Justicia busca a guerrillero que atacó a niñas en zona veredal

Justicia busca a guerrillero que atacó a niñas en zona veredal

Fiscalía dice que proceso contra miembro de las Farc, de 19 años, tiene que ir a justicia ordinaria.

Guerrilleros de Farc pasan a la JEP

Fuentes de la Fiscalía señalaron que a pesar de su judicialización, el guerrillero podría intentar acudir a la JEP.

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Eliana Aponte / Archivo EL TIEMPO

07 de junio 2017 , 08:41 p.m.

La Fiscalía solicitará ante un juez la emisión de una orden de captura contra Jhon Darío Bailarín Cinguí, el hombre de 19 años que está sindicado de intentar abusar de dos menores de edad, de 3 y 9 años de edad

Bailarín es integrante de las Farc, y en este momento se encuentra prófugo tras huir de la zona veredal de Vidrí, Vigía del Fuerte (Antioquia), a la que estaba asignado. La misma guerrilla lo denunció y entregó información para ubicarlo.

El mecanismo tripartita de monitoreo –Gobierno, Farc, ONU– calificó el hecho como una violación grave a los acuerdos del cese bilateral al fuego y hostilidades, y aunque no hizo ningún tipo de recomendación, resaltó que se haya informado de manera oportuna el hecho delictivo.

La Fiscalía señaló que este caso debe ser competencia de la justicia ordinaria, y advirtió que el decreto reglamentario de la justicia especial para la paz (JEP) deja un boquete que podría ser usado por quienes sigan cometiendo delitos en los sitios de agrupamiento.

El director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del ente acusador, Luis González León, afirmó que los investigadores del CTI y la Policía asignados al caso recopilaron suficiente evidencia testimonial y muestras de ADN para pedir la expedición de una orden de captura contra el guerrillero señalado de atacar a dos menores de 3 y 9 años, el 9 de mayo pasado.

“La Fiscalía considera que hechos censurables como este deben corresponder a la justicia ordinaria. Y comparte la interpretación que han hecho integrantes de las Farc que han señalado que este tipo de hechos no tienen ninguna relación ni vínculo con la dejación de armas”, señaló González León.

Advirtió que el decreto reglamentario de la JEP expedido hace algunos días “y en especial el artículo 54 incluye como delitos estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas todos aquellos delitos no amnistiables”.

Según lo acordado entre el Gobierno y las Farc los delitos vinculados al proceso de dejación de armas serán competencia de la JEP y sus responsables podrán recibir los beneficios del proceso de paz. “La Fiscalía ha manifestado que debe existir el mayor rigor y la mayor precisión jurídica en la definición de todos los aspectos de la jurisdicción ordinaria y la justicia especial para la paz”, indicó González León.

Esa posición fue compartida por el procurador general, Fernando Carrillo, quien señaló que ante ese tipo de delitos no se pueden conceder ni amnistías ni indulto.

“Conductas como esta debilitan la confianza de la sociedad en el proceso de implementación de los acuerdos”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que a pesar de su judicialización, el guerrillero podría intentar acudir a la JEP para pedir que el caso llegue a esa justicia transicional, y sería un magistrado el que tomaría una decisión al respecto.

La directora jurídica de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes, afirmó que frente a este tipo de casos la competencia es de la justicia ordinaria. “El acto legislativo claramente dice que ninguna conducta después del 1.° de diciembre puede ser objeto de reconocimiento de la JEP, excepto los directamente relacionados con la dejación de armas. Pero actos sexuales abusivos no tienen nada que ver con la dejación de armas. Ello no implica que el señor no pueda ser beneficiario de las conductas cometidas antes del 1.° de diciembre”, dijo Cifuentes.

El guerrillero podría recibir la amnistía de iure por rebelión pero, en caso de ser encontrado culpable del abuso en la justicia ordinaria tendría que cumplir la sentencia completa que le imponga esa jurisdicción. “Cualquier magistrado va a concluir que ese delito no está vinculada con la JEP”, indicó Cifuentes.

JUSTICIA

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