La senadora compró predios a gente insolvente o condenada. La señalan de lavado de activos.

Por segunda vez en menos de tres años, la senadora del Valle Dilian Francisca Toro tendrá que presentarse ante la Corte Suprema. Este lunes, deberá rendir descargos por presunto lavado de activos conectado a la mafia.  (Siga este enlace para leer: Abren investigación a Dilian Francisca Toro por lavado de activos).

En el 2008, la poderosa congresista del partido de 'la U' -con un récord de 137.000 votos en las elecciones pasadas- ya había sido indagada por presuntos apoyos electorales de jefes 'paras', un proceso que aún tiene abierto. Y hay otro más por presunto tráfico de influencias en la Dirección de Estupefacientes (DNE).

Ahora, las nuevas pesquisas señalan que el caudal electoral de la expresidenta del Congreso (2006) aumentó a la par con su patrimonio y el de su esposo, el exsenador Julio César Caicedo Zamorano, quien le heredó la curul.

Y si bien su éxito en las urnas se podría explicar en el hecho de que Toro ha estado untada de política desde la cuna -su abuelo fue alcalde de Guacarí por casi dos décadas y un primo, congresista-, a la Corte no le cuadran varias de sus adquisiciones patrimoniales.

Los investigadores creen haber hallado un patrón de compras irregulares que compromete a la Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., firma de la que son socios Toro, su esposo y su cuñado Jorge Caicedo, notario tercero de Cali.

Ceiba Verde aparece adquiriendo predios a personas aparentemente insolventes o vinculadas a negocios turbios.

Una finca le fue comprada a un hombre identificado como Fabio César Giraldo Rincón, dueño de Agrigan Ltda. El CTI rastreó su patrimonio y concluyó que no posee capital suficiente para justificar el predio. EL TIEMPO intentó contactar a Giraldo, pero su firma está liquidada. Igual sucede con otro vendedor que ni siquiera tiene EPS o Sisbén.

El propósito de la Corte es descartar que sean testaferros o gente conectada a narcos como Phanor Arizabaleta y Víctor Patiño Fómeque.

La hipótesis pareciera encajar en dos compras, suficientes para emplazar a la senadora, una médica que se inició en la política como concejal y alcaldesa de su pueblo, Guacarí, y a la que se le atribuye una gigantesca burocracia e influencia en el sector salud.

La primera transacción sospechosa es la de un lote de Hans Barney Salazar. Al momento de la venta, Barney ya tenía sobre sus espaldas una condena por lavado, y EL TIEMPO le encontró un proceso por extinción de dominio que no tocó el predio negociado con Ceiba Verde.

'Cita no me hace culpable'

La otra compra es la de San Miguel. Testigos dicen que la finca era de Luis Alfonso Ocampo Fómeque, 'Tocayo', medio hermano del capo Víctor Patiño. Esta cambió de manos luego de que 'Tocayo' fue asesinado en una vendetta.

"No le debo nada a nadie, voy a aclarar la situación", dijo Toro al conocer el llamado de la Corte. Y agregó que demostrará que sus transacciones han sido intachables y que su patrimonio es legal.

Además, aclaró que no ha tenido nexos con narcos o grupos ilegales, haciendo referencia a los supuestos apoyos 'paras' y a declaraciones del capo 'Rasguño' sobre la supuesta financiación de su campaña en el 2002. Toro también dijo que no puede responder por los antecedentes de los vendedores y que estará puntual en la Corte, que definirá si el caso amerita o no orden de captura.

Corte frena capturas
Indagatorias primero, luego definirá arrestos

Desde hace al menos dos meses, está congelada en la Sala Penal de la Corte la captura de un congresista de Antioquia. La razón, el magistrado Leonidas Bustos está impulsando la regla (solicitada por congresistas) de oír primero a los aforados en indagatoria y luego entrar a definir si hay o no captura. El viraje se le aplicó a Dilian Francisca Toro y la Sala piensa oficializarlo. El caso del excongresista del Caquetá Luis Fernando Almario -capturado esta semana- fue una excepción porque había evidencia de que presionaba a testigos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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