Las invasiones amenazan la formalización de tierra en el país

Las invasiones amenazan la formalización de tierra en el país

Tres casos emblemáticos en Córdoba y Cauca ponen en peligro la adjudicación de predios 

Desalojo de tierras

La Agencia Nacional de Tierras adelantó un proceso de desalojo de los invasores de la finca Las Palmas de Chipilín, en Córdoba

Foto:

Agencia Nacional de Tierras

02 de julio 2018 , 07:45 p.m.

Campesinos a quienes se les adjudicó la finca Palmas de Chipilín, en el corregimiento Martinica en Montería, perdieron algunas de sus improvisadas casas hace tres meses en un incendio detrás del que, según las autoridades, estaría un grupo de invasores de tierras.

La finca, cuyo valor supera los 3.100 millones de pesos, fue adquirida por la Agencia Nacional de Tierras en octubre pasado para ser entregada a 45 familias de la Asociación Nacional de Campesinos (Anuc) de Córdoba, pero cinco meses después fue invadida por cerca de 100 familias

La agencia logró que las autoridades ordenaran el desalojo, y, aunque el procedimiento se llevó a cabo, en menos de tres días, los invasores regresaron.

Este caso no es el único documentado por la Agencia de Tierras, que ha hallado campesinos, indígenas, afros o empresarios invadiendo territorios de otros, o predios de la nación. Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántas propiedades están invadidas, la Agencia de Tierras tiene registrados por lo menos tres casos emblemáticos que preocupan a las autoridades y podrían poner en riesgo el programa de formalización de tierras, que ya ha logrado adjudicar 1,5 millones de hectáreas (ver notas anexas).

En el caso de Palmas de Chipilín, la agencia compró la finca de 202 hectáreas el 30 de octubre del 2017 para entregársela a la Anuc. Pero mientras se hacía la organización y distribución de parcelas a 45 familias campesinas , otro número significativo de familias tomó el predio por vías de hecho, sacando de forma violenta a los adjudicatarios.

El pasado 13 de junio, funcionarios de la agencia, acompañados de la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, realizaron el desalojo, pero dos días después los invasores regresaron. Ahora, de acuerdo con la agencia, se debe iniciar nuevamente el proceso, que consiste en la presentación de una querella ante el inspector de policía para que cite a una audiencia de conciliación en la que se les pide a los invasores su retiro voluntario. Si la respuesta es negativa, se adelanta un nuevo desalojo.

El director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, ha dicho que quienes están invadiendo pueden quedar vetados para ser beneficiarios de los programas de adjudicación. “No van a acceder en ningún momento a un programa de adjudicación de baldíos o de formalización de la tierra o de entrega de tierras por parte de la agencia. Invadir no es la solución, en esta tierra tenemos que caber todos, pero no a la brava”.

Otro caso de invasión es el de seis predios de las haciendas San Joaquín, en Balboa, y El Carmen, en el Patía, Cauca, los cuales fueron adquiridos en enero de este año por la agencia para convertirlos en el hogar de 2.060 familias campesinas de Anuc. Hoy, esas familias no han podido establecerse en la propiedad porque integrantes de un consejo comunitario afro reclaman esa tierra y están impidiendo la llegada de los adjudicatarios.

Fuentes de la agencia dicen que la comunidad afro no se ha instalado completamente, pero impiden la adjudicación con el argumento de que las fincas están en territorio ancestral. Reuniones con líderes de la Mesa Afrocaucana no han logrado destrabar la situación en la que está en riesgo la inversión de 21.400 millones hecha por el Estado al comprar esas 1.950 hectáreas

No van a acceder en ningún momento a un programa de adjudicación de baldíos o de formalización de la tierra o de entrega de tierras por parte de la agencia

El tercer caso que preocupa a la agencia es el de El Vichal, en Cereté, Córdoba. Sobre ese predio, el Consejo de Estado determinó que es un baldío de la Nación, lo que lo hace inadjudicable, a pesar de que era reclamado por empresarios.

Desde 1989, campesinos del corregimiento Rabo Largo alertaron sobre la invasión por parte de un grupo de particulares. Desde entonces comenzó un largo proceso en el que integrantes de la familia Milane Calume, propietaria de la empresa Proagrocor; las familias Calume Spath y Castillo Calume, de la empresa Calume Spath y Compañía, y el señor Luis Alejandro Otero alegaron ser los dueños del terreno.

En su calidad de inadjudicable, el predio de 263 hectáreas y que está avaluado en 17.000 millones no será entregado de forma definitiva a nadie, pero con su recuperación material, que fue hace un mes, la agencia puso en marcha un nuevo reglamento para que campesinos de escasos recursos puedan beneficiarse con sus cultivos transitorios.

Agencia les ha puesto orden a 1,5 millones de hectáreas

Con 1’572.955 hectáreas formalizadas desde el nacimiento de la Agencia Nacional de Tierras, hace dos años, han sido beneficiadas 40.420 familias.

La entidad, cuyo propósito es poner orden a la propiedad rural a través de la adjudicación de tierra a campesinos que no tienen y la legalización de quienes hacen uso de ella pero no han formalizado esa situación, señala que hoy ya se han entregado 37.126 predios en todo el país.

La cifra es récord si se tiene en cuenta que las hectáreas entregas en seis años en procesos de restitución de tierras –procesos de devolución relacionados con el conflicto armado– llegan a las 291.000 que benefician a cerca de 40.000 personas.
De los 48.480 procesos de adjudicación de baldíos resueltos a la fecha, los cuales hacen parte de esta estrategia que avanza de la mano con el acuerdo de paz, 34.199 culminaron con adjudicaciones, 9.184 se negaron, entre otras razones porque eran predios con protección especial o los peticionarios no cumplían los requisitos para recibir el beneficio, y 5.097 más terminaron archivados.

Al Fondo de Tierras, que también hace parte del acuerdo de paz y debe proveer siete millones de hectáreas para familias que no la tengan, cuenta ya con 517.249 hectáreas inscritas.

Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras

Para Samper, si la tierra fue origen del conflicto, debe jugar también un papel en la construcción de la paz.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

En entrevista con EL TIEMPO el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, aseguró que "la conflictividad social por la tierra es la mayor amenaza" en el proceso de adjudicación de predios. 

¿Cuál es el mayor impacto que ha generado la Agencia Nacional de Tierras en estos dos años de funcionamiento?

Han sido tres: el primero es que pusimos al país a hablar de tierras. El asunto de la tierra no se abordó por décadas y hoy ocupa uno de los primeros renglones de la agenda nacional. El segundo es que logramos reincorporaran a la vida productiva más de 41.000 familias. Se trata de familias que convertimos en propietarias de su tierra y hoy pueden acceder a créditos, subsidios, vivienda, gracias a ese título de propiedad. Por último, sembramos esa semilla de masificar la formalización, para que a futuro rinda sus frutos en condiciones de desarrollo y progreso en el campo colombiano.

La invasión de tierras es uno de los grandes desafíos de los procesos de formalización, ¿qué otras amenazas hay en este proceso y cómo se están atacando?

Tal vez la mayor amenaza sea la conflictividad social. Las pretensiones y demandas de tierra son enormes por parte de todas las comunidades. Debemos entender que en esta tierra tenemos que caber todos, y que la tierra no se reproduce milagrosamente como los panes y los peces. Debemos hacer un gran pacto por la tierra en el que garanticemos que podemos poner a producir el campo sin darle codazos al otro.

El Centro Democrático ha criticado la estrategia de formalización rural que quedó en el acuerdo de paz. ¿Cómo responder a esas críticas y qué esperar del próximo gobierno?

En las reuniones de empalme, el equipo de Iván Duque ha demostrado gran interés no solamente por seguir el proceso sino por profundizarlo, darle fuerza. Con la formalización, ordenando el territorio como se ordena la casa, podemos demostrar que esa dicotomía entre la agroindustria y el pequeño o mediano propietario no existe y, al contrario, se puede generar ese esfuerzo conjunto hacia la productividad y el desarrollo del campo que todos estamos esperando.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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