‘En el Meta se gestó una empresa criminal’

‘En el Meta se gestó una empresa criminal’

Fiscalía dice que en mandato de Alan Jara se defraudó el erario con fallido proyecto de refinería.

Ricardo Rodríguez Henao y Luz Stella Casafranco Vanegas, a la salida de la audiencia.

Ricardo Rodríguez Henao y Luz Stella Casafranco Vanegas, a la salida de la audiencia.

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César Melgarejo / EL TIEMPO

18 de mayo 2017 , 10:35 p.m.

Ante la jueza 56 de garantías de Bogotá se legalizó este jueves la captura de tres exfuncionarios de la Gobernación de Alan Jara Ursola en el Meta, a quienes la Fiscalía señala como responsables del desvío de 18.265 millones en el proyecto bandera de esa administración: la construcción de una refinería de petróleo.

“Se gestó una empresa criminal para apropiarse de dineros del Estado. Los aquí presentes pudieron evitar, cumpliendo con su deber, la desaparición de estos recursos”, dijo la fiscal en la audiencia, que se adelantó a puerta cerrada para no delatar los nombres de otras personas que serán capturadas.

La jueza señaló que las detenciones se efectuaron en el marco de lo legal. Se trata de Luz Stella Casafranco Vanegas, que en la gobernación de Jara fue jefa de la Oficina de Asuntos Contractuales y ahora era su asesora jurídica en la Unidad de Víctimas.

También están señalados ante la justicia Hernando Martínez Aguilera, exsecretario de Planeación; y Ricardo Rodríguez Henao, exgerente de la firma Llanopetrol, operadora del proyecto de la refinería.

Este jueves se informó que en Villavicencio se entregó a la Fiscalía el secretario de Hacienda de la misma gobernación, Jairo Iván Frías Carreño, también hombre de confianza de Jara.

Se gestó una empresa criminal para apropiarse de dineros del Estado

Los tres primeros capturados deben responder por peculado por apropiación en favor de terceros, celebración indebida de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. La audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento seguirá este viernes en Bogotá.

La investigación arrancó tras un informe de la Contraloría, de octubre del 2016 que advertía que el proyecto de la refinería “se elaboró de manera incompleta y deficiente, sin planeación y en contravención del marco normativo que regula estos procesos”.

El organismo de control encontró que entre mayo del 2012 y julio del 2014 el costo del proyecto pasó de $ 5.257 millones a $ 72.596 millones, lo que corresponde a 13,8 veces el presupuesto inicial.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, enmarcada en el Plan Bolsillos de Cristal, un año después de que Jara se posesionara en su tercer mandato –fue gobernador encargado y, después, electo en el periodo 1997-1999–, revivió su proyecto de la refinería en el Llano y por lo tanto impulsó la realización de un acuerdo interadministrativo que hoy está bajo investigación.

De hecho, la Fiscalía compulsó copias contra él a la unidad delegada ante la Corte Suprema.

El 2 de mayo del 2013, la administración ordenó la realización del estudio y diseño, “a nivel de prefactibilidad”. El contrato tuvo un valor de 4.000 millones de pesos. Lo firmaron el representante legal de Llanopetrol (Rodríguez Henao) y por la Gobernación, Luz Estela Casafranco y el entonces secretario de Hacienda, Jairo Iván Frías.

El trabajo se inició el 7 de mayo y el compromiso fue dar a conocer los primeros resultados del estudio el 7 de diciembre de ese año. Sin embargo, dice la Fiscalía, dos meses antes de cumplirse el plazo límite acordado, Rodríguez dijo que no tenía ni los diseños ni los estudios, y que para tenerlos listos se necesitaba más tiempo y más dinero.

El 18 de octubre del 2013 se suscribió un acta de adición presupuestal al convenio por 1.000 millones de pesos y una prórroga de seis meses. Este segundo plazo también se agotó y la Gobernación autoriza una nueva prórroga, de 5 meses, y la adición de otros 600 millones de pesos. Luego del tercer plazo, en junio de 2014, la empresa Llanopetrol volvió a incumplir.

Para la Fiscalía, desde el mismo momento en que se firmó el contrato empezaron las irregularidades, porque en el documento hubo una cláusula, la tercera, en la que se estableció que, “una vez legalizado” el convenio, el departamento del Meta giraría “el 100 por ciento del valor acordado”.

A pesar de los incumplimientos, la administración de Jara Ursola hizo las adiciones presupuestales que la Contraloría considera injustificadas.

JUSTICIA

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