Un fallo de tutela que tumbó una condena de 70 meses de prisión impuesta por un juzgado de Riosucio (Caldas) al indígena Embera Chamí Élmer Antonio Valencia por violar a su hijastra de 14 años, desató un nuevo choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

Es la tercera condena por violación contra un indígena que tumba el tribunal constitucional entre enero y agosto de este año. Los otros dos casos sucedieron en Túquerrez (Nariño) -donde la víctima fue otra menor de 14 años-, y en El Guamo (Tolima), en el que la judicatura envió a la justicia ordinaria a un hombre denunciado por violar a su nieta de 9 años.

La Corte dijo que los sistemas de justicia que practican esas comunidades cuentan con mecanismo idóneos para juzgar estos hechos. La Judicatura no comparte esos planteamientos. Por el contrario, insiste en que por mandato constitucional se debe proteger a las víctimas en casos de abuso sexual si son mujeres o menores de edad.

Las víctimas, en estos casos, cuentan con especial protección del Estado y sus derechos predominan sobre el fuero que tienen los indígenas de ser juzgados de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Con esa tesis ha enviado a la justicia ordinaria  los 36 casos por abuso sexual que han llegado a esa corporación en el último año por conflicto de competencia.

La Corte aceptó el argumento del gobernador indígena del resguardo La Montaña de Riosucio, quien aseguró que su cultura rechaza y castiga cualquier agresión contra un niño, una niña o un anciano. Sin embargo, aceptó que su comunidad tolera que las niñas de 14 años constituyan familia y tengan hijos. La tradición de los embera considera que las jóvenes a esa edad ya tienen capacidad para hacer vida comunitaria.

La Judicatura advierte en sus decisiones que en Colombia hay 87 etnias diferentes con reglas propias para aplicar justicia y no cuentan con los mecanismos suficientes para proteger a las víctimas.

Y así lo admitió Ángel Yata, el gobernador indígena del resguardo Los Guayabos de El Guamo, el otro caso en conflicto. Después de dar la batalla jurídica y conseguir que el abuelo que violaba a su nieta pasara a ser juzgado por ellos, en un escrito pidió a la Corte reversar su decisión y devolver el proceso a la justicia ordinaria.

El gobernador Yata le dijo a los magistrados del tribunal constitucional que en su resguardo hay reglas para castigar hechos leves pero ese es el primer caso de esta naturaleza que ocurre en el cabildo y no tienen cárceles ni personas preparadas para vigilar al agresor de la niña. "Debe ser la ley ordinaria la que controle eso, la Asamblea no me acepta que se lleven al preso al resguardo, porque ellos dicen que es un delito grave", planteó el indígena. 

La presión al gobernador del cabildo la hicieron  los vecinos de la vereda Castilla, donde ocurrieron los hechos. Ellos decían que no era justo que al hombre lo sancionaran solo con trabajos forzados y, lo peor, no había forma de prohibir que volviera a la casa donde vive la menor, quien quedaba completamente desprotegida.

"Ha habido muchas violaciones de niñas pero nadie en el cabildo dice nada. Yo fui la única; denuncié a mi padre para que lo condene la justicia ordinaria. No quiero que lo juzguen los indios porque ellos no lo van a castigar", dijo la madre de la víctima a la Corte.

El indígena fue condenado por las autoridades tradicionales del resguardo a cinco años de detención y a trabajo comunitario. Pero, casi un año después, voceras de la asociación aseguraron que jamás cumplió su castigo y sigue rondando cerca del lugar donde residen las víctimas. Según Laura Ofelia Romo, una de las organizadoras de la marcha, ella y sus compañeras Dora Nene y Adriana Cortés han sido amenazadas por sus denuncias.

También aseguraron que los casos de violación han continuado en Caldono. Hace menos de un mes una señora de 59 años que sufre una discapacidad fue violada lo mismo que otras menores.

"Seguimos siendo maltratadas y la justicia sigue privilegiando a los culpables enviando los casos a los resguardo donde nunca habrá castigo", señaló una de estas mujeres y anunciaron otra gran marcha de protesta para la próxima semana.