Alejandro Ordóñez desestimó que haya emitido una circular para regular las redes sociales.

"No es cierto por cuanto es respetuoso de la libertad de expresión garantizada por el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia", afirmó el jefe del Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.

La especulación en algunos medios de comunicación causó revuelo entre políticos y gobernantes, que rechazaron de tajo una posible regulación de este tipo de comunicación, en auge desde hace dos años.

Por ejemplo, el representante a la Cámara Simón Gaviria afirmó que "esa red social es un muy buen medio para comunicarse con la gente. Para que los ciudadanos sepan de primera mano qué piensan y qué hacen sus dirigentes"

"Regular el uso de Twitter es como si en su momento se hubiera querido regular el uso de celular o del correo electrónico", agregó Gaviria una vez el tema se conoció públicamente.

Sin embargo, la Procuraduría General de Nación sí dejó saber que "es indudable que los funcionarios públicos tienen un marco funcional dentro del cual deben ejercer sus competencias y la Procuraduría está vigilante para que ellos se adecuen a ese marco", resalta el documento sobre lo que sería el único pronunciamiento de Ordóñez frente al tema, el pasado 15 de marzo.

Añadió que "las decisiones administrativas cuentan con unas formalidades que deben ser respetadas y observadas".

A propósito de las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación con respecto a que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, reglamentaría el uso de la red social Twitter u otras redes sociales por parte de los servidores públicos a través de una circular o algún otro documento, el jefe del Ministerio Público precisa señalar que ello no es cierto por cuanto es respetuoso de la libertad de expresión garantizada por el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.

Lo que sí es cierto es que el procurador general de la Nación manifestó sobre este tema, en una única oportunidad el 15 de marzo de 2012, que: "Es indudable que los funcionarios públicos tienen un marco funcional dentro del cual deben ejercer sus competencias y la Procuraduría está vigilante para que ellos se adecúen a ese marco", añadiendo que "las decisiones administrativas cuentan con unas formalidades que deben ser respetadas y observadas".

REDACCIÓN JUSTICIA