La escandalosa venta de beneficios que sacude a la justicia y al Inpec

La escandalosa venta de beneficios que sacude a la justicia y al Inpec

Lupa sobre certificaciones de trabajo y estudio de cárcel de Guaduas.

Raúl Ardila

Raúl Ardila, juez de ejecución de penas en Villavicencio (Izq.), y Eduardo de Jesús Renzo, juez de ejecución de penas en Guaduas (Der.)

Foto:

Mauricio León / EL TIEMPO

05 de julio 2017 , 02:45 p.m.

Margarita Díaz Martínez, exsecretaria de un juzgado de familia que por extrañas circunstancias terminó encargada de un juzgado de ejecución de penas, según la Fiscalía es una de las piezas claves del entramado de corrupción que sacude hoy a la justicia en los llanos orientales.

Ella fue la jueza que le concedió, en el 2015, beneficio de casa por cárcel a Ángel Humberto Espitia, un narcotraficante condenado a 11 años por un juez de Bogotá y que no cumplía con los requisitos de ley para lograr esa gabela. Y es la persona que aparece hablando en la mayoría de las cerca de 200 grabaciones con las cuales la Fiscalía sustenta los procesos contra jueces, fiscales, abogados, funcionarios del Inpec y tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio. Estos últimos tendrán audiencia el próximo 10 de julio.

“El que quiere vivir bien paga bien. Si da los 30 (millones), bien; es un permiso nacional, y por eso cobran”. Eso es lo que le dice Díaz, hoy prófuga de la justicia, a Viviana Vega, capturada en una conversación interceptada en febrero del 2016 y en la que, según la Fiscalía, se estaban negociando un permiso de trabajo y otras gabelas para Julio Alberto Preciado Oñate.

Él estaba condenado a ocho años por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas, y este viernes volvió a prisión porque, dice el expediente, pagó 30 millones de pesos para que su caso pasara a conocimiento del juez de Guaduas, Eduardo de Jesús Renzo Ovalle, quien en octubre de 2016 terminó concediéndole un permiso de trabajo que le permitía moverse por todo el país.

Ese juez, ya capturado, fue el mismo que el 3 de febrero pasado le dio libertad condicional a Édison Guillermo Velásquez Álvarez, ‘Farid’, uno de los jefes de la banda delincuencial ‘Libertadores del Vichada’. Según la Fiscalía, Farid no solo logró beneficios indebidos para salir de prisión, sino que ya regresó a la vida criminal. Tiene de nuevo orden de captura por extorsión y concierto para delinquir, pues ahora estaría con ‘los Puntilleros’, que recogió los restos del ‘Libertadores’ y otros antiguos grupos de exparamilitares de los Llanos.

El expediente de ‘Farid’ es el entronque con otro de los jueces capturados: Raúl Hernán Ardila. Él terminó también trabajando como juez de ejecución de penas, y en esa condición le concedió detención domiciliaria al peligroso capo en septiembre del 2013. ¿Su argumento? Que el ex-Auc era padre cabeza de familia y el único capaz de responder por su hijo, de 5 años y por el que jamás se había preocupado.

‘Farid’ habría pagado 60 millones de pesos, según la Fiscalía, por lograr primero la casa por cárcel y luego la libertad.

Pero, no es el único ex-‘Erpac’ (la banda creada por alias Cuchillo) que habría sacado provecho de la red de corruptos. La Fiscalía investiga beneficios al ‘Ingeniero’ (ahora cabeza de ‘los Puntilleros’) y supuestos contactos del capo ‘Caracho’ con algunos de los 21 detenidos.

“Había varias tarifas, como si se tratara de un catálogo de mercancías”, dijo la Fiscalía en las audiencias realizadas este fin de semana. La red ofrecía contratos laborales falsos y certificados de redención de pena por trabajo y estudio.

Lo que ha quedado en evidencia hasta ahora es que la cárcel de Guaduas estaba al servicio de la red. Fueron capturados su director, el mayor Fabián Ríos Cortés, y el dragoneante Jefry Torres Torres. Ellos, dice la investigación, ofrecían los servicios ilegales y traslados ventajosos. En una interceptación de agosto de 2016, Ríos Cortés habla de “3 cuadros a 80 millones de pesos” y que tiene espacio para los internos que quieran llegar. Para la Fiscalía, esto demuestra que estaban vendiendo cupos. El escándalo toca también a Arizmendy Varela Moreno, asesor jurídico del Inpec, y José Luis Rangel Núñez, asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio.

Este miércoles se realizará la imputación de cargos contra otros 11 de los detenidos. Entre ellos están el fiscal Javier Eduardo Aldana y el teniente (r) de la Policía Carlos Hernán Garzón Villamil. Él trabajó con la Misión de la OEA para el apoyo al proceso de paz (Mapp-OEA) y había tratado de ambientar en medios de comunicación versiones favorables de ‘Caracho’, otro de jefe de las bandas del Llano.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

Sigue bajando para encontrar más contenido

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA