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Decreto que reglamenta ley por ataques con ácido estará en una semana

Con este se pretende incrementar las penas para los agresores que acudan a esa modalidad.

El anuncio lo hizo este lunes el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quien destacó que “independientemente de la reglamentación, la atención en el POS para estas víctimas ya está lista”. Dijo que solo falta “el protocolo de atención médica”.
De la Ley 1639 del 2013 están pendientes por reglamentar por parte del Gobierno dos artículos.
El primero controla la comercialización de ácidos, para lo cual se debe establecer, a través del Invima, un registro para la venta al menudeo de dichos productos.
Tampoco se ha regulado lo que tiene que ver con la ruta de atención integral para las víctimas, en la que se incluye el apoyo jurídico.
Mientras se implementa dicho protocolo, que también deja claro cómo proceder en caso de atención inmediata en las centrales de urgencias y durante las cirugías reconstructivas, se incorporarán acciones prácticas, como la línea telefónica 155 para atender y prevenir estos delitos.
De igual manera, Iragorri aseguró que “desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en compañía de la Fiscalía, se revisarán los expedientes de todos y cada uno de los 926 casos de ataques con ácido ocurridos en los últimos 10 años, para restituir los derechos de estas víctimas”.
Sumado a esto, el Ministro destacó que la ley incrementó las penas por lesiones personales a los niveles más altos cuando se involucren ácidos o elementos corrosivos, y que, además, la Fiscalía está calificando ese delito “como un hecho de tentativa de homicidio o de tortura”, lo que significa una condena mucho más alta.
El viceministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró que no hay necesidad de reglamentar la asistencia médica, pues “la atención a personas que sufren este tipo de ataques está cubierta integralmente por el POS”.
Agregó que una circular exime a las víctimas de estos delitos de cualquier pago, copago o cuota moderadora por el servicio que requiera y que estos “no pueden ser negados por ninguna circunstancia”.
El general Jorge Nieto, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, destacó que hay “más de 10.000 sustancias que pueden ser utilizadas para afectar a una persona” y propuso controlar su venta.
REDACCIÓN POLÍTICA
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