La alerta llegó en un durísimo regaño a esa entidad por las "demoras injustificadas".

La lentitud de los procesos en el Incoder podría poner en riesgo el cumplimiento de uno de los programas bandera del Gobierno: la restitución de tierras robadas a los campesinos por los grupos armados.

La alerta la acaba de lanzar la Procuraduría en un durísimo regaño a esa entidad por las "demoras injustificadas" en el cumplimiento de las órdenes que ha impartido la Corte Constitucional para defender los derechos de los desplazados en dos casos emblemáticos: los de las fincas Las Pavas (Bolívar) y La Porcelana (Antioquia).

A comienzos de este año, la Corte le ordenó al instituto que de manera inmediata tumbara varias adjudicaciones irregulares y pusiera esos predios en manos de sus verdaderos dueños: 140 familias campesinas que fueron forzadas a salir de sus tierras.

Pero procuradores agrarios denunciaron que ese proceso, que debía cumplirse en máximo 15 días, está estancado en el Incoder.

El caso de Las Pavas -una de las legendarias propiedades de Pablo Escobar- fue resuelto por la Corte en mayo pasado. En la decisión protegió el derecho de 123 familias del sur de Bolívar que reclamaban esas tierras.

La orden al Incoder fue la de continuar el proceso de extinción de dominio sobre las 1.235 hectáreas reclamadas y entregarlas a los campesinos. Pero el mandato de la Corte no se han cumplido.

En esos dos casos, las autoridades encontraron que funcionarios del Incoder y del antiguo Incora se prestaron para que tierras que debían ir a reforma agraria o que eran de desplazados terminaran en manos de narcos y 'paras'. El modus operandi se repitió en varias zonas del país y para perpetrar el despojo hubo también complicidad de alcaldes, jueces y registradores de instrumentos públicos. En los últimos meses, el Gobierno ha denunciado que así se robaron por lo menos 250.000 hectáreas del Estado y de campesinos desplazados de Urabá y Meta.

El delegado para Asuntos Agrarios de la Procuraduría, Óscar Darío Amaya, consideró que las demoras del Incoder en acatar los fallos judiciales son un reflejo de la forma como marchan en esa entidad los procesos para defender los derechos de los despojados por la violencia. El procurador advirtió que esta situación podría afectar la implementación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras.

La Procuraduría dijo que las víctimas han recibido tierras en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Cundinamarca en zonas de riesgo de deslizamiento. El Ministerio Público elabora un informe que entregará al Ministro de Agricultura y no se descartan más investigaciones disciplinarias.

REDACCIÓN JUSTICIA