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'Organismos civiles deben participar en desminado': OEA

La OEA cuenta con US$3,5 millones y un grupo de 360 militares colombianos para el desminado.

ALVARO LESMES
Carl Case, director de la Oficina de Acción Contra las Minas de la Organización de Estados Americanos (OEA), está en Colombia para entregar, luego de tres años de trabajo, el primer municipio libre de minas antipersonales.
Se trata de San Carlos, en Antioquia, un municipio al que la misión de la OEA llegó en el 2009 porque era uno de los lugares en los que ocurría mayor número de accidentes por minas. Hoy, no solo es territorio seguro, sino que además se implementaron proyectos productivos y de desarrollo.
La misión de la OEA contra las minas en Colombia, liderada por el coordinador Regional para América sel Sur, Guillermo Leal, cuenta con un presupuesto de 3 millones y medio de dólares y un grupo de 360 militares colombianos realizando el desminado humanitario.
Sin embargo, el trabajo que actualmente se realiza en 14 municipios, podría verse afectado si el país no permite la entrada de organizaciones civiles.
¿Cómo llega a Colombia el programa contra las minas?
Con Colombia firmamos un acuerdo marco el 5 de marzo de 2003 y  en el año 2005, por solicitud de la vicepresidencia, empezados a organizar un proyecto para hacer el desminado de instalaciones militares. Fueron 35 bases militares alrededor del país, donde los militares colombianos habían sembrado minas para proteger las instalaciones y Colombia como firmante de la Convención de Ottawa estaba obligado a eliminar esos campos. Terminamos en julio de 2010 el desminado de los 35 batallones militares.
¿Cómo ha cambiado el panorama para realizar el desminado en los últimos 9 años?
Mucho, hasta el 2005 nadie estaba pensando hacer desminado humanitario y mucho menos en comunidades. Simplemente en el 2005 y 2006 el pensamiento del Gobierno fue ‘vamos a realizar el desminado para cumplir con nuestra obligación en la Convención de Ottawa’. Pero también tenía la obligación de desminar las zonas que fueron minadas por los grupos ilegales y ahora están mirando hacia el futuro para identificar más zonas donde se puede hacer el desminado.
¿Por qué Colombia debería permitir que los civiles realicen el desminado?
El aspecto más fuerte de permitir que organizaciones civiles desminen es porque ellos van a llegar con sus propios recursos.  Algunos donantes de esos recursos no tienen problemas con la idea de que los militares sean quienes desminen, pero en otros casos hay donantes no están de acuerdo en financiar el desminado por militares y mientras Colombia no permita que civiles desminen esos recursos se van para otros países.
¿Quiénes son esos donantes y por qué no están de acuerdo con el desminado por militares?
Dentro de la comunidad donante hay varios importantes como Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia que siempre han favorecido las organizaciones civiles en el desminado, porque quieren mantener una neutralidad e imparcialidad. Esos países podrían complementar el apoyo de los donantes principales de la OEA, que son Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Japón y fácilmente se duplicaría la ayuda para el desminado humanitario en Colombia.
¿Quiénes realizan el desminado en Colombia?
En las Américas tenemos un caso excepcional porque los militares prácticamente han dominado la práctica del desminado humanitario. No necesariamente es una tarea para los militares y lo que se ha propuesto desde el año 2009 es que el Gobierno permita que las organizaciones civiles que tienen mucha experiencia en otras partes del mundo ingresen a Colombia para ser acreditadas para hacer el mismo tipo de labor acá. Hasta ahora en Colombia el desminado no se ha realizado con civiles, pero es muy común que se haga en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo estuve en Irak y casi todo el desminado que se está realizando es por organizaciones civiles.
¿Es posible que de los actuales donantes algunos se retiren al ver que en Colombia aún los civiles no hacen el desminado?
De hecho esta semana dos  organizaciones no gubernamentales de desminado humanitario, Mines Advisory Group, MAG, de Reino Unido, y Danish Demining Group, de Dinamarca, han anunciado su salida del país.
Precisamente el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció sobre ese tema y lo que él piensa es que si se permite que los civiles realicen el desminado sería involucrarlos indirectamente en el conflicto. ¿Qué opina de eso?
Desde la experiencia sabemos que hay que tener una zona consolidada para trabajar en el tema de desminado humanitario, porque si no, no se puede contar con la colaboración de la población civil y sin la ayuda de la población afectada las actividades no son muy eficientes ni eficaces. Yo creo que hay muchos lugares donde existe la seguridad necesaria y un espacio humanitario para trabajar.
Con respecto  al pronunciamiento de la Procuraduría creo que hay que mirar muy bien las condiciones que se han establecido por parte del programa presidencial para facilitar la entrada de las organizaciones civiles. Desde el año 2009 Colombia ha hecho el compromiso para permitir el desminado por organizaciones civiles en el país y el  programa presidencial ha laborado bastante en los últimos dos años para construir una estructura normativa para permitir que civiles puedan trabajar en el desminado sin el mayor riesgo tanto para los desminadores como para la población civil.
¿Es decir que para ustedes es factible que en Colombia los civiles realicen el desminado?
Existe un marco legal en términos de una decisión de la Corte Constitucional en 2008 que dijo al Gobierno que debe permitir la entrada de organizaciones civiles que deben permitir el desminado en Colombia.
Después, en 2010 la ley 1421 que aprobó el Congreso para establecer que los civiles puede hacer el desminado y el decreto del año pasado por parte del Presidente y el Ministerio de Defensa. Yo creo que existen condiciones para permitir eso, pero hay que coordinar eso con la Procuraduría para establecer y satisfacer al procurador que lo que existe en términos de estructura es adecuado.
Estamos pendientes de una decisión final del ingreso de las organizaciones civiles. Yo creo que existe un marco legal para permitir el ingreso dentro de esas condiciones que el programa presidencial está regulando la actividad de las organizaciones civiles que no estarán donde quieran, sino que trabajarán en un espacio que se les asigne.
¿Por qué el conflicto de si son civiles o militares quienes realizan el trabajo?
Para mí no debe haber conflicto, yo creo que hay intereses que dicen que prefieren a los militares y hay otros intereses que prefieren civiles, pero, por ejemplo, Naciones Unidas por muchos años ha mantenido una política en contra del uso de militares en el desminado humanitario en situación de conflicto. Cuando una institución militar es parte del conflicto y realiza el desminado hay un conflicto de interés.
¿Qué sería lo ideal?
Lo ideal sería un sistema mixto entre las unidades militares, que ya tienen una capacitación y pueden trabajar en zonas de riesgo, pero también  hay otras zonas con las condiciones de seguridad donde los civiles pueden trabajar sin que se afecten las personas que realizan el desminado. La comunidad donante internacional ve con buenos ojos ese sistema mixto porque ha dado resultados en otros países.
Es importante resaltar que estamos para apoyar al Gobierno de Colombia. En ningún momento hemos pretendido criticar el informe preliminar de la Procuraduría.  Confiamos en que el Gobierno colombiano dé los argumentos para que la Procuraduría entienda que hay una estructura detrás de esta iniciativa del desminado con civiles.
Colombia es el segundo país en número de víctimas por minas, pero el 18 en atención ¿Qué estrategias se pueden usar para garantizarla la atención?
Hay en Colombia un sector privado muy fuerte que puede apoyar. Nosotros  apoyamos para que la gente tenga acceso a los servicios y presentamos soportes administrativos en ese sentido, pero nosotros como OEA tenemos una capacidad muy limitada en eso.
Me imagino que gran parte del problema de la desatención a las víctimas que estas personas viven en zonas que no son completamente consolidadas y la gente está muy aislada.  Quizá el Gobierno debe revisar la ley y hacer excepción en casos en que la gente no haya sido registrada porque vive muy lejos y dejar abierta la posibilidad que se registre como víctima luego del tiempo estipulado para que pueda acceder a los beneficios. Eso es fundamental.
Para nosotros es importante, cuando llegamos a un lugar a desminar, identificar a las personas que nunca han sido atendidas, pero solo estamos trabajando en 14 municipios. Hay escases de organizaciones que tienen recursos para atender a las víctimas, pero a la vez hay muchas organizaciones civiles con recursos que quieren venir a trabajar.
¿Tiene sentido desminar en el marco del conflicto?
No solo tiene mucho sentido, sino que por el contrario lo que no tiene sentido es esperar hasta el fin del conflicto en la totalidad del país para desminar. Obviamente existe la posibilidad de que las condiciones de seguridad cambien y tengamos que abandonar algunas misiones, como nos ha sucedido en tres de los 14 municipios en los que estamos trabajando, pero mientras se pueda trabajar y mejorar la vida de las personas se debe intentar y en Colombia ya hay muchos municipios que cuentan con las condiciones de seguridad para realizar desminado humanitario.
Durante tres años trabajaron en San Carlos y hoy lo van a entregar libre de minas ¿Cuántas sacaron?
La eficiencia de un trabajo de desminado no se mide por la cantidad de minas que encuentras, sino por la cantidad de territorio que puedes garantizar que es seguro. En San Carlos sacamos  63 artefactos improvisados y seis muses (municiones sin explotar), pero son más de un millón trescientos mil metros cuadrados en los que tenemos la certeza de que son seguros para los pobladores.
¿Cómo hacer para qué un municipio como san Carlos no vuelva a ser minado?
Depende mucho de la seguridad. Sin mantener esa seguridad es algo que se puede perder. Es un esfuerzo integral, no solo del desminado sino de toda la parte consolidación de esos municipios y del departamento que está en conflicto.
¿De la experiencia en San Carlos qué se puede rescatar para futuras misiones?
El modelo que desarrollamos principalmente en San Carlos es que tiene que ser un esfuerzo integral. El desminado depende también de la educación en el riesgo para la comunidad. Recibimos información de los pobladores de las zonas de peligro donde ellos están evitando, recibimos información sobre las prioridades de la comunidad y eso nos facilita preparar el terreno para el desminado  y a la misma vez involucrar a los pobladores con algunos proyectos productivos. San Carlos ha sido el campo de prueba para lo que queremos hacer en otros municipios y por eso San Carlos tiene mucha importancia para demostrar que el proceso funciona.
ALVARO LESMES
REDACCION JUSTICIA
ALVARO LESMES
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