Banderazo a proyecto de reforma de la justicia en el país

Banderazo a proyecto de reforma de la justicia en el país

Modificar facultades electorales de altas cortes es una de las claves de la propuesta del Gobierno.

Leonidas Bustos

Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, es uno de los magistrados cuestionados..

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César Melgarejo / EL TIEMPO

09 de octubre 2017 , 09:16 p.m.

El Gobierno presentó los cuatro ejes sobre los cuales girará su propuesta para reformar la justicia. Estos pilares podrán ser debatidos por los ciudadanos, que tienen la posibilidad de enviar sus propuestas y comentarios por medio de la página web del Ministerio de Justicia.

El primer punto de la reforma apunta a la conformación de un nuevo órgano que juzgue e investigue a los magistrados de las altas cortes. Este modelo conservaría el antejuicio político, pero busca fortalecer la etapa de investigación para que sea más “rigurosa y garantista”, ante la poca celeridad e ineficacia con las que ha funcionado la Comisión de Acusación.

Ese nuevo organismo cumpliría las funciones que en algún momento se le habían dado al Tribunal de Aforados que se creó en la anterior reforma de la justicia o del equilibrio de poderes, pero que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

El segundo pilar de la propuesta del Gobierno es modificar las facultades electorales de las altas cortes con el fin de evitar la politización de la justicia y que los magistrados terminen desviando sus funciones o retardando elecciones claves.

Así, las facultades para elegir al Fiscal General, el Procurador General, el Contralor General y el Registrador Nacional quedarían únicamente en cabeza de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, sin la participación de todos los magistrados de esos altos tribunales, como viene funcionando.

En la propuesta se añade un cuarto elector: el Defensor del Pueblo.

El tercer punto de la reforma busca bajar la congestión en los despachos judiciales para hacer más efectiva la administración de justicia. Esta propuesta le apunta a crear una oficina en la Rama Judicial que haga seguimiento sobre la gestión de los despachos, así como a elaborar un plan de descongestión con un plazo de cinco años.

El plan del Gobierno también pretende mejorar la transparencia en la justicia, ante los recientes escándalos de corrupción que salpican desde fiscales a expresidentes de las altas cortes como Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte. Por ello, el proyecto busca hacer más exigentes los requisitos para acceder a estos puestos, exigiendo no solo amplios conocimientos académicos e intelectuales, sino también una hoja de vida “libre de toda tacha o cuestionamiento”.

Así, se propone modificar la elección de magistrados de las altas cortes para incluir normas de transparencia y plazos razonables para llenar las vacantes. En cuanto a los jueces, deben ser nombrados de una lista de elegibles conformada por medio de un concurso de méritos.

Finalmente, el proyecto propone mejorar la calidad de la formación de los funcionarios públicos, especialmente los judiciales, fortaleciendo el desarrollo ético y humanístico y la cultura de legalidad.

JUSTICIA

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