Su estado y ubicación representan grave riesgo para la navegabilidad. Sacarlos vale $2.000 millones.

Desde hace cinco años, en San Andrés, los barcos que entran con alimentos y mercancía tienen que hacerles el quite a dos naves que bloquean la mitad de la boca del puerto.

Se trata de los buques Taru II y Taru III, decomisados entre el 2007 y el 2008 por haberse hallado en su interior más de 200 kilos de coca. Si bien fueron entregados para su administración a la agonizante Dirección de Estupefacientes, hoy están oxidados y a punto de hundirse.

Su estado y ubicación afectan el funcionamiento del puerto, que recibe mensualmente 16 toneladas de mercancías para los pobladores y el turismo, la principal actividad económica de la isla.

"La situación de las motonaves es crítica y presenta un riesgo potencial de inmersión, que afectaría el normal desarrollo de las actividades en la instalación portuaria y a la población", advierte un informe de la Superintendencia de Puertos enviado a la Procuraduría hace 10 meses.

El Taru II mide 55 metros de eslora (largo) por 9,3 metros de manga (ancho), y el Taru III, 62 por 11. El sitio donde están varados tiene escasos 30 metros de ancho y cinco de profundidad, de manera que hoy solo cabe otro barco.

En una audiencia pública, el 25 de julio, el gerente del puerto, Yesid Turbay, también manifestó su preocupación de que en la próxima temporada invernal los vientos los hagan colapsar. "Su hundimiento conllevaría daños irreparables en el territorio insular", dijo.

Estupefacientes ha recibido continuos llamados para que frene el riesgo, pero hasta ahora no ha tomado medidas.De hecho, tras la audiencia, la Procuraduría le instauró un incidente de desacato.

Las salidas que se le han planteado van desde hundir los buques donde están, hasta llevarlos a un recodo de la isla. Pero para los ambientalistas, el daño al ecosistema sería irreparable en ambos casos. Lo ideal sería remolcarlos a Cartagena, pero Estupefacientes no tiene los 2.000 millones de pesos que cuesta la operación.

Por lo pronto, según el jefe de la Capitanía de Puerto, David Alejandro Escobar, se espera que en septiembre un buque de la Armada limpie 14 mil galones de aceite con agua de los cuartos de máquinas para prevenir que contaminen el mar.

Pero acaba de surgir un nuevo lío. El dueño de los buques, Carlos Archibold, le ganó una demanda al Estado que obliga a Estupefacientes a devolverlos en perfecto estado. El Gobierno apeló, pero si pierde, tendría que pagar una millonaria indemnización.

EL TIEMPO intentó hablar con María Mercedes Perry, liquidadora de Estupefacientes, pero no respondió.

u.investigativa@eltiempo.com

Juez ordenó devolverlos

Exoneró al dueño, que pide indemnización

A la Marítima Providencia y Carlos Archibold, dueños de los buques Taru II y Taru III, los acaban de exonerar de narcotráfico. El fallo lo profirió el juzgado tercero del circuito especializado de extinción de dominio, de Bogotá, abriendo las puertas a una millonaria reclamación al Estado.

"Nos habían condenado sin verificar que la droga era de terceros", dijo Carlos Archibold, hijo del dueño de la naviera. En este caso fueron capturados el capitán de uno de los barcos y cuatro tripulantes que se sometieron a sentencia anticipada.

Archibold agregó que cerraron la naviera al no poder sostenerla con un solo barco y que demandaron a Estupefacientes. "Los barcos valen 5.000 millones más daños y perjuicios".

UNIDAD INVESTIGATIVA