Plaga de la corrupción, infiltrada en los órganos que deben combatirla

Plaga de la corrupción, infiltrada en los órganos que deben combatirla

Casos que tocan a funcionarios de la justicia no implican, necesariamente, más corrupción. Análisis.

Nuevo escándalo de corrupción judicial en el país

Los analistas coinciden en afirmar que el fin de la guerra con las Farc ha puesto a los colombianos a mirar otros flagelos del país, como la corrupción desbordada.

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Martín García - Archivo / EL TIEMPO

09 de julio 2017 , 02:18 a.m.

El más escandaloso catálogo de favorecimientos ilegales a delincuentes fue el que quedó en evidencia con la captura, hace poco más de una semana, de 21 fiscales, jueces, agentes del CTI, miembros del Inpec y abogados que vendían, literalmente, decisiones judiciales.

Lograr que el caso quedara en manos de un juez corrupto costaba entre 5 y 10 millones de pesos. Lograr casa por cárcel, sin importar el grado de peligrosidad, era posible pagando 30 millones. Y entre 40 y 80 millones de pesos costaba, según el perfil del ‘cliente’, asegurarle la libertad a través de un permiso de trabajo tramposo.

Mientras los ojos del país han estado puestos sobre los casos de Gustavo Moreno –el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía que terminó preso y está a punto de ser extraditado por corrupto– y Gustavo Villegas –el exsecretario de Seguridad de Medellín que está en la cárcel bajo cargos de aliarse con las bandas criminales–, el desmantelamiento de la red que operaba desde Villavicencio, Guaduas y Bogotá ha pasado casi desapercibido para buena parte de los colombianos.

Esos escándalos retratan hasta dónde la corrupción ha permeado, precisamente, las instituciones encargadas de combatirla.
Esto, en un momento en el que casos emblemáticos como Odebrecht y Reficar sacuden a la opinión pública.

Frente a semejante panorama, son muchos los colombianos que están pensando que la prueba concluyente de que el país perdió la guerra contra los deshonestos es que lograron tomarse altos cargos judiciales y de los órganos de control. Esa percepción explica los niveles de desconfianza del 62 por ciento y más que, según datos de la más reciente encuesta Pulso País, de Datexco, tienen los ciudadanos frente a la justicia.

La cascada de escándalos es innegable. Pero también hay otra lectura posible: que, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, ahora sí están funcionando los controles y, sin importar el apellido o el poder del funcionario, las ‘investigaciones exhaustivas’ están dando paso a capturas y juicios. “Hoy se destapan más cosas, la gente denuncia más. Lo que para muchos puede ser una situación desmoralizante, por la cantidad de noticias sobre funcionarios corruptos, es también la prueba de que la justicia ha hecho la tarea”, dice Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Los analistas coinciden en afirmar que el fin de la guerra con las Farc ha puesto a los colombianos a mirar otros flagelos del país, como la inseguridad ciudadana y, por supuesto, la corrupción desbordada. En el mismo sentido, hay más recursos disponibles para que las autoridades persigan a los delincuentes de cuello blanco.

Andrés Gerardo Hernández, director de Transparencia por Colombia, dice que no necesariamente la visibilización de más casos significa que hay más corrupción: “En América Latina se vienen fortaleciendo sus instituciones democráticas, de tal manera que sacar a la luz casos de corrupción muy graves y exigir resultados y sanción a los mismos es hoy en día más viable que antes”.

En la misma línea, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, asegura que no es que ahora haya más corrupción, pues este es un fenómeno que ha estado latente por décadas. “Es el conflicto social solapado que siempre ha vivido Colombia”, afirma.

Pero más allá de esa polémica, lo cierto es que los corruptos siguen aprovechando las rendijas, cuando no los boquetes, que hay en el sistema.

En el caso del exfiscal Moreno, sigue siendo un enigma cómo logró colarse en el círculo más alto de la Fiscalía y pasar las pruebas de polígrafo que se realizaron con asesoría de los Estados Unidos. Pero, dice Gloria María Borrero, es más grave que los estudios de inteligencia que normalmente acompañan estos procesos no hubieran detectado que uno de los hombres más poderosos del ente acusador estaba casado con una persona capturada en un caso de drogas, como lo reveló esta semana EL TIEMPO.

“Más que quién recomendó a Moreno o no, el fiscal Néstor Humberto Martínez debe explicarle al país qué falló en el proceso de selección y, sobre todo, qué va a hacer para que no vuelva a pasar”, asegura Borrero.

En este episodio, la Fiscalía tiene a su favor que fue ella misma la que detectó las actividades ilegales del exjefe Anticorrupción y la que coordinó con la DEA los seguimientos que hoy tienen a Moreno tras las rejas. En vez de retirar a un funcionario sospechoso por la puerta de atrás, que es la práctica más recurrente en las instituciones cuando estalla un escándalo, la administración Martínez prefirió mantenerlo en el cargo mientras reunía las pruebas suficientes para llevarlo a juicio por concusión.

Mientras en otras áreas se ven programas de lucha contra la corrupción, no puede decirse lo mismo del Poder Judicial

Mercado de beneficios

A lo largo de las últimas dos semanas, en varias audiencias en los juzgados de Paloquemao en Bogotá se confirmaron todas las sospechas sobre la existencia de las oscuras prácticas que algunos operadores judiciales y abogados utilizan para torcerle el pescuezo a la justicia y enriquecerse con la plata del crimen.

La red tenía fichas, prácticamente, en toda la cadena del sistema. De hecho, tres magistrados del Tribunal de Villavicencio tendrán mañana audiencia de imputación de cargos porque supuestamente han usado sus puestos para promover y proteger a miembros de la organización.

Capos con procesos por desplazamiento forzado, homicidio y narcotráfico terminaron, increíblemente, con casa por cárcel o libres gracias a las maniobras ilegales.

Como en la justicia han fracasado, uno tras otro, los intentos para implementar los concursos de méritos y las listas de elegibles, cuando hay vacantes terminan nombrados en cargos sensibles jueces de dudosos antecedentes.

Eso fue lo que pasó con Margarita Díaz Martínez, que era juez de Familia y terminó encargada de un despacho de Ejecución de Penas en el Meta. Hoy está prófuga. Desde ese cargo, dice la Fiscalía, se convirtió en ficha clave de una organización delincuencial que empezó a operar al menos desde el 2013 y que hoy estaba en plena expansión. En el 2015 le concedió beneficio de casa por cárcel a Ángel Humberto Espitia, un narco condenado a 11 años y que no cumplía con los requisitos de ley para lograr ese beneficio. En más de 200 interceptaciones se demuestra que Díaz estaba pidiendo $30 millones para que el caso de otro condenado por narcotráfico, Julio Alberto Preciado Oñate, pasara a manos del juez de Guaduas Eduardo de Jesús Renzo Ovalle, quien en octubre del 2016 le concedió un insólito permiso de trabajo que le permitía moverse por todo el país. Supuestamente, sería empleado de una empresa de transporte.

El juez Ovalle, también capturado, le dio libertad condicional en febrero pasado a Édison Guillermo Velásquez Álvarez, ‘Farid’, uno de los jefes de la banda ‘Libertadores del Vichada’. Ese capo está de nuevo al mando de un grupo criminal del Llano y ya había recibido antes gabelas de otro de los jueces capturados, Raúl Hernán Ardila.

Este le dio casa por cárcel en el 2013. Por esos beneficios se pagaron al menos 60 millones de pesos.

La bitácora de ese proceso es escandalosa: el 5 de septiembre de ese año obtuvo la detención domiciliaria, supuestamente por ser padre cabeza de familia; 25 días después le otorgaron un permiso de trabajo; el 16 de julio del 2016 redimió 285 días de su pena con certificados falsos de estudio y trabajo vendidos por funcionarios del Inpec que alteraron los sistemas de registro y, finalmente, quedó en libertad condicional el 3 de febrero del 2017.

La red tenía a dos fichas en Medicina Legal –el funcionario Germán Luis Beltrán y el médico Ómar de la Hoz– que, dice el expediente, se encargaban de certificar supuestos quebrantos de salud que, en el papel, hacían imperativo que el preso fuera trasladado a su casa. En los audios se escucha cómo les enviaron botellas de whisky y 6 millones de pesos en efectivo por certificados médicos. En uno de los casos, el de Pedro Nel Ardila, condenado a casi 15 años por violencia sexual, le diagnosticaron “cuadro depresivo y riesgo suicida” y recomendaron que fuera trasladado de una prisión a un centro de reposo.

La investigación indica graves irregularidades en las cárceles de Guaduas (cuyo director, Fabián Ríos, fue detenido); en la de Villavicencio y en La Picota de Bogotá. La red vendía certificaciones de trabajo y estudio (por cada dos días de esas actividades se logra rebaja de un día de pena), pero también celdas privadas por las que cobraban hasta 30 millones de pesos. El modus operandi era tomar las horas realmente redimidas por otros presos, pero poniéndolas a nombre de sus clientes.

EL TIEMPO consultó al director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez Aragón, sobre las medidas tomadas frente a estos hechos, pero el oficial no respondió el cuestionario que pidió le fuera enviado.

Por el caso, además de Renzo Ovalle y Raúl Hernán Ardila, hay otro juez capturado: Luis Ever Salazar.
Todos eran de ejecución de penas, un área que se ha convertido en un dolor de cabeza para la justicia por los escasos controles a los que está sometida. “Hay que decir que la mayoría de funcionarios y jueces son personas honestas –cuestiona Gloria María Borrero– (...). Pero mientras en otras áreas se ven programas de lucha contra la corrupción, no puede decirse lo mismo del Poder Judicial”.

También están detenidos Blanca Ruth Salazar Herrera, asistente judicial; Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio, y Claudia Silgado León y Néstor Gordillo, investigadores del CTI. Del Inpec, fueron capturados –además del director de la cárcel de Guaduas– José Luis Rangel Núñez, asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio; Arismendy Varela Moreno, asesor jurídico del Instituto; Jefry Torres Torres, dragoneante de la cárcel de Guaduas; Carlos Hugo Alfonso Urrea, funcionario del Inpec, y Carlos Galarza, enlace en la cárcel de Guaduas. Un teniente retirado de la Policía que trabajaba con la MAPP-OEA verificando la situación en las cárceles, Carlos Hernán Garzón Villamil, también está ante los jueces.

Su caso es emblemático porque hizo movimientos para favorecer al exparamilitar José Eberto López Montero, ‘Caracho’, uno de los mayores poderes criminales del Llano y preso desde el 2012. Así, dice la Fiscalía, Garzón negoció con un abogado de ‘Caracho’ (Carlos Arturo Rodríguez, también preso) un paquete de servicios que incluyó esfuerzos fallidos por colarlo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en diciembre había intentado sin éxito la detención domiciliaria por una supuesta enfermedad.

La Fiscalía cita puntualmente un encuentro del 22 noviembre del 2016 organizado por Garzón y en el que estuvieron representantes de la Fiscalía, la Defensoría y el Ministerio de Justicia. La cita tenía otros fines, pero Garzón trató a toda costa de poner en la agenda el tema de ‘Caracho’: “La reunión fue una burla para la administración de justicia, simplemente fue montada para que una particular, la abogada de ‘Caracho’, pusiera las quejas correspondientes y para que se dijera que era mejor que permaneciera en La Picota”.

Los últimos movimientos de Garzón Villamil apuntaban a convencer a varios medios de comunicación de que ‘Caracho’ estaba en condiciones precarias y debía ser trasladado definitivamente a Bogotá. Contra él hay cerca de 15 interceptaciones en las que, dicen los investigadores, “se ve como aprovechó su cargo en la OEA al servicio” del capo.

“No podemos dejar que la sal se corrompa. Tenemos una alianza estratégica con el Consejo Superior de la Judicatura para acabar de raíz la corrupción en el sector judicial. Claro que eso empieza por casa como lo estamos haciendo con toda firmeza al interior de la Fiscalía”, señala sobre este caso el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Y agrega: “No podemos permitir que siga ocurriendo eso de lo que se habla en voz baja: se amañan los repartos, se obtienen beneficios indebidos en las penas, se promueven nulidades por indebidas notificaciones, en fin. A todo esto hay que ponerle punto final. Los servidores judiciales, que en su gran mayoría son íntegros, son los que más nos están colaborando hastiados de lo que ven. Lo del Meta es apenas el comienzo de muchas investigaciones en curso”.

Cirugías pagadas con recursos públicos

Laura Emilse Marulanda, quien hasta el 2015 fue auditora general, fue este viernes vinculada al escándalo de cirugías plásticas por debajo de los costos en el hospital público La María de Medellín, donde su hermano William era gerente.

El exgerente está detenido, al igual que otra de sus hermanas, Yurani Patricia Marulanda, quien también accedió, según las investigaciones, a los servicios del quirófano de La María en ventajosas condiciones.
Es el mismo escándalo que tiene preso al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, quien supuestamente se hizo por debajo del precio una “marcación de abdominales y pectorales” en una institución pública cuyo buen manejo debía ser vigilado por su despacho.

Según la investigación, la exauditora se hizo procedimientos estéticos supuestamente sin pagar los servicios de quirófano, la anestesia y las medicinas. Marulanda ha desmentido esa información afirmando que pagó por todos los procedimientos.

La Fiscalía sostiene que, en total, el hospital La María dejó de percibir ingresos por 200 millones de pesos por esas cirugías estéticas y por eso imputó cargos contra varias personas por peculado por apropiación, falsedad en documento público y prevaricato por omisión.

El caso de Zuluaga muestra, según los analistas, los grandes problemas en la elección de los muchos contralores municipales y departamentales, que terminan siendo más fichas políticas que garantes de transparencia. De hecho, el contralor general, Edgardo Maya, promueve una reforma porque, dice, esas contralorías se volvieron “un nido de extorsión a nivel local”.

Laura Marulanda, muy cercana al exfiscal Eduardo Montealegre, logró el año pasado un cupo en la fallida Sala de Gobierno de la Judicatura y aspiró a ser la gerente de la Rama Judicial. En cualquiera de los dos cargos habría estado al frente del manejo de los recursos de la justicia.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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