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La Policía cuidaría 'cárceles' de menores

Tras fugas masivas en Cali, el ICBF alerta de posibles repeticiones en Bogotá y Medellín.

La perturbación del orden público que vivió Cali en abril por la fuga de varios menores infractores de los centros de rehabilitación el Buen Pastor y del Valle del Lili, que dejaron tres muertos y al menos 30 heridos, podría repetirse con similar magnitud en albergues de Bogotá y Medellín.
La alerta la hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que tiene a su cargo el manejo de los 22 centros que funcionan en el país, ante la fragilidad del sistema de vigilancia y seguridad para contener a 2.500 menores que están actualmente recluidos en estos lugares por orden de los jueces.
Camilo Domínguez, director de Protección del ICBF, señala que el panorama es preocupante debido al aumento de menores que son atendidos por el sistema penal para adolescentes. Del 2007 al 2012, esta población pasó de 4.000 a más 29.000 casos.
La alarma del ICBF se debe a que las deficiencias en el manejo de los menores en estos centros podría convertir a estos sitios en un bomba de tiempo.
El ICBF calcula que el 22 por ciento de los menores sancionados por los jueces terminan con orden de confinamiento hasta por ocho años. Hay jóvenes de 25 años que no han pasado a las cárceles, como lo establece la norma. Según las cifras, uno de cada tres jóvenes está en esta situación.
Muchos de ellos cumplen la mayoría de edad en los centros y deben convivir con menores de 15 o 16 años. Estos últimos, según las autoridades, son influenciados por los mayores para realizar actos violentos o cometer otros delitos al salir del centro, como ocurrió en Cali.
Por esto no es de extrañar que, según cifras del ICBF, uno de cada cinco adolescentes sea reincidente.
A este problema se añaden factores de vulnerabilidad del joven, como ausencia de escolaridad o haber sido víctima de adultos que lo utilizan en las bandas criminales.
La mayor parte de menores infractores están involucrados en casos de tráfico de estupefacientes y hurto calificado. Según reportes de la Policía, más del 70 por ciento de los 9.000 menores detenidos en lo corrido del año son por estos delitos.
El otro problema es la inseguridad. La vigilancia en los centros la asumen los docentes que atienden a los menores. La Policía solo ejerce un control de seguridad perimetral, por fuera de los albergues. A juicio del ICBF, este esquema debe revisarse.
En el caso de Cali, solo había cuatro policías para controlar la fuga en el exterior del Centro Valle del Lili.
A esto se suma que las bandas criminales y los grupos armados ilegales se infiltran en los centros, para utilizar a los jóvenes en delitos, generalmente ligados a la venta de drogas ilegales.
El general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, no descarta que esa entidad entre a reforzar la vigilancia en el exterior de los centros. “Estamos evaluando un esquema que garantice la protección de los menores infractores”, aseguró el oficial.
Y agregó que, no obstante, “lo más importante es buscar otras fórmulas para que el menor infractor cuente con un escenario propicio para su rehabilitación y recomponga su comportamiento”.
Frente a la percepción generalizada de que estos centros se han vuelto inmanejables, las entidades encargadas del tema de los menores infractores coinciden en que debe haber un órgano que asuma la coordinación de todo el sistema.
El saliente director del ICBF, Diego Molano, considera que la tarea más urgente hoy es definir ese ente rector, debido a la cantidad de actores que intervienen, como jueces, defensores de familia, Policía, entre otros.
Esta propuesta ya es contemplada por el Gobierno.
En ese sentido, el alto consejero para la Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda, trabaja en un proyecto que entregará en dos semanas a consideración del presidente Santos, con fórmulas para establecer roles y aclarar responsabilidades.
Pero hay quienes creen que no se necesitan más entidades.
El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, no solo considera que le corresponde al ICBF liderar esa política, sino que es vital que el Ministerio de Educación establezca un programa de resocialización y formación integral a jóvenes que permita la no reincidencia.
Otros incidentes recientes
2012
Diciembre 29. Frustran un plan de escape en el Centro de Trabajo El Redentor de Bogotá. Cinco heridos.
2013
Abril 20. Fuga en del Centro de Reclusión de Menores del Quindío, en Armenia.
Abril 30. Fuga de seis jóvenes del centro La Acogida, en Medellín. Diez días antes, siete se escaparon del mismo sitio.
Un problema que preocupa a Cali
El amotinamiento, el domingo pasado, de 82 jóvenes infractores, uno de los cuales murió baleado en el centro el Buen Pastor, destapó la serie de aprietos en los que se encuentran las autoridades de la capital del Valle para manejar esta problemática. Días antes se había presentado un hecho similar en el Centro de Formación Valle del Lili, con daños en locaciones y mobiliario.
Según voceros de la Alcaldía de Cali, aunque el número de cupos en estos centros pasó de 158 en 2008 a 619 este año, el mayor problema es que no alcanzan los espacios para alojar a estos muchachos. Sobre todo porque, como advierte la Policía, bandas organizadas acuden a menores para cometer delitos como hurto y sicariato. Según el director regional del ICBF, Jhon Arley Murillo, cada mes unos 200 menores son aprehendidos en el Valle.
El alcalde Rodrigo Guerrero asegura que en estos sitios se puede estar formando una “universidad del crimen”, toda vez que se alberga en el mismo lugar a menores con quienes tienen un recorrido delictivo. Por eso, el defensor Carlos Rodríguez hace énfasis en la agresividad demostrada por parte de los jóvenes en los últimos incidentes. El director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, considera que se debe replantear la legislación penal para permitir que quienes hayan cumplido la mayoría de edad pasen a cárceles para adultos. En el Valle del Lili hay 150 con mayoría de edad, y 124 en el Buen Pastor. La Defensoría del Pueblo y la Personería coinciden en que faltan acciones para la resocialización y para prevenir que más niños y adolescentes caigan en las redes de delitos. Guerrero propone programas de rehabilitación, por medios de granjas o talleres, y Murillo insiste en una estrategia de prevención que aleje a estos jóvenes de las drogas y las pandillas.
El problema de los cupos no parece tener solución a la vista, pues las autoridades debieron reversar la idea de adecuar antiguas bodegas de la Licorera del Valle para ese fin. Los vecinos salieron a protestar al ver los desmanes del domingo.
El secretario de Gobierno del Valle, Jorge Homero Giraldo, anunció recursos para reforzar la capacidad de los centros Valle del Lili (269 cupos) y el Buen Pastor (350), mientras se construye en Buga otro centro, que estaría listo en tres años.
Por ahora, las autoridades de Cali ordenaron el traslado de algunos de los menores amotinados a otras ciudades para alejar a los “líderes negativos”.
Medellín: más coordinación
Piden que entidades trabajen de la mano
La fuga de ocho menores en menos de dos semanas del centro La Acogida también ha puesto la mirada sobre esta problemática en esa región. Según el director regional del ICBF, César Darío Guisao, además de los problemas de infraestructura, es fundamental que las entidades a cargo de la resocialización trabajen mancomunadamente no solo para evitar las fugas. Además pide profundizar en el modelo educativo, que ayuda a que los menores se vinculen de nuevo a la sociedad.
Bogotá pide inversión
La mayor Debilidad, en infraestructura
La Policía de Infancia y Adolescencia radicará hoy una petición ante el ICBF, las Comisarías de Familia y la Secretaría de Gobierno para denunciar debilidades en infraestructura, no solo del centro El Redentor, donde en diciembre pasado se presentó un motín, sino de los otros tres sitios de reclusión de menores en Bogotá: Bosconia, Centro Especializado de Atención Transitoria -Ceta- y el Hogar Femenino. Las fallas van desde iluminación deficiente de predios, muros de poca altura y garitas en pésimo estado hasta hacinamiento.
REDACCIÓN JUSTICIA
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