Los cuatro muertos que se llevaron secretos del saqueo de Córdoba

Los cuatro muertos que se llevaron secretos del saqueo de Córdoba

El expediente enreda al exgobernador Alejandro Lyons, al senador Musa Besaile y a su hermano.

Musa Besaile, Alejandro Lyons y Bernardo Elías

De izquierda a derecha: el senador Musa Besaile, el exgobernador Alejandro Lyons y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías.

Foto:

César Melgarejo - Gudilfredo Avendaño / EL TIEMPO - César Vargas / EFE

07 de octubre 2017 , 11:25 p.m.

Hace apenas unos meses, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que en las investigaciones por corrupción habían quedado en evidencia clanes políticos que más parecían mafias, pues “como los más avezados criminales se dan a la tarea de destruir evidencia de manera sofisticada y de liquidar testigos, copartícipes de su acción criminal”.

Aunque Martínez no hizo una referencia directa a Córdoba, lo cierto es que en el expediente del saqueo a ese departamento, que habría llegado a los 138.349 millones de pesos, aparecen enredados algunos de los políticos más poderosos y controvertidos del país, empresarios, fiscales y hasta un exparamilitar. Y además de los actos de corrupción, se investigan varios homicidios.

El escándalo data del segundo semestre del 2011, cuando, según la Fiscalía, el exgobernador Alejandro Lyons y el senador Musa Besaile acordaron repartirse el presupuesto. En esa alianza aparece salpicado el actual gobernador, Edwin Besaile, hermano de Musa y quien ahora concentra la atención de la opinión pública y de la justicia. Y para el controvertido senador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, otro de los señalados en el escándalo, se viene un capítulo judicial, adicional al de Odebrecht, por el que ya está preso.

La ruta de los pagos

El expediente dice que para poner en marcha el plan de Lyons y el senador Besaile se firmaron 5 convenios de ciencia y tecnología que no tenían nada ni de la una ni de la otra, pero que les permitieron evadir la obligación de una licitación.

El exgobernador, hoy convertido en testigo clave de ese caso y cuya colaboración encendió el megaescándalo de la justicia, se habría quedado con 8.950 millones de pesos. De la misma plata proveniente del saqueo de las regalías de Córdoba habrían salido 600 millones de pesos para que Besaile pagara parte de los dos mil millones de pesos que entregó a lo que el ente acusador llamó “una red criminal”, integrada por los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, el magistrado Gustavo Malo, el exfiscal Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla.

Los empresarios Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Maximiliano García Basanta, el italiano Sami Spath Storino y Mara Bechara, exrectora y una de las propietarias de la Universidad del Sinú, aparecen como fichas del entramado criminal. También estaba investigado el exdirector de regalías de Córdoba Jairo Alberto Zapa Pérez, asesinado en extrañas circunstancias en agosto del 2014.

El sicario que mató a Zapa, el expara Joice Hernández, confesó el crimen y busca un principio de oportunidad para delatar a los autores intelectuales. Fuentes cercanas al caso señalaron que Zapa fue asesinado por incumplir en el pago de una parte del soborno a algunos de sus socios.

Esta semana, en la audiencia contra el capturado exfiscal Daniel Díaz (quien quedó libre a pesar de los señalamientos en su contra), la Fiscalía dijo que Zapa era la persona que recogía la plata proveniente de las regalías que iba a parar en los bolsillos de Lyons y Musa Besaile. La plata perdida de las regalías llega a los 89.000 millones de pesos. 

Otro de los capítulos del saqueo es el famoso ‘cartel de la hemofilia’. Por ese entramado ilegal que cobró millonarias sumas al Estado por la atención de pacientes que no existían fue capturado el secretario de Salud Jaime Pareja. Allí, el robo habría llegado a los 50.000 millones de pesos.

Lo que dice el expediente es que la investigación por ese desfalco quedó, gracias a las maniobras del exfiscal Moreno, en manos del fiscal Díaz, quien habría recibido 300 millones de pesos para engavetarla. Esa plata fue entregada por el exsecretario Pareja y por Leonardo Pinilla. Este abogado, preso por el escándalo del exjefe Anticorrupción, era en ese momento el defensor del actual gobernador de Córdoba.

Además de la plata, el fiscal habría logrado que su novia fuera nombrada en un puesto con salario de más de cinco millones de pesos en Fonade, el instituto del orden nacional que fue hasta hace pocos meses el fortín político y burocrático de los ‘Ñoños’. El nombramiento, dice la Fiscalía, lo ‘patinó’ el senador Bernardo Miguel Elías.

Más muertes

Pero Jairo Zapa no es el único muerto mencionado en este proceso. Su crimen no enreda al menos por ahora a Lyons, pero la Fiscalía ya advirtió que en todo caso no sería cobijado por ningún beneficio judicial.

Los fiscales ordenaron la exhumación del cuerpo de la ingeniera Erika Margarita Laza Bula, quien supuestamente se suicidó el 24 de febrero del 2014 y quien trabajaba en los proyectos financiados con plata de las regalías de Córdoba.

Los peritos también exhumaron el cuerpo del abogado Jaime Agámez Pineda, enredado en un escándalo de manejo de plata de la educación en la administración de Lyons. Fuentes cercanas al proceso dijeron que se confirmó en este caso que la muerte se produjo por infarto. Agámez señaló antes de morir que Lyons entraba a la cárcel de Corozal a visitar a Jesús Henao, uno de los contratistas de regalías capturados por el escándalo.

El 12 junio del 2014 fue encontrado en la vía Montería-Planeta Rica el cuerpo del exsecretario de Educación encargado del departamento José Miguel Chica, quien estaba citado para el día siguiente a la Fiscalía en la investigación por el ‘cartel de la educación’. Medicina Legal dictaminó que el exfuncionario murió por asfixia mecánica. Aún no hay capturas por este homicidio. Él, como supervisor de contratos en la Secretaría, aparecía firmando resoluciones usadas para ajustar pensiones a trabajadores del magisterio. Esas firmas resultaron falsas.

La Fiscalía priorizó 24 investigaciones por hechos registrados en el departamento en los últimos siete años. Y ya se trabaja en una segunda fase en la que aparecen nuevos contratos irregulares, como el pago de tratamientos, medicamentos y terapias para niños con síndrome de Down, que también serían pacientes fantasma.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

Sigue bajando para encontrar más contenido

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA