El 12,8 % de las personas en casa por cárcel es reincidente

El 12,8 % de las personas en casa por cárcel es reincidente

Este año entrará en vigor una ley que pone límites a ese beneficio.

Casa por cárcel

Una de cada siete personas en detención domiciliaria es reincidente (3.772 de 29.296), es decir, fueron condenados por un delito y, al cometer otro, recibieron de todos modos el beneficio.

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Policía Nacional

07 de abril 2017 , 06:43 a.m.

En tan solo 22 días, Jeison Alberto Ramírez Jaimes, quien tiene detención domiciliaria, fue arrestado dos veces en Barranquilla (8 y 30 de marzo). En la primera, estaba robando una casa de giros y, en la segunda, había atracado un bus.

En tan solo 22 días, Jeison Alberto Ramírez Jaimes, quien tiene detención domiciliaria, fue arrestado dos veces en Barranquilla (8 y 30 de marzo). 

Hace dos semanas, un hombre que tenía brazalete electrónico y casa por cárcel, pagando una pena por el delito de porte ilegal de armas, resultó herido al quedar envuelto en una balacera, en medio del robo de una moto a plena luz del día en Cali.
Ambos hechos ocurridos en el último mes, tienen de fondo que la detención domiciliaria no fue impedimento para que siguieran delinquiendo.


Lo más preocupante es que, según cifras del Inpec, una de cada siete personas en detención domiciliaria es reincidente (3.772 de 29.296), es decir, fueron condenados por un delito y, al cometer otro, recibieron de todos modos el beneficio. El año pasado esa proporción era de un reincidente por cada 8 personas con casa por cárcel.

En personas condenadas que están en centro carcelario, la cifra es de un reincidente por cada cinco detenidos (15.111 de 82.387). Y en el caso de custodiados con brazalete electrónico, es de una por cada nueve personas (492 de 4.506).

En teoría, las personas detenidas por segunda vez cometiendo un delito deberían ir a prisión, dice el profesor Giovanni Legro de la Universidad Central. Sin embargo, según Legro, hay casos excepcionales en los que el juez, según el análisis que hace, decide otorgar la medida. También depende de los argumentos que presente el fiscal durante la solicitud de medida de aseguramiento, pues tiene la tarea de sustentar con claridad que una persona que volvió a delinquir no debería estar en su casa.

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez hace énfasis en que la reincidencia es un agravante en los delitos, no solamente para quienes estén en detención domiciliaria, sino también en detención intramural. Sin embargo, considera que el problema de fondo no radica tanto en la vigilancia de esas medidas alternativas, sino en los mecanismos de resocialización. “Una persona podría cometer delitos sin salir de su casa, como delitos informáticos, y en las cárceles organizan redes de delincuencia. Lo que se muestra en general es la falla del sistema de reinserción”.

César Rodríguez, director de Dejusticia, dice que aunque las cifras de reincidentes no son insignificantes tampoco se puede decir que colapsaron las medidas no privativas de la libertad. “Es necesario ajustar y volver más estrictas las condiciones de cumplimiento de la pena. La conclusión es que la política y acciones por tomar deben mejorar los sistemas de seguimiento, y no que se debe evitar la detención domiciliara. Acabarla o restringirla crea otro problema, que es exacerbar el hacinamiento carcelario”, dijo.

En los últimos meses, los proyectos que modifican la política criminal del país han ocasionado duros enfrentamientos entre el fiscal, Néstor Humberto Martínez, y el Gobierno. Mientras Martínez afirma que otorgar beneficios, como rebajas de penas, suspensión de la condena o prisión domiciliaria para delincuentes judicializados por delitos relacionados con drogas, “favorece a los miembros de las organizaciones criminales”, el Ministerio de Justicia defiende la tesis de que estos beneficios hacen parte del proceso de resocialización de la población reclusa.

Incluso este jueves, en reunión del Consejo de Política Criminal, el fiscal Martínez y el ministro Enrique Gil Botero discutieron su posición frente a los proyectos de excarcelación que se construyeron con motivo de la visita del Papa.

Pese a las diferencias, tanto Fiscalía como Ministerio de Justicia llegaron a un consenso frente al tratamiento de los reincidentes el año pasado. De hecho, ese acuerdo quedó establecido en la ley de procedimiento abreviado, aprobada en el Congreso en enero, y que entrará en vigor a mediados de este año.

La ley le pone límite a este beneficio y establece claramente que no tendrán derecho a irse a su casa quienes reincidan en su comportamiento criminal.

Así se evita que personas con antecedentes sigan delinquiendo en la calle, como ha venido ocurriendo, en detrimento de la seguridad ciudadana”, ha insistido en declaraciones públicas el fiscal Martínez.

JUSTICIA

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