Caso La California enfrenta a líderes. Gobierno dice que reclamación es gratis.

El pasado 25 de abril, al Incoder en Bogotá llegó una dura carta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La California, en Turbo (Antioquia), conformada por 25 familias, en la que rechazan cualquier representación de los líderes de restitución de tierras Carmen Palencia y Gerardo Vega.

Ambos, exmiembros de la Comisión de Reparación, son las cabezas más sobresalientes de la restitución de tierras en Urabá, a través de las ONG Tierra y Vida y Forjando Futuros, respectivamente.

El documento, que ya está en manos de la Fiscalía, además de alertar por supuestos malos tratos de los líderes a las víctimas, pide que sean excluidos de cualquier reclamación de tierras y dicen que no son desplazados.

"Rechazamos el trabajo que vienen adelantando las ONG que, sin nuestro consentimiento y faltando a la verdad, nos inscribieron como desplazados y nos utilizan como instrumentos mediáticos y judiciales", dice la misiva.

Palencia asegura que estas personas "sí son víctimas" y que incluso denunciaron a su supuesto victimario (un empresario de Urabá) ante la Fiscalía. "Lo que está pasando con esta comunidad es que les están pagando para que no busquen la restitución", dijo.

Carmen Palencia llegó a La California en el 1992, luego del asesinato de su esposo en Córdoba, y tres años después fue víctima de un atentado que la dejó en coma varios meses. Esta mujer llegó a representar más de 1.000 víctimas, con la Asociación Nacional de Víctimas de Restitución y el Acceso a la Tierra, y ahora lo hace mediante la ONG Tierra y Vida, que ha contado incluso con el reconocimiento del presidente Juan Manuel Santos.

María Oliva Garcés, vicepresidenta de la JAC de La California, es una de las que contradice a Palencia. Dice que en la vereda "nunca ha habido desplazamiento (...) Jamás nos han restituido tierras, el Incoder nos adjudicó en agosto del 2006 porque llevábamos muchos años viviendo acá".

Este caso es una muestra de los profundos conflictos de la restitución que hay en Urabá, en donde el mismo Gobierno está preparando una denuncia por la aparición de una nueva ONG que, bajo la fachada de buscar la restitución de víctimas, está defendiendo los intereses de terratenientes.

De hecho, Palencia ha tenido que explicar por qué su ONG cobraba el 10 por ciento de lo que recibieran las víctimas por restitución de tierras.

El director de Justicia Transicional, Miguel Samper, aseguró que desconoce las denuncias contra Palencia y Vega, y destacó el trabajo asociativo de los líderes. Sin embargo, recalcó que las víctimas no necesitan intermediarios. "Los procesos son gratuitos", aseguró.

El último capítulo de esa disputa se vivió en junio, cuando el Tribunal Superior de Medellín falló una tutela a favor de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, en la que Gerardo Vega exigía que le entregaran el formulario con el proceso de las víctimas. El tribunal dice que se trata de documentos confidenciales.

La Corte Constitucional deberá decidir si deja en firme los topes a cobros de abogados para demandas contra el Estado y tutelas.