Por su condición fue expulsada del hogar comunitario que tenía a cargo.

El trato dado a una mujer, rechazada para continuar a cargo de un hogar comunitario en Cali por ser portadora del VIH, generó un fuerte llamado de atención de la Corte Constitucional al Instituto de Bienestar Familiar.

Desde que la mujer comunicó voluntariamente que era portadora del VIH fue presionada con sanciones que terminaron con el cierre del hogar al que estuvo vinculada por 21 años, señaló la Corte.

En un fallo de tutela, el tribunal ordena reintegrar a la mujer al Programa de Madres Comunitarias y afiliarla a un plan de salud y de seguridad social, y reconocerle los aportes que dejó de pagar desde que fue despedida.

La Corte advierte que la entidad no puede exigir como requisito de acceso al programa o de permanencia en este pruebas para determinar la infección del sida.

REDACCIÓN JUSTICIA