Alimentación de niños en Amazonas: rastrean sobrecostos millonarios

Alimentación de niños en Amazonas: rastrean sobrecostos millonarios

Se pagó entre un 50 y 200 % más de lo que costaban. Gobernador que firmó el contrato está detenido.

Manuel Carebilla, gobernador suspendido.

Manuel Carebilla, gobernador suspendido.

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Federación de Departamentos

19 de mayo 2017 , 09:51 p.m.

Por cada huevo que se compró en un contrato de finales del 2015 la Gobernación de Amazonas pagó casi 1.000 pesos: tres veces más de lo que cuesta este producto en tiendas de la región.

Los graves sobrecostos que la Contraloría detectó en el contrato de 3.340 millones de pesos, suscrito por el suspendido gobernador indígena del Amazonas Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y la Distribuidora Amazonas, suman 303 millones de pesos. El órgano de control fiscal asegura que, aunque con relación a otros casos que se investigan por presuntos daños al erario el monto resultaría pequeño, tiene un fuerte impacto.

Esto porque perjudica a los niños que estudian en esos internados, que no solo dependen de la alimentación que paga la Gobernación, sino que además estudian en instituciones de escasos recursos en las que cada peso cuenta. Estas tres instituciones (San Francisco de Loretoyaco, San Juan Bosco y Santa Teresita) están en la selva ubicadas en sectores aledaños a los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá.

La auditoría de la Contraloría dice que solo en huevos los sobrecostos fueron del 55 por ciento, cifra significativa teniendo en cuenta que para un solo colegio se compraron 6.000 huevos.

Investigadores de la Contraloría hicieron tres cotizaciones en supermercados y tiendas de Amazonas, y detectaron, por ejemplo, que la caja de panela por 40 unidades –que a precios de mercado se consigue en la región a 38.000– pesos fue pagada por la Gobernación al contratista por 65.200 pesos.

El kilo de zanahoria que en mercados del departamento se consigue en 4.400 pesos se compró a 7.525, la avena molida que cuesta 1.930 pesos se pagó a 4.425 pesos, lo que implica más de un 100 por ciento de sobrecosto. Y la pasta para sopa que se consigue en 1.460 pesos en las tiendas se pagó a 5.050 pesos.

Por estos hechos la Contraloría también investiga a la secretaria de educación, Betsy Mireya Londoño, y a Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, representante legal de la Distribuidora Amazonas.

La auditoría del órgano de control dice que en este caso, aunque se abrió una licitación, Cuéllar fue elegida como único oferente sin que la Gobernación tuviera en cuenta a ninguna otra empresa.

La investigación también ha permitido determinar que hubo graves irregularidades desde que la administración departamental hizo estudios previos, “que generaron sobrecostos en el valor de los ítems contratados”. Esos estudios fueron “incompletos, ambiguos y confusos” lo que llevó a que se generara una “inversión antieconómica e ineficaz de los recursos destinados a la alimentación de los niños”.

Lo más grave es que para el órgano fiscal, en contratos del 2013 y 2014 se habrían venido presentando las mismas irregularidades en el Amazonas “por lo que se trataría de una práctica irregular reiterada”.

Gobernador, en la lupa

Este caso se suma a otra investigación contra el gobernador Carebilla, preso por un proceso pendiente de fallo en la Corte Suprema de Justicia. El caso se inició porque cuando fue representante a la Cámara en dos periodos, desde el 2006 hasta el 2014, inscribió de manera irregular a particulares en su Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) y les cobró comisiones para nombrarlos en esos cargos.

La Corte lo investiga por cohecho, falsedad ideológica en documento público agravado, peculado y concusión.

En cuanto a Cuéllar, no es el único contrato que ha tenido. De hecho, en la lista de la Auditoría General publicada el año pasado figura en el top 10 de firmas con más negocios en la región.

En el Portal Único de Contratación (Secop) están otros contratos a su nombre, como uno por 107 millones que tuvo por duración dos meses, y que se firmó con la delegada de Parques Nacionales Naturales para la Amazonia, con el fin de contratar la alimentación para unos talleres.

También otro por 307 millones de pesos para desarrollar actividades logísticas en el corregimiento de Tarapacá (Amazonas) por más de 30 millones de pesos. Además, tuvo contratos tan variados como uno por 32 millones para suministrar herramientas y materiales para dos sedes del Sena, y otro de octubre del 2016 por 60 millones de pesos para la compra de materiales mobiliarios de la Escuela Normal Superior de Leticia.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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