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Investigación

Rastrean si un familiar de traficante fue puente de plata de Odebrecht

Cesar Hernández recibió el beneficio de casa por cárcel.

Cesar Hernández recibió el beneficio de casa por cárcel.

Foto:Cortesía

Además, Contraloría dice que crédito a Navelena generó detrimento de 135.805 millones.

En la compra de una extensa finca en el municipio de Cáceres, Antioquia, se habría usado parte del soborno pagado por Odebrecht al exsenador Otto Nicolás Bula Bula por sus gestiones para la adición de la ruta Ocaña-Gamarra.
“Dos de los pagos de origen ilícito hechos por Odebrecht y que en total sumaron 4,6 millones de dólares fueron hechos en septiembre de 2014 a empresas en Panamá (...) y entregados en efectivo en Colombia un mes después”, señaló la Fiscalía en una audiencia sobre el escándalo.
La Fiscalía documentó el movimiento de 512.000 dólares de Intercorp Logistic, una empresa fachada de Odebrecht, a Helicontinente S.A. y Coast Helicopter Inc., firmas controladas por el capitán colombiano Gustavo Urrego Contreras.
Luego, según la investigación de la Fiscalía, Urrego Contreras, quien también representa en Colombia la empresa Aerocharter Andina, le entregó el dinero en cinco pagos en cheque y efectivo al abogado César Augusto Hernández Sanmartín, capturado el jueves por el delito de lavado de activos. En total se habrían entregado $ 940 millones.
En la imputación de cargos contra Hernández Sanmartín, la Fiscalía dijo que este recibió 30 millones de pesos por su participación en la monetización del dinero del soborno. La plata de Odebrecht terminó después en manos de un hombre identificado como Juan Fernando Ramón Zapata, quien compró la finca.
Fuentes de la investigación señalaron que se expidieron órdenes de Policía Judicial para establecer si Juan Fernando Ramón Zapata es hermano del narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias el Médico, quien negoció su pena en Estados Unidos y quien luego fue recapturado en el 2011 por fraude inmobiliario.
Fiscales de la Dirección Antinarcóticos y Lavado de Activos están al frente de este caso.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el abogado Hernández, quien actualmente se desempeñaba como Contralor de Responsabilidad fiscal de Medellín, aseguró que no conoce a Otto Bula ni a ningún funcionario de la firma Odebrecht y que su contacto fue con el capitán Urrego Contreras y con Ramón Zapata, quien necesitaba mover el dinero para la compra del predio.
En el expediente está el testimonio del capitán Urrego, quien admitió su intermediación en el movimiento de la plata: “César Hernández me pidió el favor de recibir un dinero en una cuenta en Panamá, de la cual yo soy apoderado. Él me dijo que el dinero era de él en una asesoría jurídica y una comisión en una propiedad en Colombia. Eso fue en septiembre de 2014, pero no recuerdo la fecha exacta. Solo le pasé el número de la cuenta e hicieron una consignación. Recibí el dinero en las cuentas de Panamá y le entregué el dinero en efectivo a él, aquí en Colombia”.
La plata fue entregada por Juan David Betancourt, director administrativo desde 2009 de la empresa Aerocharter Andina. Esta firma fue conformada en el 2001 y ofrece servicio de transporte de personas, carga y valores en dos avionetas y cuatro helicópteros.
Hernández no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía y luego de que el juez le concedió la casa por cárcel fue trasladado a su residencia, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.
La Fiscalía había pedido que el abogado fuera enviado a prisión al considerar que podría obstruir a la justicia durante el proceso.

‘Plata de crédito a Navelena se perdió’

La Contraloría General consideró que el crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena le generó a la Nación un detrimento patrimonial de 135.805 millones de pesos correspondientes al saldo del préstamo y los intereses.
El organismo cuestionó que el crédito por 120.000 millones de pesos fue aprobado a pesar de que ya se sabía de la captura de cinco directivos de Odebrecht en Brasil y que había riesgo de incumplimiento en el pago de esa obligación.
“Las condiciones finales de las garantías, que difieren de las aprobadas por la junta directiva, tuvieron origen en un concepto del abogado de Navelena, sin que las instancias del Banco Agrario que conocieron del mismo hubieran realizado un análisis serio”, indica la auditoría. Añade que hubo irregularidades en el destino de los créditos, pues uno de ellos se usó para cubrir una deuda con un banco.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
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