Un juzgado de Bogotá le dio un año de plazo al Gobierno para que presente al Congreso un proyecto de ley que unifique el Sistema Integrado de Información y Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) y el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), aclarando cómo será la fórmula para su financiación.
Esa orden aparece en la sentencia de primera instancia del juez 19 administrativo del circuito de Bogotá que se pronunció en una acción popular sobre un viejo litigio relacionado con la plata de las multas que es girada a la Federación Colombiana de Municipios.
El lío está relacionado con el artículo décimo de la ley 769 de 2002 que establece que el 10 por ciento del valor de las multas debe ser entregado a la Federación. Las administraciones de varias ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena han sostenido que ese porcentaje se debe pagar solo cuando se haya garantizado el pago gracias a la gestión del Simit y no las que son cobradas directamente por las entidades territoriales.
El juzgado consideró que la Federación vulneró los intereses colectivos al quedarse con excedentes operacionales y rendimientos financieros de las multas por lo que ordenó que devuelva casi 27 mil millones de pesos al Ministerio de Hacienda correspondientes a esos factores.
Igualmente señaló que de ahora en adelante la Federación no se podrá seguir quedando con los excedentes o rendimientos de esos pagos.
El juez además señaló que el Congreso en un término de dos años debe regular el Simit para que se garantice los principios de economía, eficacia y celeridad en la función pública.
El funcionario judicial tuvo en cuenta para su decisión un fallo del Consejo de Estado que señala que tanto los excedentes operacionales como los rendimientos financieros son propiedad del Tesoro Nacional. El incumplimiento en esa devolución afecta el patrimonio nacional, consideró el juez del caso.
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