Fiscalía pide investigar a Congresista por millonario contrato

Fiscalía pide investigar a Congresista por millonario contrato

Gustavo Hernán Estupiñán era alcalde de Ipiales (Nariño) en el momento de las irregularidades.

Fiscalía

La Fiscalía envió el expediente en el que aparece el Congresista a la Corte Suprema.

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Abel Cárdenas.

14 de junio 2017 , 08:54 a.m.

La Fiscalía envió copias compulsadas a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al representante a la Cámara, Gustavo Hernán Estupiñán Calvache, por presuntos hechos de corrupción.

El ente acusador señaló que Estupiñán Calvache venía siendo investigado por presuntas irregularidades en contratos cuando se desempeñó como alcalde de Ipiales (Nariño), pero al asumir como Congresista la competencia pasó a la Corte Suprema.

Por las irregularidades este miércoles, la Fiscalía le imputará cargos a Javier Eduardo López Castro, exgerente del Fondo Rotatorio de Valorización de Ipiales, y a Javier Fernando de la Carrera Bravo, exsecretario de Planeación de Ipiales. Los dos funcionarios estuvieron en los cargos durante la administración de Estupiñán Calvache.

Según la investigación, en diciembre de 2010 la alcaldía de Ipiales, liderada por el hoy congresista, adjudicó la construcción del Centro Comercial Popular de Ipiales (Nariño), donde serían reubicados los vendedores informales del municipio, al consorcio CPP Ipiales por $ 2.392'748.935.

“Tres meses después, habría girado un anticipo al contratista del 50 % del valor del acuerdo, sin que existiera una interventoría, requisito que exige la ley. En abril de 2011 fue firmado el convenio de interventoría del contrato, y la administración municipal entregó un segundo anticipo al consorcio constructor. Según las evidencias de la Fiscalía, los dineros de los dos adelantos nunca fueron destinados al diseño o ejecución de la obra y al parecer pasaron a uso personal del contratista. La interventoría en su momento alertó que los anticipos fueron soportados con facturas y hechos ajenos a la realidad”, advirtió la Fiscalía.

Finalmente, la Fiscalía evidenció que vencidos los plazos de ejecución de la obra, los exfuncionarios que serán imputados y el contratista suscribieron un acta para levantar el Centro de Comercio Popular sin que existiera licencia de construcción. Además, el lote del proyecto estaba invadido por comerciantes informales que se negaban a desalojar el lugar.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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