Este año, 538.000 niños no han empezado a recibir raciones del PAE

Este año, 538.000 niños no han empezado a recibir raciones del PAE

Procuraduría anunció, además, apertura de pliegos de cargos contra funcionarios de 4 departamentos.

El PAE llega a Huila

Más del 10 % de los niños beneficiarios del PAE no cuentan con el servicio. 

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Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

21 de abril 2018 , 07:46 a.m.

Dos años después de que la administración departamental de Sucre suscribió un contrato por 14.548 millones de pesos para la prestación de servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Procuraduría abrió un pliego de cargos contra Édgar Enrique Martínez Romero y Álvaro Manuel Hoyos, gobernador y exsecretario de Educación de ese departamento, respectivamente.

Martínez, “en su condición de gobernador de Sucre, participó en la actividad contractual, al parecer conculcando el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal, al justificar y celebrar el convenio de asociación de interés público 001 del 2016, con la Unión Temporal Construyendo Bienestar Sucre 2016”, se lee en el pliego de cargos.

La irregularidad se habría configurado entonces en la suscripción del convenio de asociación que no corresponde con las modalidades de contrato establecidas para el PAE.


Además, el procurador Fernando Carrillo anunció este viernes la apertura de pliego de cargos contra exfuncionarios públicos de otros tres departamentos.

Entre los llamados a responder disciplinariamente se encuentra el exgobernador del Amazonas Carlos Arturo Rodríguez Celis, quien según la Procuraduría, durante el primer semestre de 2013 dejó de suscribir injustificadamente los contratos y convenios necesarios para la ejecución del PAE, por lo que no les fueron suministrados alimentos a 805 niños durante seis meses. También redujo el cupo de la población beneficiada para los periodos escolares posteriores, incumpliendo los parámetros según los cuales los cupos se deben mantener o incrementar, pero nunca reducirse, una falta calificada de gravísima.

En el caso de Putumayo, la decisión cobija a tres exfuncionarios: Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de Educación departamental; José Luis Moreno Lozano, jefe de la oficina de Contratación, y Óscar Darío Mayama Quetama, secretario de Servicios Administrativo y gobernador encargado para enero del 2017.

La Procuraduría indaga bajo qué condiciones se adjudicó un contrato por 9.933 millones de pesos a comienzos del año pasado con la unión temporal El Putumayo Somos Todos. Según la denuncia que llegó al órgano de control, el contrato se entregó a dedo y, aún más grave, sin que la entidad cumpliera con las condiciones para garantizar la prestación del servicio con calidad.

Según las condiciones definidas para la entrega del contrato, se debían realizar exámenes microbiológicos a los alimentos que se entregarían a los niños, exámenes que nunca se hicieron. Tampoco se implementó el sistema de registro y control de las raciones suministradas.

Estas decisiones se suman a los cargos disciplinarios contra el cuestionado exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, quien también, como en el caso de Sucre, habría comprometido cerca de 3.100 millones de pesos para la alimentación escolar bajo la modalidad de convenio de asociación con la Fundación Somos Manos Unidas, yendo en contravía de la norma según la cual ese tipo de contrato no se puede usar cuando se trata del suministro de productos.

En etapa preliminar hay otras 15 investigaciones contra administraciones municipales en Atlántico, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Cauca y Tolima.
Niños sin PAE


Hoy, 538.000 niños –más del 10 % de los beneficiarios del programa– están sin el servicio de alimentación escolar.

De acuerdo con la Procuraduría, las cifras del Ministerio de Educación dan cuenta de que al 9 de abril aún no se iniciaba la operación del programa en Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal. Y en Casanare y Neiva (Huila), el programa operó con recursos del año pasado hasta marzo, pero ahora debe adelantar un nuevo contrato.

Por esta razón, Carrillo afirmó que se interpondrán tutelas para que a través de fallos judiciales se garantice la prestación del servicio.

JUSTICIA

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