Detención domiciliaria para dos implicados en caso Reficar

Detención domiciliaria para dos implicados en caso Reficar

El futuro de los otros cinco exdirectivos de Reficar, CB&I y Ecopetrol se definirá este miércoles. 

Imputación de cargos contra los directivos señalados en el desfalco de Reficar.

Imputación de cargos contra los directivos señalados en el desfalco de Reficar.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

16 de enero 2018 , 08:07 p.m.

El juez 16 de control de garantías de Bogotá, decidió otorgar medida de prisión domiciliaria a Reyes Reynoso Yánez, presidente de Reficar entre el 2012 y el 2016, y al vicepresidente jurídico de esa misma entidad, Felipe Arturo Laverde Concha.

La decisión estuvo amparada, según el juez, en que Laverde y Reynoso no representan un peligro para el proceso ni para la sociedad. 

Además, Laverde presentó una excusa médica que dice que por problemas de salud no está en condiciones de permanecer en un establecimiento carcelario.

La continuación de la diligencia quedó agendada para este miércoles, en la cual se definirá el futuro de los otros cinco procesados, entre quienes se encuentran el expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales y el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro.

En la diligencia, el juez hizo énfasis en que el proceso se basa en el pago de unas facturas, por parte de la Refinería de Cartagena, que habían sido rechazadas o estaban sin verificar por parte del supervisor del contrato. Esto con el fin de que se incorporaran pagos no relacionados con el proyecto, que tenían que ver con gastos suntuosos y no constituidos como costos reembolsables, que representaron un detrimento patrimonial superior a los 453.843 millones de pesos, valores que hasta el 2016 se pagaron sin justificación alguna y sin ninguna compensación.

De acuerdo con la Fiscalía, pagaron proformas que no fueron válidas por la suma de 610.140 millones de pesos. 

Sobre Reynoso y Carlos Alberto Lloreda, exrevisor fiscal, el representante del ente acusador señaló que su responsabilidad en el desfalco de la Refinería tiene que ver con los estados financieros que presentaron de la compañía y que no correspondían con la realidad financiera de la misma. 

Según la Fiscalía Reyes Reynoso dentro de sus funciones como gerente de Reficar tenía el deber de cuidar los bienes públicos, que fueron confiados en su administración en la ejecución del proyecto. Sin embargo, el entonces presidente, conociendo que había un incumplimiento por parte del contratista de las obras, tanto en los tiempos de entrega como en los soportes de gastos decidió autorizar el pago a CB&I sin que se acreditara el destino de los recursos.

Reyes participó además en los acuerdos MOA y P&P en compañía de su grupo jurídico, de la cual hacía parte Felipe Laverde Concha. Según el juez Reyes Reynoso aprobó cada una de las modificaciones que Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I 2009 y los demás directivos de esa firma incorporaron al llamado acuerdo MOA.

Agregó que nunca requirió al contratista para que cumpliera con sus obligaciones, aceptó lo que Deidehban le impuso, esto de acuerdo con la declaración de Carlos Herrera, uno de los testigos, y de los elementos de prueba, como facturas y comprobantes de pago.

En la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía dijo que Carlos Herrera corroboró que la firma CB&I cobró y pagó por grúas descompuestas, que nunca se utilizaron y que cobró por horas de trabajo no soportadas, además de gastos de viajes sin soporte o con tarifas más altas de las autorizadas. También se aprobaron gastos de asesoría jurídica en los que Reficar le pagó a CB&I por sus propios abogados, contrariando lo que ya se había dispuesto en los acuerdos de la obra.

Según un informe de auditoría se determinó que los trabajadores iban a registrar su entrada y salida de la empresa en un hotel cercano a la refinería, lo que generó "un sobrecosto".

El testigo clave aseguró que se construyeron columnas basadas en los diseños que realizó CB&I que después se descartaron y fueron demolidas.

Con respecto a las horas de trabajo, la Fiscalía dijo que el cobro se disparó a tal punto que CB&I llegó a pedir hasta 4 millones de pesos por supuestas horas extras de cada trabajador, lo que corresponde a más del doble de lo contemplado, y que según la reclamación que llevó Reficar a un tribunal de arbitramento, fueron excesivas.

La investigación concluyó que CB&I entregó soportes de horas trabajadas en febrero al cobrar periodos de diciembre y enero, lo que le permite inferir al ente acusador que se hizo un acuerdo salido totalmente de la buena fe y mucho menos dentro de la legalidad del contrato.

JUSTICIA

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