María del Pilar Hurtado había sido solicitada en extradición por la Fiscalía colombiana.

Fuentes oficiales indicaron que Panamá decidió, este viernes, mantenerle el asilo político a Hurtado porque consideró que la extradición no es viable, de acuerdo con la legislación de este país y con el acuerdo bilateral de extradición. 

El ministerio panameño de Relaciones Exteriores, en un extenso comunicado, enumeró las cuatro razones para rechazar la solicitud del Gobierno de Colombia, que son: la defensa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención sobre el Asilo Territorial, así como el ordenamiento jurídico nacional y el decreto ejecutivo que en noviembre pasado le concedió el asilo.

Además, el país resaltó su larga tradición histórica de otorgar asilos políticos, "que se remonta al periodo previo a la era republicana".

En su momento, la Cancillería panameña indicó que el asilo otorgado a Hurtado era "una decisión del gobierno nacional con miras a contribuir a la paz y estabilidad de la región y ofrecer seguridad a una persona".

Hurtado se encuentra llamada a juicio ante la Corte Suprema de
Justicia por las interceptaciones ilegales realizadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, periodistas y miembros de la oposición.

La exdirectora del DAS goza de asilo pólítico en Panamá desde noviembre del 2010, ya que asegura que en Colombia no hay garantías para su proceso.

En enero de este año, dos grupos de personas viajaron al vecino país para mediar, uno a favor y otro en contra de la extradición de Hurtado a Colombia.

Primero viajó el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el periodista Hollman Morris, quienes intentaron desvirtuar el argumento, entregado por Hurtado, de que no puede regresar a Colombia porque es perseguida políticamente.

Para sustentar la petición de que le fuera retirado el asilo político, ellos entregaron varias pruebas, entre las que se encuentran certificaciones de varias intituciones colombianas en las que se asegura que Hurtado no es objeto de amenazas ni persecuciones.

En contraposición, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el colectivo de abogados y Morris tienen nexos con grupos terroristas en Colombia, especialmente con las Farc, y por eso hacen esas afirmaciones.

Además, el diario panameño 'La estrella' dio a conocer un video en el que aparece Hurtado reunida con abogados que fueron enviados a Panamá por Uribe para defenderla.

En Colombia, además, hay una medida de aseguramiento, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, en contra de Hurtado.

A raiz de esta decisión judicial las autoridades colombianas le solicitaron a la Interpol que expidiera una circular roja contra la exfuncionaria.

Sin embargo, la Oficina de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Interpol, en Lyon (Francia), informó a las autoridades colombianas que negaba la expedición de la circular, argumentando estatutos internos de ese organismo.

En Colombia, Hurtado es juzgada junto con el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, por el caso de las 'chuzadas'. 

Moreno y Hurtado son acusados por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, mientras Panamá le mantenga el asilo político a Hurtado, no se le podrá hacer un juicio en Colombia por estos delitos.

Con EFE