Los males que padece el Programa de Alimentación Escolar

Los males que padece el Programa de Alimentación Escolar

Contraloría califica de ‘deficiente’ la prestación, clave para la educación de los más pobres.

Programa de Alimentación Escolar

El Ministerio de Educación señaló que a diario se entregan 5.5 millones de porciones de comida a niños pobres de todo el país.

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Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

08 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Aunque la alimentación para los niños más pobres que están estudiando se viene entregando desde 1936, el Gobierno no ha logrado encontrar una estrategia para hacer que ese programa sea eficiente.

Así lo determinó una auditoría de la Contraloría General sobre el desempeño del Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado para mejorar la educación y evitar la deserción escolar.

La auditoría determinó que en el 2016, más de 32,7 millones de raciones no fueron entregadas a los menores, aunque ese año el plan contó con recursos por 1,7 billones de pesos, aportados en un 70 por ciento por la Nación.

La Contraloría afirma que los problemas del PAE –que se extiende en 1.103 municipios del país a través de 13.000 instituciones educativas– van más allá de los casos de corrupción que se han denunciado.

De manera generalizada se detectó que las dificultades radican en su mayoría en que la asignación de recursos para atender a los niños no es eficiente, aunque el año pasado el Ministerio de Educación creó una bolsa común (una única cuenta) para facilitar esa estrategia.

De hecho, la Contraloría afirma que aunque los municipios aseguran que este programa sí ha contribuido a mejorar el acceso a la educación y su permanencia, lo cierto es que “no se presenta evidencia suficiente que acredite la correlación directa entre los resultados obtenidos y su atribución al programa”.

Una de las dificultades es que el PAE se financia de diferentes fuentes (regalías, presupuesto de la Nación, sector privado, cajas de compensación), y las reglas cambian dependiendo de dónde salgan los recursos, lo que dificulta su manejo.

De otro lado, el ministerio informó que de las 95 entidades territoriales que debían conformar la bolsa común para el manejo de recursos, solo 6 lo hicieron, por lo que el 93,7 por ciento no utilizó ninguno de los mecanismos para mejorar la distribución de recursos para atender a los niños.

“Debido a las reglas de distribución, competencias y procedimientos inherentes a cada una de las fuentes de recursos usadas para financiar el PAE, la disponibilidad de recursos en las entidades territoriales queda supeditada a la conjugación de múltiples decisiones de distintos órganos y funcionarios, cuya discrecionalidad termina por poner en riesgo la eficiente articulación y coordinación de los actores y el resultado final”, dice el examen de la Contraloría.

Vacíos en contratación

A esa confusión para el manejo de los recursos se suma que, según la Contraloría, el ministerio no dio suficiente capacitación a alcaldías y gobernaciones para poder conformar la bolsa común que debía organizar al PAE.

Otro problema del PAE es la forma como se contrata. En lugar de una licitación, la mayoría de entidades territoriales acuden a figuras como la urgencia manifiesta, contratación directa, subasta, contrato de prestación de servicios, selección abreviada, convenios de asociación, lo que podría tener problemas a la hora de escoger al mejor contratista.

Además, la Contraloría detectó que 68 de las 95 entidades territoriales que reciben recursos para desarrollar el PAE (el 71,5 por ciento) no iniciaron de manera oportuna la prestación del servicio de alimentación escolar en el 2016. Por ejemplo, el servicio dejó de prestarse por más de dos meses en Atlántico, Bucaramanga, Caquetá, Cartagena, Cartago, Cesar, Córdoba, Florencia, Girón, Guaviare, Huila, Ibagué, La Guajira, Lorica, Magangué, Magdalena, Maicao, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Quindío, Santa Marta, Tolima, Vaupés, Vichada y Villavicencio.

Parte del problema radica, según el informe, en que el ministerio gira recursos a las entidades cuando ya está en curso el año escolar y no con anterioridad, lo que dificulta que puedan realizar las contrataciones de manera oportuna.

Aunque la mayoría de recursos se transfirieron en febrero del año pasado (dos meses después de iniciarse el programa), la Contraloría encontró casos como el de Hobo, Huila, y San Francisco, Cundinamarca, en donde los recursos llegaron apenas en agosto.

No obstante decir la ley que los municipios deben reservar recursos para la alimentación escolar, lo cierto es que dependen por lo general de la cofinanciación que hace el Estado. “De acuerdo con el comportamiento evidenciado, la asignación y giro de la cofinanciación del PAE por la Nación fue efectuada de manera fraccionada y tardía”, dice la auditoría.

El ente de control también encontró casos de departamentos y municipios que no están ejecutando los recursos que se les dan para alimentar a los niños, pues el año pasado no se invirtieron 39.465 millones que debían tener esa finalidad. Así, hay zonas como el Guaviare, en donde el 47 por ciento del presupuesto (1.156 millones de pesos) no se invirtió en los menores. Y en Cali no se ejecutaron 18.629 millones de pesos (el 31,1 por ciento de su presupuesto para la alimentación escolar).

Si bien, para la Contraloría, parte de que no se estén usando los recursos tiene que ver con asuntos que no son controlables por los municipios como que no estén todos los estudiantes, no se realicen las jornadas escolares, o por condiciones climáticas que impiden llevar los alimentos, hay otras que sí tienen que ver con la eficiencia del programa, como que los recursos no lleguen a tiempo.

Con este crítico panorama, la auditoría determina que el Ministerio de Educación, que es el coordinador y articulador del PAE, debe iniciar un plan de mejoramiento para solucionar las deficiencias del programa.

La corrupción, uno de los aprietos más graves del PAE

La corrupción que ronda al manejo de recursos del PAE fue denunciada inicialmente por la Defensoría del Pueblo, hace tres años, y ha sido investigada por la Contraloría General desde entonces.

La Fiscalía también ha judicializado a funcionarios y particulares de siete departamentos por presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos.

En medio de las denuncias, el Ministerio de Educación ha reconocido que uno de los riesgos de este programa es que los contratistas no entreguen las raciones indicadas ni completas. A esa situación se suma que, según esa cartera, no existe “un modelo o esquema de supervisión o interventoría a los operadores que ejecutan los programas en cada territorio”.

La Contraloría también ha denunciado que municipios y gobernaciones contratan a los mismos operadores, pese a que han venido incumpliendo con los programas, como sucede en La Guajira, en donde las pérdidas del PAE en el segundo semestre del 2016 suman 16.792 millones de pesos.

El año pasado, la Contraloría detectó que en 24 regiones del país se perdieron 62.488 millones de pesos que debían invertirse en la alimentación escolar. Parte de esa fuga de recursos se da en un monopolio que se está quedando con los contratos. En La Guajira y Cesar, por ejemplo, dos operadores concentran ese negocio.

La Fiscalía tiene 10 casos penales identificados en departamentos como La Guajira, Atlántico, Chocó, Amazonas, Magdalena, Huila y Bolívar, donde el Estado invirtió 37.000 millones de pesos, de los cuales entre contratistas y funcionarios se habrían apropiado de 10.146 millones.

El ente acusador ya ha imputado cargos a 57 personas por esos casos de corrupción.

Ministerio ha hecho más de mil auditorías

El Ministerio de Educación Nacional señaló que aunque el programa tiene problemas viene trabajando para hacerlo más eficiente. “Desde ya estamos consolidando un plan de mejoramiento, con el trabajo de un equipo que está monitoreando el desempeño de este programa y teniendo en cuenta los informes de la Contraloría. Sabemos de su importancia para el desarrollo escolar de los niños", señalaron voceros del Ministerio.

Añadieron que la Entidad "siempre ha sido receptiva a las observaciones y análisis que hacen los organismos de control del Estado”. Indicaron, además, que tienen su mirada puesta en el buen manejo de los recursos y que para ello se viene haciendo el seguimiento y acompañamiento a las entidades territoriales. En 2016 se realizaron 777 visitas de seguimiento y verificación a instituciones educativas, 626 visitas de asistencia técnica y 1.309 visitas de auditoría.

“Lo estamos haciendo de la mano con los organismos de control. Sabemos que uno de los grandes desafíos es garantizar una eficiente inversión de los recursos de la alimentación escolar de los niños. Estamos trabajando por resolver las dificultades”.

Precisó, además, que esta tarea debe ser un compromiso de todos: Gobierno, organismos de control y autoridades locales y regionales.

MILENA SARRALDE
Redactora de Justicia

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