Para tribunal, Ilva Hoyos y María Eugenia Carreño fueron en contra de normas sobre aborto.

Las procuradoras de Infancia y Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, y de Función Pública, María Eugenia Carreño, presentaron su renuncia al procurador general Alejandro Ordóñez tras el fallo de la Corte Constitucional que ordena a esa entidad que rectifique declaraciones y actuaciones que van en contra la jurisprudencia sobre el aborto. (Lea también: Estas son las rectificaciones que debe hacer el Procurador). 

En principio, Hoyos manifestó que presentó su renuncia para dejar al organismo en libertad de obrar. Reafirmó que ella no ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y que siempre actuó en beneficio de las mujeres, y en defensa de la vida y de la niñez. (Lea también: Corte ordena al Procurador rectificar declaraciones sobre el aborto).

Cabe recordar que Hoyos se ha postulado en varias ocasiones para un puesto en la Corte Constitucional, sin embargo no ha sido elegida. En este momento, hace parte de la lista de aspirantes del Consejo de Estado para reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto, quien se va para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente Sierra fue el ponente del fallo que exigió a la Procuraduría rectificar sus declaraciones.

De otro lado, en la justicia penal hay una denuncia que interpuso Hoyos contra la abogada Mónica Roa por injuria y calumnia.

Por su parte, Maria Eugenia Carreño es cuestionada por la Corte tras presentar un concepto ante las autoridades de salud en el que pedía que no se incluyera en el POS el misotropol, medicamento para inducir el aborto.

Según la Corte, por esta actuación Carreño es responsable por un inadecuado cumplimiento de sus funciones. Ante este señalamiento, la funcionaria dijo que el Procurador debe resolver si sigue o  no en el cargo

“Si estamos hablando en términos de justicia, los reproches de la Corte hacia mí no son justos. Mi finalidad era la de actuar en forma preventiva con base en conceptos jurídicos y científicos”, dijo Carreño a ELTIEMPO.COM

Ambas funcionarias presentaron su renuncia, que no es irrevocable, en la noche del jueves en la residencia del Procurador. Es decir, dejan en libertad para que decida.

Esta semana, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que obliga al Procurador y a las funcionarias rectificar públicamente afirmaciones que hizo entre noviembre del 2009 y marzo del 2011 en las que atacó sentencias de ese tribunal sobre la despenalización del aborto en solo tres casos.

El tribunal se pronunció en una tutela que interpusieron 1.280 mujeres, entre ellas la abogada Mónica Roa, en las que le pedían a la Corte que ordenara la rectificación. (Lea también: Polémica por fallo que obliga a Procurador rectificar afirmaciones).

REDACCIÓN JUSTICIA