Hay 22 centros de detención, donde permanecen 2.400 jóvenes, entre 14 y 17 años, según el ICBF.

Los recluidos son declarados por la justicia como responsables de cometer delitos.

Los delitos por los que han sido privados de la libertad son secuestro, homicidio y extorsión. La cifra de detenidos ha venido en aumento porque en la Ley de Seguridad Ciudadana se incluyeron como delitos porte ilegal de armas, abuso sexual y tráfico de drogas.

Francia López, subdirectora de Responsabilidad Penal del ICBF, señala que un 20 por ciento de los procesados son reincidentes en conductas delictivas.

Durante su permanencia en estos centros, los menores reciben una formación académica y apoyo psicológico especializado para lograr su rehabilitación.

Los reclusorios dependen del ICBF y la seguridad es prestada ahora por la Policía. Aunque no hay cifras oficiales sobre fugas, este año hay registros de 11 que se escaparon del centro de Popayán y 18 del de Valle del Lili, en Cali.

El ICBF reconoce que hay hacinamiento, como ocurre en las cárceles del país. Un informe oficial señala que la sobrepoblación es de casi 10 mil menores.

La Procuraduría ha alertado por falta de instalaciones sanitarias, falta de cupos, y la alimentación es precaria.

El Gobierno proyecta invertir cerca de 30.000 millones de pesos para mejorar tanto las condiciones como la seguridad en estos reclusorios.

REDACCIÓN JUSTICIA