'Hay deserción por líos en zonas de ubicación de exguerrilleros'

'Hay deserción por líos en zonas de ubicación de exguerrilleros'

Defensoría dice que si no se atiende la reincorporación, la paz podría estar en entre dicho.

En zonas para el desarme faltan albergues y agua potable: Defensor

Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo.

Foto:

Andrea Moreno/ EL TIEMPO

29 de septiembre 2017 , 10:49 p.m.

“Si el Gobierno no atiende como tiene que atender la reincorporación, la paz podría estar en entre dicho”. Esa es la alerta que lanzó el viernes el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en referencia al trabajo de campo que desarrolló la entidad en los 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), donde se agrupan los excombatientes de las Farc en vías de regreso a la vida civil.

EL TIEMPO conoció el documento de 50 páginas en el que la Defensoría plasma sus inquietudes. Y, aunque reconoce avances muy importantes en el proceso, después de recorrer durante el mes de agosto cada uno de los sitios de concentración, advierte de problemas más logísticos que de fondo que están llevando a miembros de la guerrilla a pensar en abandonar los programas.

Las visitas se centraron en evaluar las condiciones de seguridad de los excombatientes y comunidades cercanas, así como la adecuación de estos espacios y los procesos de reincorporación de los hombres que militaron en la guerrilla.

En 24 de las 26 regiones donde hay concentraciones de ex-Farc se identificó la presencia del Eln,
grupos armados organizados, ‘clan Úsuga’ y disidencia de las Farc. Solo en Icononzo (Tolima) y Pondores (La Guajira) no se encontraron amenazas.

Según la Defensoría, las comunidades se sienten en riesgo y vulnerables en su integridad y vida, y muchas denuncian la “persistencia de amenazas mediante panfletos y mensajes en las paredes, los cuales evidencian la presencia de distintas estructuras armadas que pueden poner en riesgo la implementación del Acuerdo Final”. Aunque se reconoce que el Ministerio de Defensa ha presentado estrategias para contrarrestar las amenazas, se afirma que ha sido escasa su socialización con las comunidades y los exguerrilleros.

Las comunidades alrededor de los espacios territoriales se muestras escépticas frente a los anuncios del Gobierno porque a la fecha no han visto mejoras en sus vías, centros de salud, de educación, redes de acueducto y alcantarillado y desarrollo social.


También advierten que la instalación de los campamentos ha generado una afectación directa del medioambiente, en especial por la contaminación de ríos y quebradas con aguas residuales.

El documento dice también que las comunidades campesinas no se han apropiado de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “Hay divergencias entre los intereses de los líderes sociales (…) y los cultivadores, y escasos estudios de mercadeo y de suelos, que son base para la generación de nuevas actividades económicas sostenibles”, dice el informe.

La Defensoría reconoce que aunque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos en la adaptación de zonas de habitación para los excombatientes, “en muchos de los espacios las aulas son insuficientes para la formación en educación básica –que además integra a miembros de las comunidades cercanas– y existen vacíos en la dotación del mobiliario y material educativo. Además, en varios de esos sitios los servicios de luz y agua son intermitentes”.

“En la gran mayoría de los centros no hay agua potable, no hay energía (…) y así no se les puede brindar una capacitación, una forma de subsistencia a los 7.000 hombres que entregaron sus armas y a los 4.000 milicianos”, dijo Negret.

El Defensor advirtió su preocupación porque estos hechos pueden llevar a que muchos exguerrilleros abandonen el programa: “Los que se van ahora es porque se aburren de las promesas del Gobierno; están aburridos del proceso porque no tienen salud, no tienen educación, y si no tienen educación, no tienen futuro”.

En el informe también se resalta que ha habido problemas en la expedición de documentos para iniciar el proceso de reincorporación. Muchos no han recibido el certificado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y otros no han podido ingresar al sistema financiero.

Finalmente, la Defensoría advierte sobre la presencia de niños y adolescentes en los sitios de concentración, quienes son parte del grupo familiar de los excombatientes de las Farc. Negret dice que no hay condiciones que garanticen sus derechos. Sobre la capacitación a las mujeres, se subraya que no hay guarderías, y que eso limita su ingreso a los programas.

JUSTICIA

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