Juzgado quinto de ejecución de penas de Cali ordenó su libertad por pena cumplida.

A menos de cinco días de las elecciones para gobernador en el Valle, el polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra -condenado por parapolítica y considerado como uno de los poderes en la sombra más influyentes en la política de ese departamento- recobrará su libertad.

El juez quinto de ejecución de penas de Cali consideró que Martínez, quien fue sentenciado a siete años y medio de cárcel por aliarse con los paramilitares de la zona pacífica, ya tiene derecho a la libertad condicional. En prisión, el político vallecaucano sumó 38 meses desde su captura, el 29 de abril del 2009.

En marzo pasado, otro juez de ejecución de penas, este de Barranquilla, le dio el beneficio de casa por cárcel -lo cumplió en su casa en zona rural de Yumbo, a donde fue remitido ante la muerte de su esposa, para asumir como cabeza de hogar- y le avaló 18 meses de redención de la pena.

Desde prisión, Martínez seguía dando avales políticos y decidiendo sobre candidaturas en el Valle y en las listas a Congreso. Tras cumplir apenas tres años de condena, el político volverá a las calles, una vez sea notificada la decisión del juez.

El exsenador estaría tras el PIN y el MIO, partidos relacionados con los destituidos gobernadores del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche.

Aunque desde hace más de un año, tras información revelada por EL TIEMPO, se había anunciado una revisión sobre las certificaciones laborales y de estudio en prisión que obtuvo el excongresista, finalmente esas horas fueron validadas por el juez de garantías para acelerar la salida del parapolítico.

Según los certificados expedidos en La Picota, de Bogotá, Martínez trabajaba en 'agricultura urbana' y 'manejo de fibras' cuando en realidad estaba asistiendo a citas con su odontólogo y con su nutricionista. 

Eso pasó, por ejemplo, el  14 de julio del 2009, cuando le certificaron 8 horas de trabajo en la famosa granja de los 'parapolíticos' el mismo día que estaba en una clínica del norte de Bogotá en un chequeo médico por el baipás que se había hecho semanas antes para controlar el sobrepeso.

Tan solo por su estadía en Bogotá, Martínez logró que le descontaran de su pena 4 meses y 21 días, y fracasó en su intento de que le valieran otras 904 horas que supuestamente trabajó los domingos, día no autorizado y cuando normalmente los presos tienen visitas.

Los escándalos de Martínez en la cárcel tampoco incidieron en las valoraciones de los jueces de penas que le concedieron los beneficios. Incluso, le certificaron "buena conducta" y que no reportaba "desobediencia penitenciaria", a pesar de que su traslado a Barranquilla fue precedido de una estruendosa fiesta con la que celebró su cumpleaños en pleno pabellón de los 'parapolíticos' y de que hasta tumbó paredes de la cárcel para hacerse una celda más grande.

En marzo pasado, un juez de Barranquilla le había otorgado detención domiciliaria luego de que el excongresista interpusiera una tutela alegando que era padre cabeza de familia, tras la muerte de su esposa.

El exsenador, quien estaba siendo vigilado con brazalete electrónico, también había disfrutado del permiso de 72 horas.

Martínez, condenado por el apoyo de las AUC para su campaña al Senado en el 2002, es considerado uno de los grandes poderes políticos en el Valle.

Sobre Martínez, según reveló el año pasado el general Óscar Naranjo, ex director de la Policía, hay investigaciones que supuestamente lo relacionan con el narcotráfico y que podrían incluso ponerlo en la mira de los Estados Unidos para una eventual extradición.

El Inpec informó ayer que fue notificado de la salida del exsenador Martínez, a la que se debía dar cumplimiento.
Funcionarios del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Cali se abstuvieron ayer de dar declaraciones, argumentando que "lo delicado del caso e implicaciones impedían que la titular del despacho se pronunciara".

Desde el primero de diciembre del 2006, cuando 58 paramilitares fueron sacados de Ralito y trasladados al centro de reclusión en La Ceja (Antioquia), empieza a correr la pena de los 'paras' desmovilizados en el marco de la ley de justicia y paz.

Así lo estableció la Corte Suprema al dejar en firme la condena de ocho años contra Jorge Iván Laverde Zapata, el 'Iguano', exjefe del frente Fronteras de las Auc, al que solo le quedan dos años de cárcel.

Con esta sentencia, la Corte resuelve el vacío que había dejado la ley sobre la fecha en que comienzan a correr esas penas.

El fallo, que "no incluye" los meses que estuvieron concentrados en Ralito, aplicaría para los 2.954 postulados colectivos a la ley que sean condenados antes del primero de diciembre del 2014. Pero el Gobierno trabaja en una fórmula para impedir que queden en libertad hasta que ellos colaboren con verdad y reparación.

El 'Iguano' es el paramilitar que implementó el macabro uso de hornos para desaparecer a sus víctimas. Laverde, quien fue sentenciado por 32 hechos delictivos que dejaron un total de 170 víctimas en Cúcuta, admitió el asesinato de más de 4.000 personas. Pese a que se teme que por esta misma vía miles de postulados puedan pedir libertad por vencimiento de términos en un par de años, la Corte ha sido clara en asegurar que mientras no hayan sido condenados no pueden acceder a los beneficios de pena alternativa de 8 años.

REDACCIÓN JUSTICIA
*Con información de la Redacción de Cali