Fiscalía acorrala a 6 cirujanos plásticos que tendrían títulos falsos

Fiscalía acorrala a 6 cirujanos plásticos que tendrían títulos falsos

Los médicos no aceptan los cargos y su defensa dice que el ente investigador se equivoca.

Médicos capturados

Fancisco Sales Puccini y su hermano Carlos (atrás) figuran entre los imputados.

Foto:

Mauricio León / EL TIEMPO

15 de octubre 2017 , 01:45 a.m.

Una carta que llegó a la Fiscalía el 8 de julio del año pasado describía con lujo de detalles cómo varios miembros de la reputada Asociación Colombiana de Cirugía Plástica se titularon ilegalmente y en tiempo récord como especialistas de la universidad Veiga de Almeida, en Río de Janeiro.

Según el informante, quien dijo llamarse Marco Antonio Aurea, la trama se inició en 2010, cuando los invitaron a conocer un atractivo programa para obtener el título de ‘especialista en cirugía reconstructiva y estética’ por 105.000 dólares.

No exigían saber portugués y el paquete incluía clases, estadía en el vecino país e, incluso, prácticas en hospitales cariocas. Y, para hacer el curso más llamativo, les ofrecían apostillar los documentos y hacer el trámite de convalidación del título ante el Ministerio de Educación.

Al menos 32 profesionales colombianos se embarcaron en el curso, entre ellos los hermanos Francisco y Carlos Sales Puccini, Óscar Javier Sandoval Estupiñán, Jorge Nempeque, Ronald Ramos Daza y Juan Pablo Robles.

Esos mismos médicos, que colgaron en sus consultorios los diplomas de la Veiga y cobraban 3.200 dólares por una mamoplastia, 4.500 dólares por implante de glúteos y hasta 4.500 por implantes de pectorales masculinos, acaban de ser imputados por la Fiscalía por fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Suministraron documentos falsos y engañaron al Ministerio de Educación, argumentando que los cursos eran presenciales

Aunque en Colombia cualquier médico puede realizar cirugías estéticas, para la Fiscalía es claro que acudieron a medios no formales para obtener el título de manera irregular en Brasil.

“Suministraron documentos falsos y engañaron al Ministerio de Educación, argumentando que los cursos eran presenciales”, les dijo la Fiscalía.

Y dice que, en varios casos, ante la falta de cupos para hacer las prácticas, algunos acudieron a mecanismos no santos. Supuestamente, a cambio de un bono extra, obtuvieron certificaciones que acreditaban las horas de práctica faltantes.

A esos señalamientos se unieron las voces de varias de pacientes, como Lorena Beltrán, quienes mostraron públicamente las secuelas que les dejaron intervenciones hechas por algunos médicos de ese grupo, muchas con consecuencias psicológicas y físicas irreversibles, cuyas reclamaciones hacen tránsito en la justicia civil.

“Como mujer, periodista y activista por la reglamentación de los procedimientos estéticos, destaco el avance de la justicia en esta investigación. Esto demuestra que las acusaciones que hice hace un año ante la opinión pública sí tienen fundamento y que, en efecto, había vidas en riesgo”, le dijo a EL TIEMPO Beltrán quien tiene demandado a uno de los imputados. Y agregó que le quedan dudas de que la cartera de Educación haya sido engañada, pues una de sus funcionarias,

La intermediaria

La Fiscalía dice tener cómo demostrar que los procesados no certificaron las horas de práctica ni de capacitación estipuladas en los títulos que presentaron. Por eso pidió que les suspendieran sus licencias.

Y aunque los médicos alegan que tienen experiencia de sobra para este tipo de intervenciones, la Fiscalía dice que comprobó que sus fechas de estadía en Brasil no coinciden con las certificaciones de prácticas ni en horas ni en días.

“Una cosa es no necesitar la experiencia y otra, falsificar certificados que la acrediten”, explicó uno de los investigadores.

El ente acusador mencionó el caso específico de Óscar Sandoval, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica. Este validó su título con 2.216 horas, pero la Fiscalía dice que en el lapso en el que señaló haber realizado estudios, solo estuvo en Brasil 54 días: apenas 540 horas.

La Fiscalía confirmó además que la mujer que sirvió de intermediaria entre los médicos y el Ministerio de Educación es la esposa de Sandoval. Ella fue identificada como María del Pilar Leyva, quien radicó documentos de 43 médicos.

Pero la defensa de los cirujanos asegura que tiene cómo demostrar que los trámites fueron legales y que sus clientes son profesionales intachables y gente de bien, cuya presunción de inocencia se está violando.

Dentro de ocho días, la defensa presentará sus alegatos y pedirá que no sean enviados a prisión, “para que demuestren su inocencia en libertad”.

‘Se ajustaron a la ley’

La defensa de los cirujanos, en cabeza de Jaime Granados, dice que hasta ahora, el país solo conoce la versión de la Fiscalía. Pero aseguran tener elementos probatorios para demostrar que, en el mejor de los casos, está equivocada.

Además, que los términos desobligantes que ha usado desvirtúan la presunción de inocencia de sus clientes.

Para los abogados es claro que la convalidación de títulos se ajustó a la ley, que lo que presentaron al Ministerio de Educación corresponde a la realidad y que este hizo un análisis juicioso. Además, que los médicos han tenido miles de pacientes satisfechos y son personas de bien, con mayor formación que sus colegas. Y puntualizaron que no han sido vencidos en juicios por malas prácticas, por lo que no es relevante que la Fiscalía hable de errores de praxis o de víctimas y muertes.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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