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Investigación

Insistirán en cárcel para dueños de Supercundi por nexos con Farc

Alirio Mora (centro) estaba preso desde hace 38 días.<QA0>
Ayer quedó libre.

Alirio Mora (centro) estaba preso desde hace 38 días. Ayer quedó libre.

Foto:Cortesía: Gustavo Torrijos / El Espectador

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Juez que los dejó libres no los considera un peligro; para la defensa, los testigos mienten.

Tras 38 días en prisión, Uriel y Norberto Mora Urrea, accionistas de la cadena de supermercados Supercundi y supuestos aliados de las Farc, recuperaron este martes la libertad, al igual que a su hermano Alirio.
El juez 20 de control de garantías les revocó este martes la medida de aseguramiento, argumentando haber hallado inconsistencias en la evidencia contra ellos y que la urgencia de tenerlos tras la rejas perdió fuerza por tratarse de conductas que supuestamente fueron cometidas en 2007.
“Estamos en una investigación que data de 11 años atrás; no se entiende cuál es la urgencia de la medida (...) Si se les procesa por lavado y enriquecimiento ilícito y sus bienes ya fueron incautados, la actividad delictiva no se puede seguir presentando”, aseguró el juez.

Tenemos cómo demostrar que realmente el señor Norberto Mora le ha vendido siempre insumos al batallón del Sumapaz

Con esa misma hipótesis ya había sido dejada en libertad, hace seis días, Edna Janeth Mora Urrea.
Pero la defensa del clan dice tener además cómo probar que mienten los tres exguerrilleros en los que la Fiscalía basa los señalamientos contra sus clientes.
De hecho, en la audiencia señalaron que uno de ellos, identificado como Etifer Quiroga, ubicó a Norberto Mora en una reunión en La Angostura (Meta), en 2014, con alias Jhon 26 y el loco Iván.
Sin embargo, hay registros de que Jhon 26 murió un año antes en un bombardeo del Ejército. Además, que el ‘loco Iván’ estaba en El Caguán y no en La Angostura.
Wilson Rivas, el otro testigo, aseguró que alias Romaña le ordenó hostigar al batallón de Sumapaz en 1999. Y le pidió que buscara el apoyo de Norberto Mora. Pero la defensa del clan dice que ese batallón nació apenas en 2001.
“También dicen que mi cliente era proveedor de Romaña. Pero tenemos cómo demostrar que realmente el señor Norberto Mora le ha vendido siempre insumos al batallón del Sumapaz”, explicó el penalista Daniel Peñarredonda.
Los abogados del clan aseguran además que también miente Luis Alberto Grajales, el tercer testigo.
A la Fiscalía le dijo constarle que Alirio Mora se había autosecuestrado, en 1999, para irse a entrenar con las Farc. Pero en la entrevista que rindió tras su desmovilización ante el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, Grajales admitió haber ingresado a las Farc tan solo en el 2000. Para esa fecha, Alirio Mora ya había sido liberado, tras pagar dos veces el rescate y haber sido herido en un intento de escape.

Fiscalía insistirá

Pero la Fiscalía insiste en la solidez de la evidencia. De hecho, apeló de inmediato la revocatoria de las medidas de aseguramiento. Y anunció que insistirá en que los Mora Urrea sean condenados por lavado y enriquecimiento ilícito.
“Si bien el delito se inició en 2007, se trata de una actividad continuada que llegó hasta el 2015. No se trata de una denuncia vieja”, explicó uno de los investigadores.
Por eso, el clan sigue vinculado a la investigación y continúa en firme el proceso de extinción de dominio sobre sus propiedades.
“Para nosotros, existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, dentro de un proceso que permitió la solicitud de unas órdenes de captura que en efecto fueron otorgadas”, explicó Luz Ángela Bahamón, directora de la Unidad de Lavado de Activos.
Y añadió que hay sólidos elementos para continuar con el proceso y adelantar el juicio correspondiente.
Por su parte, la Procuraduría también había pedido la libertad de los miembros del clan Mora al considerar que la evidencia exhibida hasta el momento no es concluyente.
Por ahora, Wilson Rivas, uno de los exguerrilleros que ha testificado contra el clan, está bajo protección de la Fiscalía, tras denunciar que recibió amenazas de muerte e, incluso, ofertas económicas para retractarse.
UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA 
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