Corrupción en regiones: Fiscalía rastrea saqueos por $ 1,65 billones

Corrupción en regiones: Fiscalía rastrea saqueos por $ 1,65 billones

Fiscal Martínez dice que hay una amenaza para la democracia por cuenta de funcionarios deshonestos.

Corrupción en las regiones: Fiscalía rastrea saqueos por $ 1,65 billones

Por presuntamente vender beneficios a peligrosos delincuentes fueron capturados hace una semana 21 abogados, jueces, funcionarios del Inpec, de Medicina Legal y otras entidades del Meta. 

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Mauricio León / EL TIEMPO

07 de julio 2017 , 07:09 a.m.

Desde los millonarios tratamientos por hemofilia a ‘pacientes fantasma’ en Córdoba hasta el no pago de cirugías plásticas realizadas a familiares del gerente de un hospital público en Antioquia y al mismo contralor de ese departamento hacen parte del gran paquete de procesos que lleva la Fiscalía por corrupción, y que ya tiene inscritos 528 nombres de funcionarios públicos, contratistas del Estado y particulares que han sido o serán judicializados en los próximos días.

De acuerdo con el ente investigador, que ya ajusta 10 meses adelantando su estrategia ‘Bolsillos de Cristal’, se calcula que el desfalco al erario supera los 1,65 billones de pesos.

Mientras avanzan las investigaciones por los grandes escándalos, los procesos por el saqueo a las regiones y sobre las redes de corrupción en las entidades locales, incluida la misma Fiscalía, han puesto en evidencia prácticas que llevaban años de virtual impunidad.

“La corrupción es de distinto calado y afecta de distintas maneras a nuestra sociedad. La corrupción solamente la juzgamos alrededor de los macrocasos de corrupción (como) Reficar y Odebrecht, pero en las pequeñas ciudades y municipios se está horadando la democracia y la legitimidad también”, dijo el jueves el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Aseguró que la próxima semana habrá nuevos resultados sobre casos del Huila, Tolima, Antioquia y Cundinamarca, entre otros departamentos.

En esa lista de procesos con avances recientes están, según el jefe del ente investigador, la captura –el martes pasado– de cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Marinilla, Antioquia, señalados de adjudicar ilegalmente 11 predios del municipio a familiares del alcalde y de la asesora jurídica del municipio en el periodo 2012-2015. El desfalco se calcula en 400 millones de pesos.

En San Vicente de Chucurí, Santander, fueron detenidos la exsecretaria de Planeación municipal y el supervisor de un contrato por 532 millones de pesos para la construcción de obras del alcantarillado.

Y en Amazonas fueron enviados a la cárcel Bethertan Roseney y Ahue Almeida, representantes de la asociación indígena Azcaita, y Pedro Pablo Rojas Baus, el supervisor de un convenio en el que se estima se perdieron más de 90 millones del Plan de Alimentación Escolar de los colegios de Leticia. Nilson Alviar Peña, representante legal (e) de la asociación indígena, es buscado a través de circular roja de Interpol.

A esos casos se suman los que tienen dando explicaciones a exmandatarios y exfuncionarios de Sucre, Córdoba y La Guajira y los escándalos que tocan a funcionarios judiciales y de organismos de control de varios departamentos del país.

¿Hay más corrupción?

En las últimas dos semanas las investigaciones tocaron a Gustavo Moreno, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía; al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga; y hasta a tres magistrados del Tribunal de Villavicencio que están ad portas de ser procesados porque supuestamente formaban parte de la red que favorecía a grandes criminales con beneficios judiciales.

Consultados por EL TIEMPO, varios analistas coincidieron en afirmar que la escalada de capturas e imputaciones no necesariamente se explica por un aumento de la corrupción, sino en que ahora se le está dando mayor visibilidad y las investigaciones están dando resultados.

“Entre más se lucha contra la corrupción más se percibe el problema; entonces más se cree que hay una crisis ética de valores”, dijo el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Cetina. Cetina asegura que lo que está pasado y la develación de los nuevos casos de corrupción muestran, precisamente, que los esfuerzos para combatirla están dando resultados.

Pablo Bustos, el presidente de la Red de Veedurías, señaló que otro factor que explica el impacto de los últimos casos es que “tocan a la institucionalidad estratégica destinada a la lucha contra la corrupción”. Bustos dijo también que es un fenómeno más notorio porque el país ya no tiene en su mira los hechos del conflicto armado, que han bajado de intensidad por el proceso de paz. “La corrupción es un conflicto social solapado que siempre ha vivido Colombia”, aseguró.

Por su parte, César Rodríguez, director de Dejusticia, afirmó que la existencia de corrupción dentro de las instituciones que precisamente deben aplicar justicia y control tiene como explicación la poca efectividad del sistema legal. “El sistema de castigo tradicionalmente no ha funcionado como debería a través de la investigación y el juzgamiento”, dijo, y agregó que esto ha sido más notorio cuando los investigados son funcionarios con algún poder.

Escándalos rondan a la justicia

Afirmando que podrían desviar el proceso, la Fiscalía le pidió el jueves a un juez que envíe a prisión a 10 funcionarios judiciales y abogados capturados en medio de una investigación contra una red de corrupción que vendía beneficios judiciales y carcelarios a peligrosos capos de los Llanos Orientales.

En ese mismo proceso, el ente acusador les imputará varios delitos este sábado a otros 11 funcionarios judiciales y abogados, entre los que se encuentran jueces y un exfuncionario de la Misión de la OEA que apoya el proceso de paz en el país. Aún está pendiente la imputación contra tres magistrados del Meta, que se realizará el 11 de julio.

Este caso de corrupción en la justicia se suma a la captura –hace más de una semana– del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, enviado a La Picota porque habría exigido un soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de favorecerlo en su proceso judicial. Y en abril pasado el fiscal Rodrigo Aldana se declaró culpable de recibir un apartamento del exsenador Otto Bula como dádiva por beneficiarlo en un caso de extinción de dominio.

JUSTICIA

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