Alimentos vendidos por Carlos Gómez al centro médico aparecen por valores superiores a los reales.

Carlos Julio Gómez Doncel, padre del cuestionado contratista Julio Gómez -condenado a cinco años por su responsabilidad en el 'carrusel' de la contratación en Bogotá- tendrá que responder penalmente por el despilfarro denunciado en el Hospital de Meissen.

Según la investigación de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, en el almacén de Gómez Doncel el hospital compró vinos y otros costosos alimentos que supuestamente hacían parte de la dieta de los pacientes.

La Fiscalía encontró sobrecostos en las facturas de esos artículos, que en algunos casos llegaron hasta el doble del valor real.

En un solo día el hospital de Meissen giró al almacén de los Gómez, ubicado en el sector de Abastos, en Bogotá, más de 60 millones de pesos en productos.

Por eso, el próximo 3 de septiembre, Gómez deberá asistir a una audiencia de imputación de cargos, la cual fue programada ayer por petición de la Fiscalía. A la diligencia también serán citados el exgerente del hospital, Carlos Lizcano, y otras tres personas.

El ente acusador les formulará cargos por los delitos de peculado, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.

Lizcano, quien sería una de las fichas del exsenador Iván Moreno para entregar obras a varios enredados en el 'carrusel' de la contratación, ya estaba bajó investigación de la Fiscalía.

La investigación se inició de oficio hace dos meses por las denuncias públicas del secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Días después, el fiscal del caso realizó un allanamiento en el hospital y empezó el examen de los contratos. En al menos 20 hallaron irregularidades que habrían ocasionado un millonario detrimento patrimonial.

En el expediente también aparecen enredados dos médicos y Marlén Sierra, exdirectora administrativa del Meissen y quien es esposa de Jesús González, exsubgerente administrativo del hospital Simón Bolívar.

Contra las cinco personas investigadas inicialmente la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento.

El exgerente del Meissen había sido mencionado por el excongresista Germán Olano, preso por el escándalo de la contratación en Bogotá, como parte de un grupo de personas que supuestamente obedecían a los intereses del senador Iván Moreno.

La investigación es realizada por un grupo especial de fiscales dedicados exclusivamente a examinar los presuntos hechos de corrupción en hospitales de Bogotá y el entramado de tráfico de influencias que habría desde sectores como el Concejo.
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Anoche, durante la audiencia en Paloquemao, el excontratista Emilio Tapia aceptó su responsabilidad en el cargo de concierto para delinquir, uno de los tres que le imputa la Fiscalía por su presunta participación en el 'carrusel de la contratación'. Los otros son: interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. De acuerdo con el Fiscal del caso, quien no pidió cárcel para Tapia, entre 2008 y 2010, el contratista sirvió de intermediario entre contratistas, particulares y funcionarios para, a cambio de comisiones, concertar la adjudicación de contratos de malla vial y de valorización en Bogotá. En el caso del abogado Álvaro Dávila, la Fiscalía completa más de un año sin concretar la imputación de cargos, y sobre Julio Gómez se espera que un juez decida sobre un preacuerdo.