigación de la efectividad de los equipos. Aseguran que por cuenta de impedir el delito desde las cárceles se está afectado el derecho de las comunidades que viven cerca de los centros de detención a comunicarse.

Ese argumento ya tuvo eco en Ibagué, donde el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el ajuste o desmonte de los inhibidores de la cárcel de La Picaleña, que en su momento fue el principal centro de extorsión carcelaria en Colombia. Los magistrados señalaron que se estaba “violando el derecho a la información” de los vecinos de la cárcel y concedieron una acción popular, que además contó con el respaldo de la Personería de Ibagué.

Como resultado, el Inpec se vio obligado a reducir la intensidad del bloqueo, una medida que, aunque no elimina de todo la efectividad de la herramienta, sí aumenta la probabilidad de los llamados ‘puntos ciegos’, sitios específicos del penal desde donde se podrían originar las llamadas telefónicas ilegales.

La misma situación ocurrió en la cárcel de Itagüí, otro de los centros con más casos de extorsión carcelaria. Allá, desde el año pasado, el bloqueo de señal debió moderarse por acciones legales emprendidas por supuestos vecinos del centro penitenciario.

Y también lo tuvieron que hacer, por causa de otra acción popular, en la cárcel Modelo de Bucaramanga y en la del Bosque en Barranquilla.

El bloqueador instalado en la cárcel de La Picota, en Bogotá, logró mantenerse incólume porque el juez del caso tuvo en cuenta un informe técnico que demostró que no era cierto, como lo decían los supuestos afectados, que seis barrios del sur de Bogotá estuvieran afectados por la medida. Varias tutelas están en curso contra los bloqueadores en otras de las cárceles más grandes del país.

Así, de las 16 cárceles priorizadas para la instalación de bloqueadores hay cinco en las que esa herramienta funciona con menos efectividad. Esto agrava los boquetes para los delincuentes, pues como lo reveló un informe de este diario del año pasado, desde varios de esos centros se siguen realizando llamadas ilegales. Esas llamadas alimentan tanto los bolsillos de los extorsionistas como los de los que venden, a precios que van hasta los 2.000 pesos por minuto, llamadas dentro de los penales.
Aunque los bloqueadores deben instalarse en otras 16 cárceles desde donde se mueve la extorsión, hasta ahora no se ha abierto la licitación para proveer los equipos.

Toma de cárceles

Además de la inhibición de señal, las autoridades que combaten la extorsión han tenido que implementar nuevas estrategias contra esta modalidad delincuencial.#
Este año, en las cárceles del país han sido notificadas 250 personas de nuevas órdenes de captura en su contra. Todas enfrentan cargos por hacer llamadas extorsivas desde prisión, en complicidad con delincuentes que están en las calles. En marzo de este año, el Gaula y la Fiscalía se tomaron la cárcel de Picaleña y allí incautaron decenas de teléfonos y tarjetas sim y judicializaron, de nuevo, a varios ‘reyes’ de la extorsión carcelaria.

Después de este golpe las autoridades reportan un bajón en el número de denuncias en todo el país, porque Picaleña era una especie de centro de llamadas desde donde se realizaban llamadas extorsivas a Tolima, parte del Eje Cafetero, Bogotá, Valle y hasta La Guajira.

La disminución de la extorsión en general durante lo corrido del año supera el 40 por ciento frente al mismo lapso del 2016. Pero ahora, con la afectación de los controles, podría revertirse la tendencia.

Por orden del fiscal Néstor Humberto Martínez, desde abril pasado se han realizado allanamientos en 10 cárceles. Hasta ahora se procedía a las requisas y al decomiso de los teléfonos. La estrategia incluye investigar a la guardia de las cárceles por el delito de omisión, al no implementar medidas que eviten la entrada de equipos celulares a los patios y celdas.

En lo que va del año, 62 guardianes han sido citados a procesos disciplinarios por esos hallazgos. Algunos de ellos podrían ser procesados penalmente. Es el caso de un inspector del Inpec que era comandante de la guardia en la cárcel de Caucasia (Antioquia) y quien fue capturado en abril pasado bajo cargos de cobrar 1,5 millones de pesos por el ingreso clandestino de cada celular a ese penal.

Además, la Dirección del Inpec trasladó a cárceles más seguras a 122 redomados extorsionistas que tienen dos y más procesos por esa práctica criminal. Esta medida, sin embargo, también está atacada a través de tutelas, pues las defensas alegan una supuesta violación de los derechos de esos internos a estar en sitios cerca de sus familias.

Las cárceles en el país que cuentan con equipos para el bloqueo de señales son las de Cali, Palmira, Pereira, la Modelo y La Picota en Bogotá; Acacias, Puerto Triunfo, Bucaramanga, Complejo Pedregal, Complejo Cúcuta, Barranquilla en El Bosque y La Modelo, además de Cómbita, Valledupar e Itagüí, y el Complejo de Picaleña.

El millonario negocio de las llamadas tras las rejas

En una sola operación contra la extorsión carcelaria, este año, la Policía decomisó más de 200 teléfonos celulares en diez cárceles del país.

En todo el año pasado fueron descubiertos 2.415 aparatos y un número similar de tarjetas sim. La cifra es escandalosa, pero representa un avance: en el 2015, según datos del Inpec, fueron 14.000 teléfonos y tarjetas.

Detrás de esos hallazgos se mueve un millonario negocio. No solo el de la extorsión, sino el de la venta de minutos a los internos a cualquier hora del día.

Esa actividad ilegal mueve millones de pesos diariamente y, según denuncias de los mismos presos, es manejada por los ‘caciques’ de los patios en asocio con algunos miembros de la guardia.

Un caso emblemático es el de alias Orejas, uno de los temibles internos de la cárcel Modelo de Bogotá, a quien en solo cuatro meses del año pasado le decomisaron seis teléfonos celulares y varias armas de fabricación hechiza.

Es el mismo hombre que en una audiencia reconoció ante un juez que había abusado sexualmente de uno de sus compañeros de patio, quien poco después apareció muerto en un supuesto caso de suicidio. La víctima había señalado a ‘Orejas’ de ser el principal vendedor de drogas y de minutos en su patio, con plena colaboración de la guardia.

Negocio con guardianes

Aunque la corrupción en el Inpec es un mal sobrediagnosticado, no hay hasta ahora visos de una solución. Uno de los principales obstáculos es que, para blindarse de investigaciones y traslados, muchos de esos uniformados han optado por sindicalizarse, para tener fuero. Esa es la razón por la que en el Inpec hay 82 sindicatos.

Las investigaciones penales hasta ahora son pocas. Uno de los casos más conocidos es el de la investigación del Gaula que descubrió que dos oficiales de la guardia lideraban una red de extorsión dentro de La Modelo.

Los dos fueron capturados por exigir dinero a las familias de los presos por no trasladarlos a patios más peligrosos. A pesar de los señalamientos, quedaron libres por vencimiento de términos después de un privilegiado trato carcelario.

En las cárceles todo tiene un precio: gozar de un baño limpio, estar en una celda con camarotes (aunque hacinada), el pago de una cuota para el aseo o el derecho a tener una porción extra de alimento.

Cuando el interno no paga el valor que le exigen cada mes (en promedio, 300.000 pesos, pero más si se trata de una persona con recursos) asume el riesgo de ser trasladado de patio o de someterse a las llamadas ‘rascadas’, que no es otra cosa que evitar que los guardianes estén permanentemente requisando sus elementos o su celda o que les decomisen algunos elementos como radios o libros.

‘Los celulares ahora son analizados en laboratorios’

Entrevista al general Fernando Murillo, director del Gaula.

¿Por qué ahora son allanamientos y no registros en las cárceles?

Todo se hace teniendo en cuenta la elaboración de un trabajo previo con el que se concluyó que las medidas que se estaban tomando para contrarrestar el delito eran administrativas, que no eran suficientes, porque solo se decomisaban los celulares y al final se les entregaban al Inpec. Ahora vamos a unos patios específicos y a determinadas celdas. Hay una investigación previa.

¿Qué hace más efectiva esta nueva metodología?

El hecho de que llegamos acompañados de un fiscal, quien de antemano solicita ante un juez la orden de allanamiento, y luego esta es legalizada ante un despacho judicial, permite el decomiso de equipos que son sometidos a un análisis forense, que nos ayuda a saber el número de víctimas y la identidad de los extorsionistas.

¿Pero las extorsiones desde las cárceles continúan?

Con menor impacto. Las operaciones han dado positivos resultados, de 32 cárceles focalizadas se redujo a 22; es decir, ya hay 10 desde donde se dejaron de registrar llamadas carcelarias, y esto es producto del trabajo que se ha hecho.

¿Los celulares siguen entrando a las cárceles?

Los fiscales que actuaron en el primer Plan Demoledor están llamando a declarar a guardianes de los centros carcelarios allanados, con estas entrevistas se determinará si son vinculados a la investigación. La pregunta en este caso es por qué estos equipos están en los patios que ellos custodian si su uso es prohibido.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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