Pocos recursos y vacíos jurídicos para su aplicación, son los principales problemas.

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes afronta una situación crítica, especialmente por dos temas fundamentales: la asignación limitada de recursos económicos, físicos y humanos necesarios para su operación, y los vacíos jurídicos existentes en la misma norma.

Un informe remitido al Congreso por la comisión de evaluación de tal sistema lanzó una alerta porque dichos "problemas u obstáculos no han permitido una aplicación fluida y eficiente" de esta normatividad.

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el marco jurídico con el cual se juzga a los menores entre los 14 y los 18 años, cuando estos han cometido algún delito o infracción. Según el documento, la problemática llegó al punto de que no existe un "órgano rector" que lo articule.

"Las instituciones de la comisión, en su análisis de diagnóstico, coinciden en que persiste una ausencia de un ente rector del sistema, lo que implica una sistemática desarticulación en la operación del mismo", precisó el informe, por lo que advirtió que "dicho vacío debe ser llenado para que el sistema pueda funcionar de manera eficaz".

Otro punto crítico que identificó la comisión es "la carencia de espacios físicos" para recluir a los adolescentes infractores. "El 90 por ciento de los municipios carece" de estos espacios de retención, lo cual, incluso, está llevando a que aumenten los índices de "impunidad" cuando se captura en flagrancia a menores infractores.

En el documento se identificó "la carencia de espacios físicos en cada municipio a donde puedan ser conducidos los adolescentes aprehendidos en flagrancia y la poca presencia de lugares para surtir la detención preventiva, así como la insuficiencia de cupos para la sanción de privación de libertad".

En materia financiera, la comisión señaló que los problemas vienen desde la misma conformación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en el 2007. Indicó que "hay que reconocer que al aprobar la Ley de Infancia y Adolescencia, esta no se acompañó de apropiación de recursos presupuestales para su adecuada implementación".

Tras presentar el crítico panorama, en el informe se conminó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a "superar" estas "restricciones" con "decidida voluntad política".

REDACCIÓN JUSTICIA