40 reclamantes de hacienda Bellacruz en Cesar serían falsas víctimas

40 reclamantes de hacienda Bellacruz en Cesar serían falsas víctimas

Corte Constitucional había pedido a Unidad de Restitución que investigará si eran terrenos baldíos.

Hacienda

Paramilitares despojaron de sus tierras a campesinos en 1996.

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Archivo/EL TIEMPO.

15 de junio 2017 , 11:23 p.m.

Más de un año después de que la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras que iniciara un proceso para devolver 2.000 hectáreas de la emblemática hacienda Bellacruz a 210 familias campesinas del sur del Cesar, que afirmaron ser desplazados de esa región tras una masacre, esta entidad encontró que varios de los reclamantes son falsas víctimas.

La decisión de la Corte de mayo del año pasado declaró que esas hectáreas son baldíos de la Nación y que sus poseedores son los campesinos que hacen parte de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), quienes presentaron la tutela, porque por años la trabajaron.

Con ese fallo se ordenó quitarle el título de propiedad al empresario Germán Efromovich, dueño de Avianca, quien había mantenido la titularidad de esos predios, para que se le adjudicaran a los campesinos reclamantes.

Pero la investigación que hizo la Unidad de Tierras le da un nuevo giro a la historia de esta hacienda, que ha sido objeto de uno de los litigios de tierras más antiguos que ha tenido el país.

Germán Efromovich, dueño de Avianca, había mantenido la titularidad de esos predios, para que se le adjudicaran a los campesinos reclamantes


La Unidad asegura en su investigación para determinar quiénes fueron realmente despojados de tierras en esta región, que en febrero de 1996 la hacienda Bellacruz fue objeto de una incursión paramilitar al mando de alias Manaure, miembro de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, que comandaba Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada.

En esa incursión fueron desplazadas varias familias, hecho que han reconocido los mismos paramilitares ante los magistrados de Justicia y Paz.

Sin embargo, aunque en los últimos 20 años en diferentes instancias que van desde los juzgados hasta las altas cortes se han documentado los hechos que rodean a la hacienda Bellacruz, desde hace un año, cuando la Unidad comenzó a estudiar las solicitudes de restitución de tierras de esa propiedad, encontró que la información era dispersa y que no había sido plenamente cotejada por todas las instituciones que tienen competencia en el caso.

Por esto, lo primero que encontró la Unidad es que no se sabía con certeza qué familias estaban en este predio para 1996, cuando se dio la incursión paramilitar y los desplazamientos.

Tras realizar grupos focales, entrevistas, investigación con la comunidad, cartografías, líneas de tiempo la Unidad de Tierras determinó que los habitantes de San Antonio o Caño Alonso, Santa Helena, los Cacaos y San Carlos "no padecieron la incursión paramilitar acaecida en febrero de 1996". Esto porque, según el proceso, esos predios no hacían parte de la hacienda y ya no hacían parte de la familia Marulanda, quien supuestamente les ordenó a los paramilitares el desplazamiento.

Así, la Unidad determinó que 40 de las 210 solicitudes de restitución que ha estudiado "faltaron a la verdad". De esos 40, 31 denunciaron ante la Fiscalía y la Unidad de Víctimas que fueron desplazados de Bellacruz, pero las pesquisas de la Unidad determinaron que "nunca explotaron terrenos de la hacienda Bellacruz", sino los predios que esa entidad determinó que nunca han hecho parte de esa propiedad.

De ese universo de 40 reclamantes, la Unidad también encontró que 19 de ellos de manera voluntaria "habían vendido sus terrenos en estas parcelaciones antes de 1996 y habían salido de la zona", mientras que otros ocho campesinos "salieron posterior a esta fecha por razones ajenas al conflicto armado", y dos jamás se han ido de la región.

Además, la Unidad también encontró que otros ocho, aunque sí explotaron terrenos de la hacienda Bellacruz, salieron antes de la incursión paramilitar por razones que no tuvieron que ver con el conflicto armado, "por lo que no padecieron el desplazamiento forzado ocurrido en 1996".

La entidad también asegura que a pesar de que los reclamantes del predio San Antonio jamás fueron desplazados de los predios que solicitaron en la tutela ante la Corte, fueron "inducidos" por Freddy Rodríguez Corrales, representante legal de Asocol, a declarar lo contrario, "bajo la expectativa de lograr la ampliación de la Unidad Agrícola Familiar.

La Unidad asegura que Rodríguez, incluso, hace parte del grupo de solicitantes que nunca explotó terrenos de la hacienda Bellacruz y que le vendió el derecho que tenía sobre el predio San Antonio a un tercero en 1994 por "razones personales".

La entidad afirma que varios parceleros del predio San Antonio le han informado a la Unidad de Restitución que han sido blanco de "hostigamientos" por parte de Rodríguez, "quien los ha instado a que declaren haber sido obligados por parte de esta entidad a decir que no habían padecido el desplazamiento forzado ocurrido en febrero de 1996 en la hacienda Bellacruz, entregándoles para ello un formato preconstruido, y constantemente los intimida con que van a ser desalojados de sus predios".

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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