Interventor de contrato con Odebrecht no aceptó cargos

Interventor de contrato con Odebrecht no aceptó cargos

Jaime Buenaventura Quintero tendrá que responder por peculado y falsedad en documento público.

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23 de octubre 2017 , 12:08 p.m.

En la mañana de este lunes, la Fiscalía le imputó cargos a Jaime Buenaventura Quintero, director de interventoría externo del contrato Tunjuelo - Canoas, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros como coautor y falsedad ideológica en documento público como autor.

Ese contrato resultó salpicado dentro del escándalo de Odebrecht. Según las investigaciones funcionarios públicos de Bogotá, entre ellos el exalcalde Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, habrían recibido coimas para garantizar que esa compañía se quedara con el contrato de descontaminación del río Bogotá. 

Ante el Juzgado 82 Penal con Función de Control se Garantías, la Fiscalía afirmó que Buenaventura no habría cumplido su función de interventor en el que se vieron involucrados 48.000 millones de pesos del anticipo del contrato, que corresponderían al 99.61% del mismo.

Según el ente acusador, los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2011, cuando fue celebrado el contrato 1115, Tunjuelo - Canoas, que fue adjudicado al Consorcio Canoas -integrado por las empresas constructoras Norberto Odebrecht, representada por Luiz Antonio Bueno Junior, SAS Constructores, representada por Carlos Alberto Solarte Solarte- en provecho de la empresa Fábrica Latinoamericana de Instrumentos Financieros SAS y ACC Ingenierías, hoy Asacan, cuyo representante legal en ese momento era Andrés Alberto Cardona Laverde; así como en provecho propio de la constructora Fajardo Nieto Ltda., de la cual es gerente Orlando Fajardo Castillo y Cerramesa Ltda.

Dicho contrato se adjudicó el 29 de diciembre de 2009 por un valor de 243.000 millones de pesos y consistió en el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo- Canoas, río Bogotá.

Fue en este momento que, según la Fiscalía, Buenaventura Quintero cometió el delito de peculado por apropiación cuando participó en los comités de obra y manejo de los dineros públicos correspondientes al anticipo del contrato 1115, tanto en la cuenta de ahorros Davivienda, como en la comisionista de bolsa, Correval.

Fue así como, presuntamente, el interventor del contrato no cumplió con sus funciones que, entre otras, eran: controlar la realización y cumplimiento del anticipo, la responsabilidad financiera, exigir la devolución mensual de este, verificarlo y vigilarlo.

Una de las funciones que destacó la Fiscalía, era radicar la solicitud de trámite del anticipo que tenía que presentar, el cual generalmente era aprobado en 2 días hábiles. Sin embargo, ese mismo 30 de diciembre del 2009, se aprobó el anticipo y Buenaventura Quintero conoció, junto a Carlos Alberto Acero, interventor interno -quien está en interrogatorio en la Fiscalía- que se trasladó de la cuenta autorizada, Davivienda, a la Comisionaria Correval, la suma de 48.000 millones de pesos en 32 operaciones.

Según la Fiscalía, Correval celebró un contrato para la administración de labores y Buenaventura sabía que los productos relacionados con el comisionista de bolsa no funcionaban de igual forma que la cuenta autorizada.

“Supo que además de no ser la cuenta rentable autorizada, del riesgo de pérdida total o parcial frente a los dineros correspondientes del anticipo”, dijo el fiscal durante la diligencia. Y todo esto, sin verificar giros y pagos de las transacciones de Correval.

Respecto a la falsedad ideológica, la Fiscalía lo relacionó con el informe final del anticipo que fue el 8 de marzo de 2011, en que según el ente acusador, Buenaventura Quintero permitió la apropiación de dinero en favor de terceros.

Esto se evidencia en los registros de contratos a subcontratistas en los que se ven las sumas pagadas. Por ejemplo, en CSS Constructores hubo 23.000 millones de pesos no soportados; en Bancolombia, 2 millones; Terpel, 16 millones; Mario Londoño, 18 millones; Colfondos, 2 millones; empresa de Acueducto de Alcantarillaro, 295 millones no soportados, entre otros.

Fue así como, según la investigación, el interventor sabía que estaba consignado una serie de falsificaciones en los registros porque no dio cuenta de lo que realmente se había pagado.

JUSTICIA

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