Tribunal de Sucre tumbó megafallo contra el Estado

Tribunal de Sucre tumbó megafallo contra el Estado

El fallo ordenaba pagarle a todos los desplazados de Sincelejo y 210.000 millones a un abogado.

02 de junio 2017 , 10:43 p.m.

Una sala del Tribunal Administrativo de Sucre integrada por los magistrados César Enrique Gómez Cárdenas, Rufo Arturo Carvajal Argoty y Silvia Rosa Escudero Barboza tumbó ayer el polémico fallo que condenaba a la Nación a pagar 2,1 billones de pesos por la situación de los desplazados de Sincelejo.

El fallo del juzgado había encendido todas las alarmas porque, según el Gobierno, condenaba al Estado sin fundamentos reales y desconocía las políticas implementadas para la atención de las víctimas de la violencia en el país.

De hecho, la jueza que falló inicialmente amplió los efectos de su decisión y ordenó indemnizar no solo a las familias representadas en la demanda sino a todos los desplazados de Sincelejo. De paso, también multiplicó exponencialmente los honorarios del abogado, que por tratarse de una acción de grupo habría recibido el 10 por ciento de la condena: 210.000 millones de pesos.

La demanda, entablada por el abogado David de Jesús Fajardo Cardozo, pretendía que el Estado fuera declarado responsable administrativamente por el desplazamiento de esas personas y también por la supuesta falta de atención de la crisis humanitaria.
La magnitud de la condena y las polémicas razones del fallo inicial llevaron a la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, en cabeza de Luis Guillermo Vélez, a demandar disciplinariamente ante la Judicatura al abogado de la demanda y a la jueza de Sincelejo.


Los magistrados señalan que “no fueron allegados (...) elementos que permitan concretar frente al grupo demandante la existencia de una omisión en lo atinente a sus órganos de seguridad (Fuerza Pública), o de los entes encargados de suministrar el apoyo a la población desplazada a quienes fungen como demandantes (Acción Social-entes territoriales)”.

Como se dejó anotado, el análisis de la responsabilidad para el caso particular debe ser abordado a partir del título de imputación de la falla del servicio, pues se pretende endilgar al Estado un daño por la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección y seguridad.

La misma consideración se tomó frente al reclamo de daños por la supuesta falta de atención humanitaria.

El abogado Fajardo Cardozo aseguró que su pretensión solo buscaba defender los derechos de las víctimas y lograr que el Estado cumpliera sus propios compromisos para repararlas.

JUSTICIA

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