Lejos de ser una idea religiosa, es esencial para construir y asumir un destino común.

Con rectificación y colaboración, el país maduraría hacia un perdón social y una fórmula jurídica para que responsables del holocausto del Palacio de Justicia 'no se pudran' en prisión, afirma el autor.

La idea de la reconciliación no es solo un concepto religioso. En términos prácticos, significa la capacidad de una sociedad, dividida por el conflicto y la violencia, para construir y asumir un destino común.

Pero para ello se requiere un enfoque restaurativo en el que víctimas, victimarios, comunidades y sociedad seamos capaces de reparar los daños causados, restaurar los vínculos y la confianza perdida, para entonces sí poder decir: construyamos algo nuevo, pero, ¡hagámoslo juntos!

Quizás el asunto más polémico de cara a la reconciliación es el tema del perdón. Y, de nuevo, deberá decirse que no se trata de un asunto religioso o espiritual solamente.

Su dimensión es muy humana, nada fácil de abordar, pero decididamente crucial si de lo que se trata es de evitar nuevas fuentes de odio y el inicio de otros ciclos de violencias y venganzas por cuenta de una paz mal hecha.

Reconciliación pendiente

Hace poco tuve un encuentro dramático en relación con la enorme dificultad que será para este país encontrar la reconciliación. Para el caso que me ocupa, el asunto tenía que ver con el tema del Palacio de Justicia, a propósito de que en la publicación Memorias de abril (Planeta, 2010) yo abordaba específicamente el tema desde un lugar en el que tuve conocimiento directo de los hechos, estando al lado de Álvaro Fayad y Carlos Pizarro (capítulo Mi versión del Holocausto) y desde otro (capítulo Pedir perdón) en que, como ex combatiente, reclamaba a mis compañeros por un actitud en la que, frente a ese trágico y doloroso hecho, fuésemos capaces -sin vacilaciones ni atenuantes- de pedir perdón.

El dramatismo de ese momento surgió de dos posiciones radicalmente antagónicas en el marco de una reflexión académica que había sido convocada para el tema, justo en la coyuntura en que el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, vinculado al caso del Palacio de Justicia, había recibido una fuerte sanción penal por el caso de los desaparecidos. Ya finalizando, alguien tomó la palabra para apoyar una idea controversial que yo había sugerido un poco antes en el sentido en que, con todos los cuidados necesarios, incluido el momento oportuno, el tema de las responsabilidades militares y policiales en la operación del Palacio de Justicia, más temprano que tarde, había que ponerlo en el marco de una justicia especial o, para ser más precisos, transicional.

Pero, poco después, ya saliendo del recinto, alguien a quien no conocía me cerró el paso para increparme casi violentamente por mi posición.

Al lado de un repertorio de palabras fuertes llenas de ira y sentimiento, aquella ciudadana trataba de argumentar sobre lo que creía "aberrante" de mi postura aduciendo que yo no podía igualar el tratamiento jurídico que una sociedad y un Estado dan a personas al margen de la ley cuando estas deciden suscribir un acuerdo de paz, y el que se debe otorgar, en todo tiempo y lugar, a los funcionarios, en especial miembros de las Fuerzas Armadas, cuando estos transgreden gravemente las normas y la ley.

Debo admitir que dicho reclamo es válido y debe ser escuchado y atendido. Yo sigo creyendo firmemente que si vamos en pos de la reconciliación, la enorme asimetría entre el indulto al M-19 y las duras condenas a los militares por su actuación en el Palacio de Justicia debe ser resuelta satisfactoriamente.

No es solo un reclamo de los implicados y sus familias sino también de buena parte de la opinión pública. ¿Se justifica que, por un mismo hecho, aunque por actuaciones distintas, unas personas, como los ex miembros del M-19, gocen de plenas garantías, mientras algunos militares van hacia el pago de largas condenas?

Justicia transicional

El argumento de una justicia transicional aplicada a los militares por este caso sigue siendo el mejor de los escenarios posibles, pero no puede asumirse a cualquier costo ni de cualquier manera, pues se trata de un escenario que debe llevar al esclarecimiento de los hechos y a reparar vínculos entre ofensores, ofendidos y la sociedad.

Una actitud de solidaridad de cuerpo, según la cual, lo actuado era una necesidad y se justificaba; enaltecer como 'heroísmo' lo que a todas luces fue un exceso repudiable; no aceptar el error cometido y no pedir perdón honesto por ello, además de no estar contribuyendo al pleno esclarecimiento de los hechos (en particular, la situación de los desaparecidos), son hechos contrarios a la posibilidad de aplicar ahora un camino judicial transicional, que es, repito, el mejor camino.

Pero, al contrario, si hay rectificación y colaboración, este país puede madurar hacia un perdón social y una fórmula jurídica para que los responsables no se 'pudran' en la cárcel, como es del decir más popular.

La verdad debe ser plenamente establecida, los responsables deben ser enjuiciados y condenados por lo que les competa, y luego sí podrán mirarse mecanismos como una ejecución condicionada de la pena.

Rectificar y pedir perdón

Para quienes estuvimos en el M-19 las condiciones son distintas, pero aún persiste un requerimiento sobre nuestras responsabilidades, que no encuentra el momento de ser atendido satisfactoriamente.

Es claro que, al menos en la dimensión política y moral, hay responsabilidades colectivas, pero en lo penal estas son solo individuales, a menos que prospere la tesis de una responsabilidad compartida, que, algunos sugieren, es aplicable tanto al M-19 como a los militares. Pero el M-19 ya firmó y ha honrado plenamente el pacto de paz que suscribió en marzo de 1990.
Violentarlo no tendría argumentos políticos y sería el peor de los escenarios para la paz ya pactada, y la del porvenir.

Lo que sí cabe es aportar lo que pueda faltar al esclarecimiento de los hechos, enalteciendo de manera más pública, más fuerte y más colectiva la rectificación y la petición de perdón ante las víctimas y la sociedad.

Y avanzar con audacia hacia algo más, que una parte de la sociedad aún nos reclama, pero que no debiera ser el intento por llevar a juicio con implicaciones penales al M-19, sino más bien la de rendir cuentas ante un tribunal simbólico, de honor, de las más altas calidades éticas y políticas.

Veinticinco años después, en relación con la toma del Palacio de Justicia, es imperativo avanzar en esclarecimiento, justicia y reparación, pero no para permanecer en o abrir nuevas heridas, sino en el camino de una auténtica reconciliación.