Fiscalía halla la ruta por la que se desvió la plata del ‘carrusel’

Fiscalía halla la ruta por la que se desvió la plata del ‘carrusel’

Una fundación de papel habría sido usada para esconder $ 13.216 millones.

Infiltrados de la Fiscalía General

Según la Fiscalía, esa fundación sin ánimo de lucro, ha logrado importantes convenios en la ciudad.

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Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

26 de octubre 2017 , 02:05 a.m.

La Fundación ‘Bogotá, un espacio para amar’, que según sus papeles nació en mayo de 2006 “para promover la educación y el desarrollo de valores humanos” en la capital del país, aparece en el entramado de corrupción usado en la administración del condenado alcalde Samuel Moreno Rojas para desviar plata del ‘carrusel de contratación’ que saqueó las arcas de la ciudad.

Según la Fiscalía, esa fundación sin ánimo de lucro, que ha logrado importantes convenios en la ciudad, habría sido usada para esconder 13.216 millones de pesos que eran parte del adelanto entregado por el Distrito en el 2007 a Conalvías, una de las firmas enredadas en el escándalo.

Andrés Jaramillo, su expresidente, enfrenta ya cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho por dar u ofrecer.
Investigadores señalaron que a pesar de que la fundación no tenía un solo vehículo, ni contaba con personal de obra, terminó recibiendo 15 cheques millonarios por cuenta de un supuesto servicio de transporte de materiales de la obra de TransMilenio por la calle 26, cedida a Conalvías tras el incumplimiento del grupo Nule.

La Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, dijo que se hicieron cuentas de cobro y otras maniobras para justificar los pagos por un servicio que nunca se prestó y que con esto solo se buscaba “ocultar dinero” proveniente del contrato de Conalvías.

Con esas maniobras, se habría ocultado parte de la plata del Distrito que no se invirtió en la obra y que terminó en los bolsillos de particulares y funcionarios, empezando por Samuel Moreno y su hermano, el polémico exsenador Iván Moreno Rojas.

Por estos hechos fue capturado este miércoles en Somondoco (Boyacá) Víctor Manuel Vargas Gaitán, representante legal de la Fundación, a quien la Fiscalía le imputó el cargo de lavado de activos. Además, fue citado a una nueva imputación de cargos Jaramillo López, quien responderá por el mismo delito.

Para la Fiscalía, el representante de la Fundación “conocía de la ilicitud del dinero transferido y resguardó, transformó, custodió, ocultó y encubrió su origen”.

Menos de dos años después de la firma de los contratos entre la Fundación y Conalvías, esa entidad sin ánimo de lucro tuvo un inusitado crecimiento y adquirió los derechos del Politécnico Tequendama-Fundesa.

Para ese momento ya había logrado otros contratos en localidades de la ciudad como Puente Aranda, por 868 millones de pesos y San Cristobal, por 343 millones.

A pesar de que la justicia procesó a más de 20 personas entre empresarios, funcionarios públicos y exconcejales por el caso del ‘carrusel de la contratación’, la recuperación de la plata saqueada a Bogotá ha sido precaria. Esto llevó la semana pasada a la Corte Suprema a aumentar la condena impuesta a los primos Manuel, Miguel y Guido Nule de 14 a 19 años, al considerar que no han entregado la plata que se robaron y, sin embargo, fueron sujetos de generosos beneficios de rebaja de penas.

En los casos del ‘carrusel’, la Contraloría también ha advertido que es poco lo que los implicados devolvieron al erario. El ente de control denunció que Conalvías ha presentado varios recursos judiciales para no pagar los 173.908 millones de pesos que debe por el desvío de recursos públicos.

Primero, la firma presentó una tutela para que se levantara el embargo de su maquinaria, avaluada en 130.000 millones de pesos, bienes que podrían ser la única garantía para que responda por el detrimento. Su segundo recurso fue una tutela para que lo saquen del boletín de responsables fiscales y así poder seguir contratando.

Lo que se viene ahora son procesos de extinción de dominio para ocupar bienes que, según la justicia, fueron adquiridos con la plata que perdieron todos los bogotanos.

JUSTICIA
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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