Las absoluciones que enredan a Leonidas Bustos y a su corte

Las absoluciones que enredan a Leonidas Bustos y a su corte

Revisan archivos e inhibitorios a favor de clientes del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

Leonidas Bustos

El exmagistrado Leonidas Bustos.

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Ana María García / EL TIEMPO

15 de octubre 2017 , 10:35 a.m.

El exmagistrado Leonidas Bustos viajó al menos dos veces a Miami y Panamá con el fiscal corrupto Gustavo Moreno; negoció con él un BMW de 110 millones de pesos; lo recomendó para ser el defensor del senador Hernán Andrade y lo recibió 29 veces en su despacho de la Corte Suprema.

No obstante, Bustos le acaba de asegurar al alto tribunal que no es cercano al joven y corrupto abogado, que este lo perseguía como una sombra y que está seguro de que usó su nombre para pedir, de “manera indebida y rastrera”, dinero a políticos investigados.

Pero la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara no solo creen tener evidencia testimonial y documental para sustentar los nexos de Bustos y Moreno. Ahora buscan probar la existencia de un trabajo coordinado entre ambos, con el concurso del exmagistrado Francisco Ricaurte, para ‘cercar’ a potenciales clientes investigados por la Corte y pedirles plata.

Las decisiones que Bustos tomó o promovió en los ocho años que estuvo en ese tribunal son uno de los principales indicios.

¿Clientes favorecidos?

En ese lapso enterró mediante archivo 42 expedientes contra congresistas y respaldó otros, hoy bajo la lupa. Uno de ellos es un inhibitorio que favoreció a Musa Besaile dentro de una investigación por el homicidio de uno de los testigos en su contra: el paramilitar Luis Eduardo Urán.

En las grabaciones en poder de la DEA se escucha decir a Leonardo Pinilla, socio de Moreno, que esa decisión fue pactada. Y según le certificó la Corte a EL TIEMPO, ese expediente no estaba en el despacho de Bustos sino de Gustavo Malo, otro de los implicados.

En total, Besaile aparece con 5 casos cerrados. Pinilla también habla de un inhibitorio a favor del senador conservador Hernán Andrade, cliente de Gustavo Moreno, que costó 1.200 millones de pesos.

En total, dice la Corte, a Andrade le cerraron tres procesos y en dos, Moreno era el abogado. Bustos fue quien lo recomendó, según se lo confesó a este diario Gerardo ‘Yayo’ Torres, esposo de Mabel Parra, la exmagistrada auxiliar de Bustos que acaba de renunciar a la Fiscalía.

EL TIEMPO estableció que otros que obtuvieron decisiones favorables son Hernando Padauí, de la Comisión de Acusaciones y a quien Moreno representó en siete casos. Y le cerraron cinco procesos al exministro Jorge Londoño Ulloa y dos a Eduardo Agatón. Los dos tenían como defensor a Moreno, hoy testigo contra Bustos y Ricaurte.

El magistrado Malo también le archivó casos a Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Además, tuvo en su despacho el expediente de Álvaro Ashton, quien habría pagado 1.200 millones para que engavetarlo. Esta semana, Moreno aseguró que de ese dinero, 200 millones de pesos le correspondieron a Leonidas Bustos.

Y la cuenta podría aumentar si se prueba que el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos fue otro de los que entregó coimas para librarse del caso que se le sigue por ‘parapolítica’. Este, quien se declara inocente, incluyó en su defensa a Moreno un mes después de que EL TIEMPO reveló que le dictarían medida de aseguramiento.

Además de Moreno, a la defensa de Ramos se integró Majer Nayi Abushihab, actual asesor del despacho del Fiscal y exdefensor de la esposa de Moreno.

El ‘sobrino’ de Bustos

El exfiscal anticorrupción también defendió a la excongresista de Córdoba Zulema Jattin, su expareja, a quien la Corte acaba de llamar a juicio tras 10 años de investigación. Al respecto, el exvicefiscal Jorge Perdomo acaba de revelar que Moreno le pidió ayudar al hermano de Jattin, Francisco José, investigado por corrupción en la Fiscalía.

Paradójicamente, entre los inhibitorios que firmó Bustos están los de dos exparlamentarios, dispuestos a declarar que fueron sometidos a exigencias de dinero o a presiones: Piedad Zuccardi y Javier Cánceres Leal, a quienes se sumaría el paisa Óscar Suárez Mira.

EL TIEMPO estableció que otro parlamentario ha dicho que le enviaron a su ciudad a un supuesto sobrino de Bustos para arreglar el pago en un parqueadero del aeropuerto. Y al negarse a la exigencia, fue condenado de manera exprés e incluso involucraron en otras investigaciones a familiares y allegados.

Y en el caso de Zuccardi, fuentes de la Corte le admitieron a EL TIEMPO que Bustos insistía en avalar como prueba en su contra audios con sus abogados, que luego fueron inadmitidos.

Bustos también archivó e inadmitió dos denuncias contra miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en tiempos en los que Gustavo Moreno era asesor de esa corporación. De hecho, otros magistrados de la Sala Penal que él integró y presidió inadmitieron o archivaron 21 denuncias más contra esa corporación, encargada de investigarlos.

Las estadísticas parecieran hablar solas. En la época de la ‘parapolítica’, la Sala Penal profirió 110 condenas contra gente tan poderosa como Mario Uribe, Erick Morris, Álvaro Araújo y Salvador Arana.

Pero, a finales de 2013, cuando según la Fiscalía se echó a andar la organización criminal de Bustos, Ricaurte y Moreno, las cifras de condenas cayeron dramáticamente: 25. Y muchos de esos casos ya venían de atrás, como los de María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Miguel Maza Márquez.

La misteriosa empresa de Gustavo Moreno

El rastro más fresco de los nexos entre el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, y el abogado corrupto, Gustavo Moreno, se llama International Legal Consulting. A esa firma fue a parar el BMW de placas RHV 017 que supuestamente Bustos le regaló a Moreno, pero que el exmagistrado dice haber vendido legalmente acudiendo a un testaferro: el fiscal Raúl Acero. La empresa fue creada por Moreno en junio de 2013 bajo el nombre de Moreno Estudios Legales, tres meses antes de que Acero le traspasara el carro siguiendo instrucciones de Bustos.

En octubre de ese mismo año, Moreno puso el carro a nombre de su empresa y antes de revendérselo al Grupo H.G. SAS, compañía dedicada a la venta de finca raíz, constituida en Cali y cuyos voceros dicen no recordar la transacción.

Aunque Moreno aparece como único accionista de International Legal Consulting, uno de los secretarios generales de la empresa es Aldemar Guarnizo García. Se trata de un abogado que lo acompañó en procesos ante la Corte, entre estos uno contra Jorge Enrique Rozo Rodríguez, representante a la Cámara por Cundinamarca y quien milita en Cambio Radical.

Rozo obtuvo una preclusión a su favor el 20 de enero de 2017 y, según dice, ha servido de informante a la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta por alteraciones de los planes de ordenamiento territorial (POT) de varios municipios de la sabana de Bogotá, caso del que acusan a Gustavo Moreno de engavetarlo en su paso por la Unidad Anticorrupción.

La misteriosa empresa de Moreno entró en liquidación el 10 de julio de 2014 por ser supuestamente inviable económicamente. No obstante, aparece pagando por el BMW de Bustos 110 millones de pesos, once veces lo que tenía en bancos. Se indaga si fue usada para ocultar pagos del ‘cartel de la toga’.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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