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El expediente de corrupción que sacude al Inpec

Investigan 30 denuncias. Habrá extinción de dominio para corruptos. 'Fritanga' salpicó a guardianes.

REDACCIÓN JUSTICIA
El 24 de abril pasado, un día antes de que un avión de la DEA lo llevara a ser juzgado en EE. UU., el extraditado capo Camilo Torres, ‘Fritanga’, hizo varias confesiones ante la Policía.
En la sede de la Dijín en Bogotá, mientras esperaba el viaje, habló de la corrupción en la cárcel de alta seguridad de Valledupar, donde el Inpec había acondicionado para el narco un sitio especial de reclusión vigilado por varias cámaras.
Dio nombres de guardias que supuestamente le cobraron 20 millones de pesos por permitirle la entrada de tres celulares que, horas después, efectivamente fueron encontrados en la caleta señalada por el narco. A finales de marzo pasado ya le habían encontrado otro celular en su celda de Valledupar.
La de los teléfonos de ‘Fritanga’ forma parte de las 30 denuncias sobre corrupción en las cárceles que ya está en manos de la Fiscalía.
Un primer diagnóstico realizado por el Gobierno, basado en las denuncias hechas por internos y por funcionarios de las cárceles que optaron por el anonimato, señala que las remisiones y los trámites en oficinas jurídicas de muchas cárceles constituyen uno de los principales focos de corrupción.
En ese expediente se reseña, por ejemplo, que en diciembre pasado apareció un permiso fantasma de 72 horas para que los capitanes Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, condenados por el escándalo de ‘las chuzadas’ del DAS, pudieran pasar la noche de Año Nuevo por fuera de La Picota.
El propio Inpec formuló denuncia contra un miembro de la guardia que pretendía tramitar el permiso.
Debate en el Congreso
En el expediente aparecen también fotografías y reseña de las salidas de internos de la cárcel de Pamplona (Norte de Santander) que, según denuncias de los propios presos, han pagado por permisos no contemplados en los reglamentos penitenciarios.
También aparecen documentadas varias denuncias sobre pagos a guardianes y funcionarios de cárceles como La Modelo, de Bogotá, cuyos niveles de hacinamiento y de corrupción llevaron hace poco a un duro pronunciamiento de un juez de tutela.
Las denuncias se dan cuando el Congreso empieza a debatir el nuevo Código Penitenciario y Carcelario. Y aunque en la propuesta no se contempla la liquidación del Inpec, fuentes consultadas por EL TIEMPO no descartan que durante los debates se abra esa posibilidad como respuesta a las recurrentes denuncias de corrupción en ese organismo.
Este lunes, en un foro en Ibagué, el viceministro de Justicia, Farid Benavides, les advirtió que están en marcha investigaciones de extinción de dominio contra los funcionarios oficiales que se han lucrado de la corrupción en las cárceles.
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