¿Perdería la Farc una curul en el Congreso tras captura de Santrich?

¿Perdería la Farc una curul en el Congreso tras captura de Santrich?

El incidente abre dudas sobre qué pasará con la curul de Santrich en la Cámara de Representantes.

Jesús Santrich

Santrich, en septiembre de 2017, fue elegido como miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Foto:

Yamil Lage / AFP

09 de abril 2018 , 11:23 p.m.

La captura este lunes de Jesús Santrich, uno de los jefes de la Farc, tras ser señalado de cometer el delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, abre dudas sobre qué pasará con la curul que tenía en el Congreso.

Parte del acuerdo de La Habana dice que la representación política estaría garantizada en la obtención de cinco curules en Senado y cinco en la Cámara de Representantes, durante dos periodos constitucionales contados desde el próximo 20 de julio de 2018.

Esto podría haberse modificado si hubiesen pasado el umbral de votación el pasado 11 de marzo, pero como solo obtuvieron 30 mil votos, el partido de la Farc se quedó únicamente con esas 10 curules asignadas. Santrich obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por el Atlántico.

¿Qué pasaría entonces con su curul?

El artículo 134 de la Constitución indica que los miembros del Congreso no tendrán suplentes y que solo serán sustituidos por faltas absolutas o temporales.

Además, dice que quienes estén condenados por delitos como pertenencia a grupos armados, actividades en contra de la administración pública, delitos de lesa humanidad o hechos relacionadas con el narcotráfico no serán reemplazados bajo ninguna circunstancia.

Lo mismo dice la ley 1475 de 2011 que regula el funcionamiento de los partidos políticos y los procesos electorales.

Específicamente en el artículo 10 afirma que entre las “faltas que constituyen sanción”, entre ellas la famosa “silla vacía”, está el narcotráfico.

“Es una falta incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico”.

Esa ley, además, afirma que los partidos o movimientos políticos también responderán por el aval a candidatos ,“si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó” por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Esto quiere decir, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría quitarle la personería jurídica al partido de la Farc.

Y esto podría pasar porque, aunque la Farc tienen un tratamiento especial por estar en transición a la vida legal y por buscar su representación en el Congreso, el acto legislativo número 3, que reguló su reincorporación política, afirma en su primer artículo que el partido político debe cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y “estar sujeto a las causales de pérdida de la misma prevista para los demás partidos”.

Otros analistas piensan que, por ahora, la figura de la 'silla vacía' no podría entrar a regir. Apuntan a que, aunque ya se conocen los resultados de las elecciones legislativas, el CNE no ha dado las credenciales de congresita y que, como Santrich no está condenado, se debe esperar el fin de la investigación.

Este es un caso parecido al que le ocurrió al senador Musa Besaile que, en un principio, conservó su curul mientras era investigado por una trama de corrupción con la Corte Suprema de Justicia. Después de varios meses, la Comisión de Ética del Congreso consideró que sí había elementos para quitarle el escaño sin derecho a ser reemplazado. Este también podría ser un camino para Santrich.

No obstante, Andrés Abel Rodríguez, profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional, dice que la “silla vacía” solo se la aplicaría si el partido de la Farc hubiera obtenido más de 5 curules, debido a que el acuerdo es explícito en otorgar al menos ese número en Senado y Cámara.

“Lo que quería el acuerdo es que la Farc tuviera un mínimo de representatividad de cinco curules en Cámara y cinco en Senado. Eso se mantendría, sin importar quién ocupe el puesto”.

Por lo tanto, según Rodríguez, la Farc podría reemplazar a Santrich con el número que lo sucede en la lista que presentaron a las elecciones legislativas. Al parecer se trataría de Benedicto de Jesús González.

Como hay diferencia de posiciones entre dos normas constitucionales: la figura de la “silla vacía” y lo expresado en el Acuerdo Final referente a las curules mínimas para la Farc, Rodríguez explica que en derecho siempre aplica la norma específica sobre la general.

Es decir, se aplicaría lo que dice el acuerdo. No obstante, agrega que “eso lo tendrán que decidir las cortes o la Justicia Especial de Paz en su momento”.

Ante los hechos ocurridos con Santrich, la Misión de verificación de la ONU en Colombia, garante del cumplimiento e implementación de los acuerdo de La Habana, señaló el artículo transitorio 19 del acto legislativo que crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, este se refiere específicamente a la extradición.

“Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de
una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta
atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la
firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz
evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su
realización y decidir el procedimiento apropiado”,
dice la Misión de Verificación de la Onu en Colombia.

La Misión añadió que Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmó la competencia de este organismo para revisar el caso con miras a determinar si, "teniendo en cuenta la fecha de los hechos y su análisis, se debe remitir a la justicia ordinaria".

Y una tercera opción sería llegar al Consejo de Estado. Para ello debería hacer una demanda sobre su elección o sobre la pérdida de investidura. El Ministerio del Interior también podría elevar una pregunta a la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre qué hacer en este caso. El concepto, de todos modos, no sería vinculante.

CINDY A. MORALES*
Subeditora ELTIEMPO.COM
Correo: cinmor@eltiempo.com
En Twitter: @cinmoraleja
*Con reportería de Juan Manuel Flórez y Juan Pablo Parra

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